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La violencia política ganó terreno en Bolívar en lo que va de año

GNB reprimiendo en UDO Bolívar. Foto cortesía de La Patilla

Prensa OVV Bolívar

Luego de seis meses del 2017 y en más de 100 días de alta conflictividad social, la balanza continúa inclinada hacia el lado de la violencia en el estado Bolívar donde ocurrieron 316 homicidios durante ese primer semestre.

El asunto es que la violencia sigue siendo la realidad en Bolívar, sea a través de la violencia delincuencial, o de la violencia estructural que se desarrolla frente las manifestaciones de la población.

Es así que según cifras del Foro Penal en el estado, a lo largo de los más de 100 días de protestas, Bolívar ha reportado 259 detenciones en las manifestaciones, y 79 de ellas se generaron en el mes de junio.

A la fecha continúan una treintena de personas privadas de libertad y otro grupo importante de estudiantes han sido impuestos de medidas cautelares, pero previo cumpliendo de la presentación ante los tribunales penales de 8 o 10 fiadores por caso y cuyos ingresos sean de 2000 unidades tributarias.

El coordinador del OVV Bolívar y director de la Escuela de Derecho de Ucab Guayana, Eligio Rodríguez, indica que “el Estado posee como única agenda la violencia, esto es, la inicia, la sostiene y la cultiva. Con ella, coloca a la población en el único escenario donde sólo el gobierno puede actuar, criminalizar y justificar sus acciones. Frente a esto todo lo que legítimamente hagan los ciudadanos es delito.”

“La violencia por parte de los órganos de seguridad, mediante la represión de manifestaciones legítimas, detenciones arbitrarias, ante la irrupción y ataque en las urbanizaciones de la zona, caso Isla Dorada, Los Mangos, Residencias Villa Latina, Lomas del Caroní o Isla Dorada, son el vivo ejemplo de la conjunción de la violencia ejercida directamente por el Estado o permisivamente ejercida por la estructura delincuencial”, dice Rodríguez.

Así mismo, aseguró el experto que “la justicia ha dejado de funcionar en Venezuela, el sistema de administración de justicia está a la orden del Poder Ejecutivo y, sin pruebas y sin flagrancia, las personas son detenidas, imputadas y sujetas a medidas cautelares o la privación de su libertad, siendo simplemente inocentes. Se trata del juego del miedo y la búsqueda de la genuflexión de la población por parte del poder, con lo cual la crisis es constitucional, institucional y democrática.”