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Letalidad policial

En 2017, más letalidadCrimenessincastigo.blospot

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

En 2017, la expresión “resistencia a la autoridad” se convirtió, más que nunca antes, en un sinónimo de muerte.

De nada sirvió que a las operaciones Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno de Nicolás Maduro le pusiera el adjetivo “humanista”, y que de hecho al final del período las hayan borrado por completo de su léxico. Como si nunca hubiesen existido.

Con o sin OLP, las policías y los militares continuaron matando.

Es cierto: hay circunstancias en las que el uso de la llamada “fuerza potencialmente letal” se justifica plenamente. Cuando no hay otro recurso para neutralizar una amenaza a la vida del funcionario, o incluso para resguardar a terceras personas; cuando la oportunidad no permite el uso de un recurso distinto para afrontar una situación de riesgo inminente para la integridad física, pues no queda otro remedio que acudir a la pistola, a la escopeta o incluso el fusil, en el caso de los guardias nacionales.

Uno supone que estas deben ser situaciones excepcionales. Nadie en su sano juicio debería enfrentarse a individuos como los policías y los militares, que han sido entrenados para utilizar sus recursos con la mayor efectividad posible. Y entre estos recursos desde luego están las armas de reglamento. Para decirlo de otra manera: cuando un individuo está en el proceso de formación para convertirse en policía, le dicen muy claramente que una pistola solo debe ser desenfundada para matar. Por ende, esta no puede ser una acción cotidiana.

En Estados Unidos, un país con una población diez veces mayor que la de Venezuela, fueron registradas 1.093 muertes a manos de policías en 2016, de acuerdo con un trabajo publicado por The Guardian. Ese mismo año, la acción de los cuerpos de seguridad venezolanos arrojó 6.042 cadáveres, según cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente.

Este ya es un indicio de que las cosas no van bien en Venezuela.

Pero hay más. Ese año fue récord en cuanto a número de cadáveres producto de los supuestos enfrentamientos entre delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad. Estos casos, como se dijo más arriba, están clasificados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. Cuando se divide el número de muertos entre el total de casos, tenemos un resultado de 0,84. La cifra podría ser denominada índice de letalidad policial. Como el resultado fue inferior a 1, se puede concluir que durante 2016 no todas las resistencias a la autoridad terminaron con cuerpos tendidos sobre el pavimento.

Pero en 2017 la situación cambió. Los supuestos enfrentamientos en los que intervinieron policías o militares totalizaron por lo menos 5.545 muertos. Hubo casos en los que claramente el bando de los llamados delincuentes fue masacrado, como sucedió durante la intervención al retén de Puerto Ayacucho (37 muertos). El total de expedientes por “resistencia a la autoridad” fue de 5.040, lo que ubica el índice de letalidad en 1,1.

Entonces, durante el año recién finalizado, las policías y los componentes de la Fuerza Armada declararon una menor cantidad de casos de resistencia a la autoridad, pero en cada ocasión la probabilidad de un final fatal fue más elevada que la vista en 2016.
Este es el resultado de las tácticas de “mano dura”, que en círculos académicos son asociadas generalmente a gobiernos de derecha.

Otro dato interesante es que las muertes por “resistencia a la autoridad” se incrementaron más de 20% en Distrito Capital con respecto a 2016. Esto explicaría por qué algunos delitos, como el secuestro, se desplazaron hacia regiones periféricas, sin abandonar del todo la principal plaza, representada por los municipios del Area Metropolitana de Caracas.

Cuando un jefe policial advierte a sus subalternos: “No quiero presos”, ya sabemos a qué se refiere.