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Funcionarios en Venezuela aplican tortura como método de investigación policial

Efecto Cocuyo

Autor: VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24

Ocho horas de terror vivió una pareja caraqueña el viernes 18 de agosto de este año en manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Francisco Barra, de 44 años de edad, fue sometido junto a su esposa a una serie de insultos y amenazas con el fin de coaccionarlos a firmar un documento comprometedor.

“Nos decían que yo había robado todas las cosas que encontraron en mi casa. Me acusaron de ser desvalijador de carros y mafioso. Me dijeron que me portara bien, que recibiera mis cosas y les firmara el inventario, porque sino me aliñaban el expediente para que quedara preso muchos años. A mi esposa le dijeron que le iban a quitar a los niños si no firmaba el papel”, indicó Francisco a Efecto Cocuyo. Él cree que no lo golpearon porque vieron que tenía puesta una bolsa de colostomía.

Ese día, los efectivos de la PNB ingresaron al urbanismo Misión Vivienda Corazón de la Patria en el barrio El 70 de El Valle y allanaron al menos seis apartamentos, sin orden judicial. Uno de esos fue el de Francisco, quien es licenciado en Administración, excontratista de Hidrocapital y comerciante.

De allí se llevaron varios repuestos de vehículos, con los que él hace negocios para mantener a su familia; equipos electrónicos, que van desde una aspiradora hasta cornetas; herramientas múltiples, artículos de aseo personal, dólares, alimentos e insumos médicos que él necesita para la colostomía que se hizo desde hace un año.

Francisco indicó que el allanamiento se hizo sin su presencia, por lo que los uniformados rompieron las puertas de su vivienda, montaron todas sus pertenencias en varias camionetas y cuando llegó su esposa, con el bebé de 16 meses en brazos, la arrestaron. Dos horas después él llegó hasta el módulo de la PNB en la calle 1 de El Valle donde estaba retenida su pareja.

“Pensaron que tenía algo ilegal, pero no. Por eso querían devolverme todas las cosas y hacerme firmar un papel donde decía que recibía conforme”, explicó Francisco.

Esas amenazas -“quédate quieto, porque no sabes quién soy yo”-, el ruego de su esposa -“¡por favor, Francisco firma lo que te piden!”- y la ruptura de la bolsa que causó el derrame de heces en el cuarto de “interrogatorio” consiguieron que Francisco estampara su rúbrica en un papel en el que se leía la lista de varios de los artículos sustraídos de su vivienda y con el que él aceptaba que le habían devuelto los mismos. Sin nombre de los funcionarios actuantes y con un sello de la PNB.

“Esto lo hacen con los pobres porque son débiles, pero yo sí los denuncié. Yo no he cometido ningún delito y sé que lo que ellos hicieron fue una tortura y un robo“, manifestó el hombre quien ahora presiona a la Fiscalía 125 de Derechos Fundamentales para que al menos los ocho efectivos que lo coaccionaron reciban su castigo.

Con 33 artículos, Venezuela se puso al día en 2013 con su obligación internacional (contraída al formar parte del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1987) de crear una legislación para proteger a los ciudadanos contra estas prácticas: Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En este instrumento se precisa que la tortura consiste en actos por los cuales se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento. Su pena es de 15 a 20 años de cárcel.

“En Venezuela siempre se ha practicado la tortura, pero nos enteramos y alarmamos cuando se tratan de presos políticos. Se ha vuelto parte de una cultura investigativa. Es decir, el funcionario usa estos métodos para obtener una información y así soportar su expediente”, explicó el abogado penalista, con más de 30 años de experiencia en el área, Joel García.

A él le ha tocado defender a presuntos delincuentes cuya única prueba contra ellos ha sido una confesión firmada. No hay más elementos criminalísticos ni entrevistas a terceros. En uno de esos casos se trataba de un homicidio, el cual fue reconocido por su cliente durante un interrogatorio con torturas y el juez tuvo que absolverlo.

Agregó que en el caso de los detenidos comunes, el bajo poder adquisitivo, el desconocimiento de los derechos y la normalización de la violencia juegan en contra de una denuncia. En la mencionada ley, no solo se condena la tortura, sino también los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los primeros corresponden a actos que buscan castigar a un privado de liberad y/o quebrantar su voluntad. “No tiene propósito, se maltrata por el placer de maltratar”, explicó García.

Los dos últimos (inhumanos y degradantes) son aquellos que buscan infringir temor, angustia y tensión. “Es todo aquello que te inhiba de tu condición humana y no solo debe ser maltrato físico, sino también psicológico”.

Sin control, supervisión ni castigo

La Rotunda fue el ícono de la tortura en el siglo XX. Ubicada en el centro de Caracas, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, los presos políticos fueron doblegados allí con trabajos forzados, grilletes en los tobillos, alimentos envenenados y vidrios en sus bebidas.

100 años después, en la capital de Venezuela y en otras regiones del país las prácticas crueles e inhumanas forman parte de la cultura policial y carcelaria. “El cambio está en la permisividad. Antes la tortura se ejecutaba con un cómo, cuándo y a quién especificados; se puede decir que respondía a un interés de Estado. Ahora es a discreción de la perversión del funcionario, con el favor de los jefes, para ser más malos que los detenidos”, indicó Marcos Tarre Briceño, criminólogo y profesor universitario.

Para Tarre Briceño, en Venezuela no se prohíbe la tortura dentro de los cuerpos policiales, no se persigue y más bien se premia. En su publicación Corrupción Policial y Discriminación en Política Ucab, analizó cómo el sistema de control de los entes de seguridad del estado se desmontó con el tiempo.

Expuso que existen los controles formales (Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Dirección de Asuntos Internos de las policías) y los informales (ONG, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y control ciudadano).

“La actitud del Gobierno de Venezuela en relación a medios que realicen denuncias, bien sean estos de prensa, radio o televisión, ha sido la amenaza de cierre, impedirle el acceso a la información y la descalificación. De este modo, otro elemento de control de la corrupción policial es restringido en perjuicio de los ciudadanos”, agregó.

Luis Pérez García vive con la impunidad a cuestas. El 28 de mayo de 2010 él fue torturado por media hora. Insultos, golpes y choques de electricidad fueron las prácticas que utilizaron los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para “castigarlo” por haber supuestamente acosado y hostigado a su expareja, según la denuncia que hizo ella.

Pasó un mes en la cárcel, obtuvo una libertad bajo fianza y dos años después se demostró su inocencia. Pero, pese a denunciar los tratos a los que fue sometido en Fiscalía, pese a insistir y lograr que el caso fuese revisado por un juez y luego apelar el sobreseimiento del mismo, siete años después sus torturadores siguen libres.

Consecuencias

En casa de Francisco Barra, las peleas se volvieron una constante. Se gritan. Su esposa le exige que no continúe la denuncia contra los funcionarios de la PNB. Teme que lo asesinen. Él se niega, porque siente odio y quiere castigo; piensa que si no lo hace, volverán a allanar su vivienda y el trato será peor. Ambos tienen pesadillas nocturnas.

“Las secuelas de una tortura pueden durar por más de dos décadas, porque se trata de un sufrimiento que te causaron en una situación de la que no podías escapar y por actores que se suponen deben protegerte”, indicó Manuel Llorens, psicólogo investigador que tiene una especialidad en el área.

Recuerda que para dejar daños psicológicos en una persona no se necesita la fuerza física, basta con la amenaza de muerte o daño a la integridad física del privado de libertad o de sus familiares.

Llorens explicó que existen cuatro diagnósticos en éste tipo de casos:

.- Hiperactividad: es un estado de alerta continua, insomnio, taquicardia y sensibilidad.

.- Evitación: el paciente no quiere recordar el episodio. Evita sitios y personas relacionadas con el hecho.

.- Disociativo: es una desconexión del entorno y emociones. La persona entra en un estado de “anestesia emocional” que le impide tener un disfrute normal de la vida. Se aísla.

.- Depresión: se trata de una profunda tristeza por un tiempo prolongado.

“Como sociedad, estas prácticas deja lesionada la confianza en el sistema, pues no falta que a cada venezolano sea torturado, para que se dé a conocer que existen esos tratos y se desconfíe del sistema”, aseveró.