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El homicidio: Más allá del derecho a la vida

Prensa OVV Mérida

El derecho a la vida es, sin lugar a duda, la premisa fundamental con base a la cual se sostiene la progresividad del desarrollo individual y social del ser humano. No para menos, investigadores a lo largo de la historia han sostenido que las acciones que atentan contra este derecho y la libertad del individuo, son consideradas como las acciones más violentas en contra de las personas.

En la actualidad, son cada vez menos los estados modernos que mantienen excepciones punitivas a este derecho, direccionándose más bien sus políticas públicas y anti delictivas a planes que impliquen la máxima garantía del mismo, así como de la libertad y la seguridad de la ciudadanía en general.

Pero, ¿qué sucede cuando el estado falla en el cumplimiento de esta garantía y el derecho a la vida, entre otros, es vulnerado de manera repetida en la sociedad por la acción voluntaria de otros sujetos? ¿Hay un efecto en la violación del derecho a la vida que va más allá de la muerte y del dolor de los familiares de ese individuo cuya máxima premisa y garantía jurídica fue violada?

En un estudio que se adelanta en el Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida (OVV Mérida) se pudo constatar que los efectos sociales en los familiares de las víctimas de homicidios van más allá de una afectación personal, llegando a vulnerar la percepción social de un estado de derecho legítimo y, en consecuencia, la institucionalidad formal e informal.

El contexto

Según el Informe 2016 sobre muertes violentas presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), coordinado por Roberto Briceño-León, Venezuela cerraría ese año con una espeluznante cifra de 28.479 muertes violentas, para una tasa de 91,8 por cada cien mil habitantes. Esta ubica a Venezuela como el segundo país con mayor incidencia para este fenómeno a nivel mundial. Sin embargo, el problema no es espontaneo y las muertes violentas vienen creciendo progresivamente desde hace más de dos décadas.

Según el Informe Provea sobre la Seguridad Ciudadana del año 2013, en 1991 la tasa de muertes violentas fue de 31 por cada cien mil habitantes. Una década después, en 2001 la misma tasa se ubicó en 53, en 2011 en 75 y en 2016 cerró en 91,8 según datos de Provea y el OVV. Los homicidios, uno de los indicadores en el que se mide la variable muertes violentas y, además, principal termómetro de la violencia y conflictividad social de un país o región, tiene una tendencia similar.


Según el profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes y coordinador del OVV Mérida, Freddy Crespo, el primer boom de los homicidios en Venezuela en los últimos 60 años, se experimentó a finales de la década de los ochenta. “Antes del lapso 1986 – 1992, la tendencia de los homicidios tuvo poco variación, si bien aumentaban y disminuían, estos incrementos o reducciones no fueron tan abruptos”.

Crespo, ejemplifica: “Entre 1960 y 1985 la media anual de homicidios fue de 1.076. Mientras que entre 1986 y 1992 esta misma media anual fue de 2.221”. Y es que al observar las cifras de homicidios desde 1960 hasta la actualidad hay varios datos interesantes. Por ejemplo, entre 1960 y 1975 los homicidios anuales no pasaban los mil. 1976 fue el primer año en el que se registraron más de mil de homicidios. En 1983 se superan los dos mil, en 1992 los tres mil y al año siguiente los cuatro mil. En 1999 no solo se superó la cifra de cinco mil homicidios, sino que casi se registran seis mil y al año siguiente la cifra ascendió a ocho mil y de allí progresivamente aumentó hasta en 2003 superar los diez mil homicidios. Cifras nada alentadoras.

El estado Mérida no escapa de esta escalada en el incremento de este delito. Sus tasas de homicidios fueron de las más bajas del país por décadas. “En Mérida no pasaban de diez homicidios por cada cien mil habitantes en el años noventa”, apuntó el profesor Freddy Crespo. No obstante la tendencia varió después del 2001, año en el que inició un incremento constante para este delito, experimentando una ligera reducción, más asociada con políticas de sub registro del delito que con una disminución real, entre 2008 y 2009 y luego una explosión del mismo hasta dejar un registro que sobre pasa los 45 homicidios por cien mil habitantes en la entidad.


A finales de 2016, los registros del OVV Mérida apuntaron de un incremento considerable en las muertes violentas entre noviembre y diciembre, pasaron de 16 a 38, respectivamente. Fue diciembre el mes más violento en la entidad andina en 2016.

A lo individual

Parecen solo números. Pero cada número es una vida que se pierde y en cada vida pérdida hay un sinfín de entramados y relaciones sociales que se ven afectadas por el hecho en sí de la pérdida de la vida misma. “Con el homicidio no solo se pierde la vida, se pierde el hombre, la humanidad, la sociabilidad y la credibilidad institucional cuando estas acciones se convierten en un flagelo numéricamente significativo en comparación con otras épocas y otras latitudes” apuntó el profesor Freddy Crespo.

Desde el OVV Mérida se emprendió la tarea de indagar sobre los efectos individuales y sociales en los familiares directos de las víctimas de homicidio en diciembre del 2016 en la entidad andina. Seleccionando a varias víctimas identificadas, tanto hombres como mujeres y según el acceso que los familiares dieran sobre el consentimiento para ser entrevistados sobre las percepciones individuales del hecho en sí (el homicidio) y sus perspectivas generales que como individuo se plantea desde el presente hacia un futuro sobre su papel como individuo y apreciaciones sociales e institucionales; se levantaron tres entrevistas a madres de cuatro víctimas de homicidio. Una de ellas, madre de dos jóvenes asesinados en menos de tres semanas en la entidad.

Los resultados preliminares apuntan a que más allá del dolor personal por la pérdida del familiar asesinado (el hijo(a) en todos los casos), hay un efecto social incuestionable. “Este efecto toma forma en dos vertientes importantes: primero, la reducción de la confianza en la instituciones de control social, principalmente en los organismos de seguridad y los encargados de impartir justicia; y de la mano con esto, segundo, la apatía social y un sentimiento de desesperanza generalizado, así como de miedo al delito e hipervigilancia sobre las relaciones sociales” reseño el profesor Freddy Crespo.

Para sorpresas de muchos, el sentimiento de venganza no estuvo presente en los casos entrevistados, más bien referían no querer pagar con la misma moneda a las madres de quienes asesinaron a sus hijos. Todo queda en manos de Dios, fue la frase común en los casos. Según Crespo, esto podría estar asociado a las características de género y edad de los casos entrevistados.

“Los efectos reseñados tienen un importante eco importante en las relaciones sociales individuales y en la manera como los individuos interactúan con las instituciones sociales. De ahí, que progresivamente se reduzca la institucionalidad y la legitimidad de estas como un mecanismo idóneo para orientar la conducta del individuo en sociedad y dirimir los conflictos que entre estos se presentan” adelantó Crespo sobre el análisis que el OVV Mérida lleva en esta investigación.

Al final, el homicidio afecta objetiva y físicamente a una persona, pero también vulnera y de manera bastante objetiva y físicamente las percepciones generales de quienes conocían o se interrelacionaban con la víctima y al mismo tiempo, a quienes conocen a estas personas y así el ciclo social crece, dejando como efecto una vulnerada imagen social de los organismos de seguridad y de un estado que más allá de los innumerables planes de seguridad y operativos que desarrolle, no parece competente para garantizar el derecho a la vida y la libertad social de sus ciudadanos.