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La violencia se sube al transporte público en Caracas

Foto cortesía de 2001.

Prensa OVV Región Capital 

De enero a marzo de este año, los medios de transporte públicos ocupan el tercer lugar de ocurrencia con mayor frecuencia de sucesos violentos, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Prensa de la Región Capital.

En las mesas de trabajo realizadas entre el Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital y asociaciones de transportistas de rutas internas en el área metropolitana, se observó que los robos a chóferes y usuarios, secuestro de unidades, lesiones y hasta homicidios son los delitos más usuales. Cabe destacar que la mayoría de estos hechos no son denunciados ante las autoridades debido a la impunidad y el temor a represalias que existe en el gremio del transporte.

Otro problema es la existencia de grupos al margen de la ley que se imponen especialmente en los barrios, lo cual ha afectado el trabajo de los transportistas. Conductores y pasajeros se exponen con frecuencia al secuestro de unidades que son utilizadas como carros fúnebres y ambulancias para llevar heridos por enfrentamientos entre bandas, vulnerables ante respuestas violentas si se niegan a colaborar.

Frente a esta situación y considerando la inacción o poca incidencia de las autoridades competentes, varias líneas del Área Metropolitana de Caracas han optado por tomar medidas y acciones por su cuenta. Estas medidas comprenden: la reducción del horario nocturno, el cambio de paradas si se observan en ellas personas con actitud sospechosa, y la paralización del servicio si algún conductor resulta herido, asesinado o si la unidad ha sido secuestrada. No obstante, se trata de decisiones que, aunadas a la reducción de unidades por la escasez de cauchos y repuestos, disminuyen y deterioran la calidad del servicio prestado.

La ruta a seguir
La prevención de la violencia a través de campañas comunicacionales y la protección por parte de los cuerpos de seguridad figuran entre las exigencias de los transportistas a las autoridades municipales, regionales y estadales. Durante las mesas de trabajo se señaló la necesidad de implementar: alcabalas móviles, aumentar el número de módulos policiales, realizar operativos de desarme en barrios y requisas con detectores de metal, además de facilitar acceso a recursos para adquirir dispositivos como radios o GPS.

Asimismo, los transportistas destacaron la necesidad de despolitizar la protesta por el derecho a la seguridad y la justicia, ya que es frecuente que manifestaciones originadas por el asesinato de un chofer terminan siendo obstaculizadas por los cuerpos de seguridad del Estado, lo que se percibe como una falta o poca receptividad por parte del gobierno nacional hacia la búsqueda de soluciones.