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Por abuso de autoridad: Nueve de cada 10 venezolanos no confía en la policía

Foto realizada por Felipe Romero para Caraota Digital.

Caraota Digital

por Néstor Luis Llabanero

Un policía venezolano gana 53 mil bolívares mensuales. El perfil del trabajo es visto como de alto riesgo.

En Caracas pierden la vida hasta 2.5 uniformados a la semana, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que en su informe anual, destaca el rechazo a la institución. Entre otras razones porque los casos de resistencia a la autoridad se resuelven, en 80% de los casos, con la vida del civil.

Del total de la población del país –estimada en 30 millones de habitantes por el Instituto Nacional de Estadísticas– hasta 90% dice ver con recelo la institución de orden público. Esto traduce 27 millones de venezolanos.

Además de esa proporción, registrada en su informe de 2016, el Observatorio Venezolano de Violencia especifica que solo 10% de ciudadanos manifiesta satisfacción con el servicio. Es decir, tres millones de personas.

El balance refleja los términos negativos sobre los cuales se valora la imagen profesional de los funcionarios.

La muerte como resistencia a la autoridad

Cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia, dirigido por el sociólogo Roberto Briceño León, apuntan que hasta 80% de los casos de resistencia a la autoridad en 2016 se resolvieron con la muerte de los ciudadanos. En 2015 la proporción fue de 65%, de modo que el aumento resultó significativo.

Sobre la base de estos porcentajes, la entidad policial sigue cuestionada en la ejecución de un oficio que en la práctica, se supone, debe ser la prevención del delito y la protección de la ciudadanía. La realidad demuestra lo contrario.

Según Briceño León, autor del libro Ciudades de vida y muerte, en estas condiciones, los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por lo tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. “Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales”.

No todos pueden reprender a un policía

No todos tienen el poder de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de increpar a un agente policial como lo habría hecho la funcionaria el pasado 5 de marzo en el estado Lara, cuando el uniformado, en un procedimiento rutinario desde un punto de control, le ordenara “orillar” su vehículo “a la derecha”.

La resistencia a la autoridad, que así se llama el desacato por parte de civiles, constituye en Venezuela una circunstancia que muchas veces se paga con la vida, de acuerdo con el sociólogo Roberto Briceño León.

En cuanto a la recurrencia de estos episodios, la realidad numérica del Observatorio Venezolano de Violencia, plasmada en su informe 2016, indica que al cierre de ese año hubo un incremento de hasta 15% con respecto al período 2015.

Para muchos, el de la fiscal parece un caso de desconocimiento del agente hacia la identidad de quien ejerce el rol principal del Ministerio Público. De modo que hay quien lo vincule más con el cumplimiento de la tarea habitual de un policía. Especialmente si este cree tener en frente de sí elementos sospechosos.

En todo caso, la ciudad barquisimetana encaró a uniformados y ciudadanos. Aunque esa pugna no fue igual que otras. La fiscal hizo público lo que a diario ocurre en el resto del territorio. Solo que esta vez el saldo resultó desfavorable para el agente de Polilara, quien, en principio, recibió una amonestación por su “desafío”.

Si bien es cierto que en el pasado generaba dudas el manejo autoritario de la institución policial, hoy la desconfianza se ha agudizado.

Las consecuencias de esa percepción resultan dramáticas para los ciudadanos, que dicen no encontrar sobre quien apoyarse en circunstancias de resguardo.

Pero, el cuestionamiento a los procedimientos policiales igualmente tiene efectos perjudiciales en contra de los agentes, porque, además de ver disminuida su investidura, comienzan a ser blanco de ataques a su integridad.

En 2017, se han dado muestras explícitas de ese rechazo. Aquí, un caso. A principio del mes de febrero, el dúo musical Black Coca –conformado por dos hermanos raperos venezolanos– causó alarma en las autoridades gubernamentales por la difusión del tema Hampa vs. Pacos, colgado en la red social YouTube con un respectivo vídeo.

En dicho tema, los artistas Víctor Fabio Vega e Ismael Vega habrían cometido tres delitos: apología de la violencia, exaltación de consignas a favor de bandas criminales que operan en la Cota 905 de Caracas y promoción de acciones anti policiales.

Ante eso, ambos cantantes del género urbano fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Así lo destacó el diario Panorama en su edición del 10 de febrero.

La reseña informaba que los jóvenes fueron privados de libertad imputándoles los cargos de instigación contra los funcionarios del orden. El capítulo, sin embargo, sería una señal de lo que para algunos se ha transformado en una situación sistematizada.

Hasta 2.5 uniformados “caen” por acción del hampa

Semanalmente estarían perdiendo la vida 2.5 policías por acciones del hampa. Solo en Caracas. En el resto del país la proporción sería de 1 agente en ese mismo período. Así lo determinan las conclusiones del OVV.

Por otra parte, el balance de asesinatos de policías y guardias nacionales, dado a conocer por el abogado y criminólogo Fermín Mármol García, arroja que en 2013 hubo una baja de 295 uniformados. En 2014, la cifra aumentó a 338.

El especialista destaca que para el año 2015, el monto fue de 337, es decir, un caso menos que el año anterior. Sin embargo, en 2016 la cantidad se elevó considerablemente a 414. “Muy grave”, opina el experto.

Al cierre del mes de febrero de 2017, la cuota de funcionarios malogrados era extraoficialmente de 68, según Mármol García, lo que le permite proyectar que el drama policial cobrará niveles exponenciales al cierre del año.

La arremetida cotidiana contra uniformados ha propiciado un clima de “guerra silenciosa” aunque efectiva en la cual los policías comienzan a desplomarse por el revanchismo de los malhechores.

Como prueba de esa contienda, en el último quinquenio han muerto 1741 funcionarios de seguridad por acciones hamponiles, según un informe elaborado por la ONG Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) y reseñado por el diario El Universal en su edición del 14 de enero de 2017.

Mármol García se formula la siguiente pregunta: “¿De dónde surge tanto rechazo contra la autoridad?” y enseguida responde: “Históricamente los enemigos naturales del delincuente han sido la policía y la Guardia Nacional. Son las instituciones que penetran las barriadas a través de sus funcionarios”.

El drama del sueldo policial

Si ya la institución policial se encuentra en entredicho, el bajo nivel de las finanzas de los funcionarios podría aumentar la crisis en el seno de ese organismo.

Consultados por Caraota Digital sobre su situación económica, los efectivos revelaron que el sueldo devengado por ellos es de 53 mil bolívares mensuales.

Ese monto se aplica como parámetro a todos los agentes del país con rango básico (la mayoría). De esa forma quedó establecido luego de la unificación de la policía nacional bolivariana en 2009.

Los funcionarios aseguran ver reflejado en su recibo de pago quincenal un monto aproximado de 21 mil bolívares y estiman que no hay equivalencia con el riesgo que asumen diariamente.

Explican que hay colegas que pueden percibir una quincena más holgada, pero esto es posible solo si renuncian a la acumulación de beneficios como caja de ahorro, prima por hijos o seguro de familiares.