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Crímenes sin Castigo: Resistencia a la autoridad

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Por Javier Mayorca
@javiermayorca

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.

Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.

Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos … todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.

Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.

¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.

Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.

De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.

Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.

Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.

No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves
* La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

* La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

* Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.