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Cuatro niños quedan huérfanos cada día en Caracas víctimas de la violencia #MonitorDeVíctimas

Efecto Cocuyo

 Autor: EFECTO COCUYO | @EFECTOCOCUYO
Texto: Lisseth Boon

Gilber Sosa Arellano no verá crecer a su hija. No la llevará a pasear en la moto con la que se ganaba la vida, ni cantará en ninguno de sus cumpleaños. Al joven de 20 años lo asesinaron unos policías vestidos de civil en Brisas de Propatria, kilómetro 1 de El Junquito, el 6 de junio de 2017, cuando la bebé tenía apenas 4 meses.

El hombre salía en motocicleta a trabajar cuando lo interceptaron unos policías sin uniforme que lo buscaban por supuestamente haber matado a un conductor de jeep, un cargo por el cual nunca presentaron pruebas. Los agentes amedrentaban constantemente a su familia. Su mamá, de 18 años y sin empleo fijo, ahora tiene que hacerse cargo de la pequeña, a duras penas.

La hija mayor de Maikel Jordan Padilla Puerta sigue llorando por su papá, asesinado el 1 de julio de 2017 por agentes de Policía Nacional Bolivariana en Roca Tarpeya, Caracas, donde vivía alquilado con su segunda pareja. La niña de 6 años, con la tristeza intacta, siempre había sido muy pegada a su padre, aunque seis meses antes se había separado de su mamá y ya no vivía en la misma casa con ella y su hermanito, de 4 años.

Cuando su mamá, que es peluquera, salió embarazada, Maikel abandonó sus estudios universitarios penitenciarios para trabajar como mototaxista y atender a su hija. Nunca dejó de hacerlo hasta el momento de su muerte, que lo sorprendió con ropa de dormir a media mañana de aquel sábado por dos tiros en el pecho que dispararon los policías que entraron sin orden de arresto a su casa, de una sola puerta y sin ventanas.

“Cuando a uno le matan a un hijo, lo único que podemos hacer es vivir con el dolor. Si pido justicia, lo que puedo lograr es que me maten a los otros que me quedan”, dice la abuela de la hija de Maikel.

Son apenas dos casos de los 520 niños y adolescentes que han perdido a sus padres por causa de la violencia vinculada al delito entre mayo y septiembre de 2017 en el área Metropolitana de Caracas, registrado por el Monitor de Víctimas.

Del total de 755 personas que murieron violentamente durante cinco meses en Caracas, 280 padres (37% del total) dejaron huérfanos menores de 18 años. Lo que se traduce en que cada día la violencia dejó 4 niños y adolescentes sin padres durante 5 meses en Caracas.

El número de casos de padres asesinados guardan proporción con los municipios más violentos de Caracas. El 68% de los homicidios a personas que dejaron huérfanos, ocurrió en el municipio Libertador entre mayo y septiembre de 2017. Le siguen Sucre (25%); Baruta (5%); Chacao (1%) y El Hatillo (0,7%).

En investigaciones sobre violencia se suele registrar quién murió pero no quiénes dependían de ellos y quedaron desasistidos. Los hijos son víctimas indirectas a las que esa pérdida afectará en su manutención, estabilidad emocional, escolaridad, y “en definitiva en toda la vida”, resalta el educador y terapeuta, Oscar Misle.

Esta investigación de Monitor de Víctimas pretende visibilizar con datos precisos y nombres a esas víctimas invisibles de los homicidios que ocurren en Caracas. En su mayoría niños y adolescentes que no reciben ninguna asistencia del Estado, para quiénes no existen políticas públicas destinadas a darle protección.

El aumento del número de homicidios en Venezuela está directamente ligado al crecimiento del número de huérfanos de la violencia, si se tiene en cuenta la edad promedio de esos hombres, analiza Misle. El también director de Cecodap recuerda que en 2016, según el Ministerio Público, se registraron 21 mil homicidios, de los cuales 55,48% tenían entre 15 y 30 años, es decir, dentro del rango de ser padres.

La mayor proporción de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 eran jóvenes: dentro de franja entre los 19 y 30 años (57,8% de las muertes). Mientras, 8 menores de edad de un total de 280 tenían hijos menores de 18 años.

El incremento de la cantidad de número de niños y adolescentes que pierden a sus padres por la violencia debe ser atendido como un problema de salud pública, sostiene Misle. “Reviste un impacto no solo individual, sino también comunitario y nacional que puede inscribirse dentro de un espiral de violencia”.

“Se tiende a pensar en los huérfanos por la violencia como casos individuales cuando en realidad representan un impacto colectivo. El proceso de duelo por asesinato puede ser complejo y tarda en elaborarse”, observa el psicólogo e investigador Manuel Llorens. “Es necesario pensar en personas afectadas y su entornos. Hay que ayudar no solo al individuo con terapia sino ofrecer contención a toda una comunidad y sociedad”, enfatiza.

La muerte de un padre que es el principal y/o único proveedor trastoca aún más la vida de una familia. Es el caso de Darwin José Valera, asesinado la madrugada del primero de septiembre de 2017, cuando cumplía su turno como vigilante de una construcción en el este de Caracas. El dolor de su esposa Joselyn y sus cuatro hijos menores de edad es tan grande que ninguno quiere estar más en la pequeña casa prestada de un solo ambiente donde vivían en el barrio Unión de Petare.

Valera era muy pegado con sus 4 hijos de 19, 12, 7 y 4 años y se rebuscaba “como sea” para conseguirles comida, lo que se había convertido en el principal problema del último año en el que acostarse a dormir sin haber comido comenzaba a ser una angustia frecuente. Hasta vendió algunas de sus herramientas de albañil para comprar alimentos. Como cristiano, procuraba ser el mejor ejemplo para sus hijos.

Las niñas de 7 y 12 años lloran cuando hablan de su papá, están distraidas en clases. El más pequeño, de 4 años (que tiene que ser operado de una hernia), también lo extraña. El mayor de 19, que sufre de pérdida de masa muscular, se fue a vivir con su familia en Trujillo para aligerar las cargas de la familia.

Ahora no solo Joselyn y sus 4 hijos tienen que bregar con el dolor de la pérdida de Valera, sino también buscar cómo mantenerse. Hasta ahora, solo reciben una parte de la insuficiente pensión de su mamá como ayuda.

Pero también deben soportar la impunidad. La primera versión sobre su muerte, supuestamente causada por el impacto cuando iba con un compañero de trabajo en moto quedó descartada con el acta de defunción, que certifica que murió por “shock hipovelico (hemorrágico) causado por herida por arma blanca al tórax”. Se presume que fue por “ajuste de cuentas” contra su compañero de trabajo, quien estuvo en una cárcel y tiene antecedentes penales.

Tanto Llorens como Misle coinciden en que los duelos por la violencia son los más difíciles de procesar. Observan que no será lo mismo la muerte natural o enfermedad, incluso la causada por un accidente de tránsito, que también es súbita, que la producida por un asesinato -por una tercera persona- lo que produce una mezcla de dolor, rabia, impotencia y resentimiento.

Llorens considera que el proceso de duelo de esos huérfanos dependerá de la edad: no es lo mismo un bebé (que puede ser amortiguado por la disposición de los cuidadores) que un niño de 5 o 10 años. “En todo caso, se trata de una pérdida traumática que genera consecuencias difíciles en sus vidas. Hay que tener en cuenta el nivel de afectación de círculo familiar – madre, abuelas, tías- que quedan a cargo de esos niños. Puede que no haya adultos disponibles para ayudar a tramitar su dolor. Muchas familias, que son a su vez víctimas, no pueden prestar ayuda”.

La muerte del proveedor del hogar implicará un impacto socioeconómico enorme que afecta desde la nutrición hasta la escolaridad, dice Llorens. “El chamo queda desamparado por la muerte súbita producto de la violencia que le arrebata a su principal sustento, lo cual se complica aún más en un contexto de gravedad económica como el venezolano”, agrega Misle.

Cuando muere el padre o la madre, la custodia es asumida por un familiar o entidad, que no está preparada para atender este tipo de población, observa Misle. “Muchos se ven obligados a dejar la escuela para conseguir recursos y adopta estrategias de sobrevivencia, desde el bachaqueo hasta el microtráfico de drogas y prostitución”.

El mayor número de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 en Caracas eran proveedores del hogar: comerciantes (33 de 280), seguido por obreros (32); mototaxista (20); desempleado (18) y otro (18); albañil (12) y comerciante informal (11).

La mayor proporción de las personas asesinadas que dejaron huérfanos eran bachilleres (43,9%). 40% habían terminado la primera mientras que 6,7% tenían estudios universitarios; 1,8% ningún nivel académico y apenas 0,7% alcanzaron cuarto nivel educativo.

Muchos de los niños huérfanos tienen que vivir otro duelo: mudarse a la vivienda de algún familiar que asume su cuidado, perdiendo ya no solo su casa, sus amigos, su entorno conocido. Incluso la escuela que le quedaba cerca de su casa. “En el mejor de los casos, se mudan con parientes. En el peor, a la calle”, dice Misle. “El aumento de muertes de proveedores del hogar también podría tener relación con el incremento de los niños en situación de calle.”

También existe mucha migración de familias que huyen de criminales a otras zonas o ciudades buscando “un sitio más seguro”, lo cual implica una dramática seguidilla de pérdidas para el niño, observa Llorens.

Ninguna clase social está exenta del peligro de perder la vida en Venezuela. “Cada vez se observan más casos de huérfanos en colegios privados cuyos padres han sido víctimas en robos o secuestros. Sin embargo, en los sectores populares resulta más rudo”, apunta Misle.