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Lara vive entre la delincuencia y la violencia política en el Estado

Fotografía tomada de La Prensa de Lara

Prensa OVV Lara

Según las cifras obtenidas por el el Observatorio de Violencia en el estado Lara (OVV-Lara), a través del Observatorio de Prensa (OP), el mes de julio culminó sus días con un total de 102 asesinatos, para sumar 552 muertes violentas en estos primeros siete meses del año. Dentro de las modalidades del delito que aparecen de enero a julio, los homicidios múltiples, los feminicidios, linchamientos, sicariatos y conflictos en centros penitenciarios, representan algunos de los hechos que más preocupan a esta organización integrada por docentes e investigadores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Violencia de Estado afecta a Lara
Estos hechos se suman a la situación de violencia política que se está viviendo en la entidad. Para el caso de la ciudad de Barquisimeto y Cabudare, la represión en contra de la protesta se ha convertido en parte de la realidad cotidiana. Lara registra más de veinte fallecidos en manifestaciones. El día 7 de agosto Eduardo Orozco, de apenas 19 años, recibió un tiro en la cabeza por parte de presuntos funcionarios del CONAS.

El OVV-Lara viene repudiando el uso de la violencia como parte de los mecanismos que el gobierno nacional ha utilizado para enfrentar las protestas de los larenses. Al mismo tiempo que ha condenado las acciones vandálicas que se materializan en el marco de las exigencias por los derechos. El sociólogo Carlos Alberto Meléndez coordinador de la organización en Lara, opinó que la violencia de Estado en Lara tiene características centrales.

La primera es el uso abusivo de la fuerza del Estado. “Las vidas perdidas en estos meses de conflicto se pudieron evitar respetando los principios básicos de la democracia. No fue necesario llegar a este nivel de conflicto si el respeto a las elecciones, el reconocimiento entre los poderes, la liberación de presos políticos y la apertura de canales humanitarios hubiesen determinado el diálogo entre gobierno y oposición” afirmó el profesor de la UCLA  Meléndez, quien a su vez explico que “en Venezuela se le dió sentido de confrontación a un conflicto sociopolítico, y ante tal realidad se actuó conforme a lo que materialmente significa una guerra”.

Por otra parte, se encuentra la articulación que la GNB con grupos civiles armados para minimizar el impacto de la protesta. Al igual que la utilización de armas de fuego, el intento de linchamientos a funcionarios y colectivos como parte de las acciones registradas por quienes protestan. Desde los inicios del conflicto en el mes de abril hasta nuestros días ha sido evidente, en las ciudades del Tocuyo, Carora, Cabudare y Barquisimeto, la actuación en conjunta de los cuerpos de seguridad que responden al gobierno nacional con presuntos delincuentes que en una estrategia unificada arremeten contra la integridad física de quienes protestan en las respectivas ciudades. “Dentro de esta articulación existe una violación de los DDHH, y la maximización de las oportunidades para que la violencia siga legitimada por los delincuentes, que ahora trabajan con quienes por naturaleza deberían detenerlos, y someterlos a la justicia penal”, sostuvo el profesor Meléndez. Esta situación es un evidente reflejo de la impunidad venezolana, la cual en este momento, es utilizada por el gobierno para reprimir de forma criminal a quienes ejercen el derecho a la protesta, aseveró de igual forma el coordinador del OVV-Lara.

Por otra parte, en Lara sus policías fueron intervenidas por ser de oposición. La intervención de la Policía Regional de Lara y la Policía Municipal de Iribarren ha permitido que dichas instituciones no puedan servir de mediadores ante el conflicto. La polarización política ha aumentado las posibilidades de buscar salidas, luego de que el partido-gobierno intervino a organismos policiales que respondían a instituciones lideradas por sus oponentes. El primero de ellos fue Poli-Lara el 23 de mayo del presenta año, institución que depende de la Gobernación del estado y su gobernador Henri Falcón. El papel que habían cumplido sus integrantes, hasta el momento de la intervención, fue el de garantizar que la represión en las zonas de conflicto no aumentara, buscando evitar el paso de otros ciudadanos que se pudieran exponer. De igual forma, en conjunto con el Consejo por la Paz y la Justicia de Lara (CEPAZ-Lara) colaboró en situaciones donde se pudo mediar entre la GNB y quienes protestaban. A partir de su intervención, Poli-Lara se ha sumado a los cuerpos que reprimen y violentan las libertades políticas.

En el mismo sentido, luego de la detención del alcalde Alfredo Ramos, y la también intervención de la Alcaldía de Iribarren por parte de integrantes del partido-gobierno, la Policía Municipal está siendo manejada bajo lineamientos construidos por quienes pasaron a hacer sus nuevos administradores. “El caso del alcalde Alfredo Ramos expone un ejemplo que la ciudadanía larense debe entender como adversaria al respeto de las leyes. Ramos, quien ahora se encuentra detenido y condenado a 15 meses de prisión y a la inhabilitación política, es un ejemplo del uso discrecional de la justicia que impera en el país. Es difícil, por lo tanto, que ante esta situación podamos avanzar en la disminución de la violencia mientras no se recupere el funcionamiento de la institucionalidad sobre la base del Estado de Derecho y no bajo consentimientos partidistas” concluyó Meléndez .