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Amnistía Internacional denunció aumento de allanamientos ilegales y represión en hogares

Prensa OVV

Amnistía Internacional publicó el informe Noches del terror. Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, en el cual revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas intimidándolas y disuadiéndolas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

En el documento, la organización indica que su equipo de investigación tuvo conocimiento de al menos 47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad del estado y grupos civiles armados, ocurridos entre abril y julio de 2017 –los meses de protestas ciudadanas en contra del gobierno- y en 11 estados del país.

El equipo de AI entrevistó a más de 60 personas víctimas de allanamientos y ataques en sus domicilios, y concluyó que existe evidencia de que “inmediatamente después de las manifestaciones los cuerpos de seguridad del estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales, para continuar reprimiendo a la población, ahora dentro de las comunidades mediante allanamientos ilegales.” En otros casos, destaca, “los allanamientos ocurrían muchas horas después de haber acabado todo tipo de manifestación en las calles, o incluso días después de las mismas”.

Asimismo, señala que en diversas localidades “fueron reportados grupos de civiles armados, con la aquiescencia del estado, atacando a las mismas zonas allanadas. No está de más subrayar que las citadas prácticas de allanamientos fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad del estado haciendo uso desproporcionado de la fuerza”.

La fuerza contra las residencias

Amnistía Internacional documentó distintos operativos llevados a cabo por varios organismos de seguridad y en distintas ciudades del país sin órdenes judiciales, como el del 26 de abril en la urbanización Sucre de Barquisimeto, estado Lara; el del 22 de mayo en las urbanizaciones OPS y Sierra Alta de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda; el del 13 de junio en la urbanización Los Verdes de El Paraíso, municipio Libertador de Caracas; el del 4 de julio en la urbanización Montaña Alta de Carrizal, estado Miranda; el del 20 de julio en la urbanización La Isabelica, Valencia, estado Carabobo; y el del 26 de julio en las urbanización Montalbán y la Candelaria del Municipio Libertador del Distrito Capital (Caracas).

Señala que “de acuerdo a distintos relatos, todos ellos concordantes, estos operativos podían durar varias horas y prolongarse durante toda la noche, mientras numerosos funcionarios asediaban al tiempo la zona, sin limitar el uso de la violencia y sin justificar sus acciones en alguna orden judicial. En algunos casos, mientras esto ocurría, grupos de civiles armados adeptos al gobierno se trasladaban en motos y acechaban a las comunidades y a los vecinos, con consignas pro gobierno y con amenazas hacia las personas que volvieran a manifestarse. En ciertas ocasiones, vecinos denunciaron la coordinación entre las actuaciones de los funcionarios del estado y de los grupos de civiles armados”.

Los funcionarios que actuaron en los allanamientos ilegales y ataques fueron de la policía estadal, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Amnistía recomienda al estado venezolano que “cese inmediatamente en todos los estados de Venezuela los allanamientos por parte de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y militar sin órdenes escritas de las autoridades competentes y desconociendo los requisitos legales”.

Entre otras recomendaciones que recoge la publicación, AI solicita al estado venezolano que asegure que las funciones de orden público y seguridad ciudadana serán llevadas a cabo exclusivamente por cuerpos de seguridad de naturaleza civil; detenga de forma urgente la práctica de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del estado; e investigue y sancione de manera efectiva e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados, en especial los ataques que se han registrado en contra de viviendas y de zonas residenciales.