Portada / NOTICIAS OVV / Primer trimestre 2017: 7 de cada 10 delitos en Táchira se cometieron con armas de fuego

Primer trimestre 2017: 7 de cada 10 delitos en Táchira se cometieron con armas de fuego

Venezuela ha sido uno de los países que más ha comprado armas en AL

Manuel Roa

Prensa OVV Táchira

Por 180 días fue suspendido el porte de armas de fuego en el país para garantizar “la seguridad, la paz y el orden interno”. La medida fue anunciada el pasado 2 de mayo por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La coyuntura: las protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro que se desencadenaron a partir de marzo.

Las armas de fuego, sin embargo, han sido sinónimo de quebrantamiento de la paz y la seguridad mucho antes del inicio de estas manifestaciones. Siete de cada 10 delitos en Táchira, durante el primer trimestre de 2017, fueron cometidos con armas de fuego. Así lo indican los números registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia, capítulo Táchira. Solo en enero la cifra llegó a 79,2 %.

Los datos representan un aumento de 20,25% respecto a los números de los primeros tres meses de 2016 en la entidad. El criminólogo Luis Gerardo Gabaldón explica que, si bien el hecho no es nuevo, últimamente se ve de forma dramática. “El problema se ha visibilizado debido a la aparición de formas de exhibición y a la utilización de armas de fuego en situaciones de cotidianidad, banalidad, ensañamiento o desafío a la autoridad que tienden a producir escándalo”.

Asimetría entre la ley y políticas públicas
Para intentar contener esta realidad se promulgó, en el año 2013, la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que busca crear los planes para “ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas”. En la ley se le otorga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la competencia de autorizar lo relacionado en el registro, control, fiscalización, confiscación y destrucción de las armas y municiones.

Judith Pacheco, directora de Amnistía Internacional Venezuela, afirma que si bien este tipo de iniciativas legislativas son importantes para lograr el control absoluto del Estado sobre las armas en Venezuela, la ley no ha sido suficiente. “Sí ha habido un avance legislativo y algunas políticas que en teoría han visibilizado la intención de contrarrestar esta realidad en el país. Sin embargo, aún no hay una ejecución efectiva de la ley”.

La asimetría entre la intencionalidad legal y los resultados, encuentra razones en la política de importación de armas promovida por el gobierno nacional. Venezuela ocupó el lugar 18 de los países que más invirtieron en armas en 2015 y el primero de América Latina, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo. El país gastó 162 millones de dólares en estos productos. China fue la nación a la que Venezuela compró más armas, con una transferencia de 147 millones de dólares.

Los números se expresan, además, en el discurso presidencial que parece ir en contra de la intención legislativa. El jefe de Estado Nicolás Maduro anunció el pasado 17 de abril la expansión del cuerpo de milicia, conformado por civiles armados, a 500.000 miembros con su fusil “garantizado”. “He aprobado al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana con todos sus equipos”, dijo el mandatario en un acto militar, en las afueras del Palacio de Miraflores.

Si bien en discurso oficial estas son armas destinadas a la seguridad y defensa del Estado, para la investigadora Neida Albornoz este es el origen del ciclo de transferencia de este armamento a manos de la delincuencia. “Los canales por los cuales llegan las armas a los civiles están claramente identificados. En el caso de las armas cortas llegan principalmente a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Una segunda fuente de flujo proviene de las empresas de seguridad privada. Y en última instancia son los civiles que adquieren armas privadas para su protección y éstas también terminan en manos de delincuentes al ser robadas a sus dueños”.

La corrupción arma la delincuencia
Richard Lozada, Comisionado de la Politáchira, explica que pese a la promulgación de la Ley para el Desarme esta aún tiene criterios muy laxos que promueven un ciclo corrupción. “La mayoría de los detenidos con porte ilegal de armas de fuego son sometidos a medidas cautelares, y a las 48 horas están de nuevo en las calles. Esto genera que los policías muchas veces acepten sobornos de estas personas”, expuso durante el foro Análisis situacional de la violencia en el Táchira, organizado por la Universidad Católica del Táchira.

Sin embargo, Jesús Berro, doctor en Ciencias Penales y ex director de la Policía del estado, explica que el problema central no está en la norma, sino en la corrupción del sistema policial y judicial. “Pareciera que todas las armas recabadas sin porte legal, estuvieran limpias de delito, el problema no está en el porte del arma sino en los delitos cometidos con estas. Cada arma usada debe investigarse y determinar los delitos que se ejecutaron y luego eliminarse. Allí está el problema”.

Hoy tachirenses siguen cayendo a consecuencia de las balas. Y a partir de marzo se suman las víctimas de la violencia política: Paola Ramírez, Luis Alviarez y Diego Hernández. La presencia de las armas de fuego debe ser controlada no solo por instrumentos legales, sino por la voluntad genuina de los gobernantes. Pues como lo contempla el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho a protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física”.