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El exacerbado machismo y la inaplicabilidad de las leyes pone en riesgo derechos de las tachirenses

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BY DANIELA C DAMIANO H
Agencia AIVEN

Decir que en un solo estado muere una mujer a manos de su pareja por mes es bastante grave y nos está indicando que la violencia de género está teniendo una escalada que necesita ser controlada lo antes posible

La violencia contra la mujer aún es tan álgida en Venezuela que la ubica entre los penosos primeros lugares de la región como uno de los países más peligrosos para las féminas. Amnistía Internacional ha denunciado esta situación y en su más reciente informe recalcó que de los casos denunciados el 96% nunca acabó en condena.

Todo apunta a que la masificación de la violencia contra las venezolanas gira en torno a un clima de impunidad y corrupción que invita al agresor a continuar agrediendo sin temor a recibir ningún tipo de sanción. Según la abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela, Judith Pacheco, el repunte de este tipo de conductas es promovida por la falta de políticas públicas concretas que acaben verdaderamente con este tipo de flagelo, a pesar de la inclusión, hace más de un año, del “femicidio” como delito tipificado en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el país, específicamente en el Estado Táchira, continúan ocurriendo crímenes tan horrendos que revelan el ensañamiento de los victimarios. En algunos casos, los cuerpos de las mujeres han sido encontrados desmembrados y escondidos en lugares tan inimaginables como una nevera. Lo peor es la espera interminable de la familia porque se haga justicia.

Pacheco, quien es oriunda de este estado, afirmó que todavía la conducta machista es la que más prevalece: “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”, explicó en un reconocido portal venezolano.

Jessy Aleta, investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), coincide con esta afirmación indicando que el aumento sostenido de las cifras de mujeres víctimas de violencia de género se debe principalmente al estilo conservador en el que viven muchas de las familias tachirenses. “Aquí se ve que el prototipo de familia que predomina es la que el padre es el proveedor y por consiguiente autoridad máxima de la casa, mientras que las mujeres solo están dedicadas al cuidado del hogar, lo niños y a la obediencia de sus parejas”.

Durante el año pasado 14 denuncias de violencia contra la mujer fueron registrados por el OVV, la mayoría resultaron feminicidios. Sin embargo, se presume que muchísimas más mujeres fueron víctimas, pero no formalizaron sus acusaciones.

“Decir que en un solo estado muere una mujer a manos de su pareja por mes es bastante grave y nos está indicando que la violencia de género está teniendo una escalada que necesita ser controlada lo antes posible. El 8,2% de las mujeres sufre algún tipo de violencia interpersonal en Táchira”.

La especialista puntualizó que los casos de violencia contra la mujer y feminicidios se exacerban en los meses de noviembre y diciembre, se presume que este fenómeno esté relacionado con el tiempo libre y la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas.

Falta sensibilizar sobre derechos y atención a las víctimas

Aleta indicó que la mayoría de los funcionarios y funcionarias que reciben las denuncias y atienden a las víctimas de violencia de género en los distintos organismos públicos del estado Táchira no están suficientemente formados en la atención y apoyo que deben darle a la mujer. En muchos casos, los mismos funcionarios naturalizan el delito afirmándoles a las víctimas que los focos de violencia resultan ser normales en toda relación de pareja, “esto las desmoraliza y las lleva a desistir con su denuncia”.

Del mismo modo, aseguró que la cultura machista del estado afecta severamente a los hombres, ya que muchos se abstienen a hablar o denunciar formalmente si fueron víctimas de cualquier tipo de violencia por vergüenza a que lo comparen con el sexo femenino.

Aseguró que las tachirenses no están lo suficientemente educadas sobre el respeto de sus derechos y mucho menos se promueve la cultura a la denuncia en la región, “muchas perciben como deber natural servir y obedecer al hombre a pesar de que las maltraten, sobre todo las que aún viven en pueblos y zonas rurales del estado”.

Según algunos estudios de la organización, la investigadora reveló que el proyecto de vida de muchas de estas mujeres se reduce a conseguir un esposo que las mantenga económicamente y procrear hijos lo más pronto posible. “El Estado no ha creado campañas de empoderamiento femenino que las motive a ser independientes y desenvolverse en espacios públicos.”

Denunció que el 51% de las mujeres del estado no encuentran otra herramienta para sostenerse que la economía informal: “En el estado la oferta laboral es bastante reducida, si a esto le sumas que existe una evidente preferencia de hombres dentro de las nóminas empresariales vemos como las tachirenses no tienen otro camino que lanzarse a las calles- incluso con niñas y niños pequeños- para vender lo que sea”.

Las leyes para defender los derechos de las mujeres existen, pero persiste la inacción en aplicarlas a pesar de que el cuerpo parlamentario del Táchira está compuesto mayoritariamente por mujeres. “¿De qué sirve que haya mujeres en cargos públicos si no son reconocidas por sus pares masculinos?”, reflexionó la experta.

Exigió al Estado venezolano masificar las campañas y políticas públicas para que la población, tanto masculina como femenina, entienda la importancia de luchar por una sociedad donde la igualdad de género sea la premisa.

Recalcó que los derechos sexuales y reproductivos de las tachirenses están en riesgo como lo están en cualquier otro estado del país. “La tasa de embarazo adolescente es bastante alta y esto responde no a casos de violaciones, sino a los parámetros machistas que reducen las alternativas y moldean la concepción de proyecto de vida de las niñas del estado”. Esta idea, aunada a la escasez de métodos anticonceptivos reduce la capacidad de las adolescentes y mujeres a tener control sobre su reproducción.

Finalmente, Aleta concluyó que se deben hacer más esfuerzos para reforzar la cultura de paz y respeto entre los géneros, la visibilización y consideración de las opiniones e ideas que surjan de las mujeres para resolver sus propios problemas y la aplicación de programas sociales que les brinden autonomía en su vida a través de la capacitación u conocimiento de algún oficio.

Por Daniela Damiano @amnistia

Foto: Shutterstock/Andriano.Cz