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¿Quién fue la víctima?

Juan José Arias/ Bastián Villalobos

OVV Mérida

En Venezuela son muchos los ciudadanos que utilizan el transporte público, lo cual representa un beneficio tanto para las personas que diariamente se trasladan de un lugar a otro en las populares busetas, como para los transportistas, para quienes la movilización de usuarios constituye su sustento económico. Este medio de transporte representa la modalidad más utilizada por el venezolano común o de a pie y, especialmente por los estudiantes, por lo que constituye un un elemento necesario para la dinámica diaria de estos ciudadanos.

En los últimos meses, en particular en el estado Mérida, el acceso a esta modalidad de transporte ha pasado de ser un beneficio y un servicio público accesible para la población, a convertirse en un servicio incómodo, además de costoso, debido a que los transportistas, justificándose en el momento de crisis económica en el que se encuentra el país, han realizado aumentos arbitrarios a las tarifas de pasaje. A esto se le suma la poca celeridad por parte de las instituciones formales de control para confrontar estas acciones de aumento del pasaje, muchos de los cuales fueron arbitrarios y unilaterales, pues no contaban con la aprobación y publicación en Gaceta Municipal por parte de las Alcaldía, institución con la legitimidad para dar el visto bueno a dichos aumentos.

Entonces, la población quedó sujeta a los aumentos de la tarifa del pasaje de manera arbitraria y sin ningún tipo de control. En particular, en el caso del municipio Libertador, el alcalde Carlos García manifestó públicamente que no estaba en capacidad de fiscalizar ni controlar dichos aumentos, por lo cual les pedía a los usuarios del transporte público que reclamaran directamente a los transportistas. La explosión de la tensión fue inmediata. A diario se reportaban y se presenciaban en las calles conflictos entre pasajeros y transportistas: discusiones, peleas a puño y, en casos extremos, pasajeros que le rompían vidrios a las unidades de transporte o con navajas les sacaban el aire a los cauchos de las unidades.

Esta situación empeoró cuando se implementaron importantes modificaciones al beneficio del pasaje estudiantil entre el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas (MPPTTOP), una representación de los transportistas y otras instituciones (alcaldías, gobernaciones, entre otras), lo cual se visualizó particularmente en ciudades con altos niveles de población estudiantil, como Mérida. La modificación implicó la eliminación de la tarjeta con la que el estudiante pagaba su pasaje estudiantil y el compromiso de los transportistas de llevarlo gratuitamente, siempre y cuando FONTUR cancelara a tiempo la subvención por el pasaje estudiantil. Sin embargo, esta decisión, al parecer, no fue representativa de los transportistas en general, por lo cual, se generó una situación de mayor conflicto y tensión.

Los transportistas no querían parar en aquellas paradas en las que la mayoría de los pasajeros eran estudiantes. Algunos argumentaban que diariamente sus pasajeros estaban conformados por un 80% de estudiantes, entonces, si llevaban gratis a ocho de cada diez pasajeros “¿con qué dinero pongo gasolina? ¿Con qué dinero llego a casa en la noche?”, se preguntaban. Los estudiantes, por su parte, se sentían vulnerados: se atrasaban en su rutina, llegaban tarde o perdían clase, se sentían maltratados, entre otros aspectos. Y el conflicto creció. Los estudiantes trancaron avenidas, secuestraron unidades de transporte y hasta incendiaron una.

Debido a esto, los transportistas hicieron un paro de transporte de dos días. Luego, hubo reuniones, las mismas promesas y los mismos acuerdos, pero con el compromiso de cumplirlos. En este momento, en la ciudad de Mérida, los estudiantes circulan gratis en las unidades de transporte público, pero el ciudadano común está sometido a un aumento de pasaje que en menos de dos meses pasó de 40 a 80 Bolívares, siendo 40 el costo del pasaje aprobado por la Alcaldía del municipio Libertador, pero 80 el pasaje aprobado por el sindicato de transportistas del estado Mérida.

Al final, un conflicto de intereses políticos que tuvo y tiene un costo social muy elevado. Y por ello, el OVV Mérida se ha propuesto el ejercicio de reflexionar ¿quién fue la víctima? ¿quién ganó y quién perdió en el conflicto del transporte público, estudiantes y público en general?

Suele ocurrir, en la mayoría de los casos que implican conflictos, peleas o riñas; se trata de identificar a los actores, aquellos que intervienen directamente en él. ¿Quién es el culpable? ¿Quién fue la víctima? ¿Quién sufrió los daños? Son preguntas constantes que se asocian a las situaciones de conflicto. La coyuntura vivida en la ciudad de Mérida durante el último mes y medio no es la excepción y las preguntas como éstas abundan y sus respuestas dependen de la óptica desde la que se mire: para los transportistas, los estudiantes son unos “malandros”; para los estudiantes, los transportistas son unos abusadores. Sin embargo, las responsabilidades deben asumirse, precisamente porque los conflictos sociales dejan mensajes y efectos que tienden a repetirse en el contexto donde interactúan los individuos.

Agnew, en su teoría general de la tensión, expresaba que los individuos están sometidos a un conjunto de presiones y frustraciones sociales que al no ser canalizadas de manera positiva, podría exteriorizarse en expresiones negativas que generen conflictos entre los individuos. La acumulación de frustraciones y alto sometimiento a escenarios negativos para estudiantes, ciudadanía general y transportistas, se precipitó inevitable y lamentablemente, en reacciones violentas como las comentadas.

Entonces, ¿quién es la víctima y quién el victimario?. Sería precipitado responder esta pregunta estigmatizando a una sola de las partes y neutralizando a la otra, pues la flecha que señala a la víctima apunta a todos los ciudadanos, pero de la misma forma señala a todos como culpables. Lo que sí se podría afirmar es que todos nos encontramos en una vorágine de problemas y estrés, consecuencia, por una parte, de los altos niveles de desorganización social y bajos niveles de eficacia colectiva, y, por otra, de la imperante anomia institucional en la que el papel de mediadores y responsables para hacer cumplir la norma, de las autoridades de control social formal, se ha desfigurado hasta convertirse en simples observadores con tendencias políticas enfrentadas, que se lanzan la responsabilidad unos a otros, como si el problema fuera simplemente un juego de pelota, en el que cada bando quiere ser aplaudido mientras que el otro es desprestigiado.

Su distancia y poder de los entres institucionales, principalmente gubernamentales, tanto en el plano nacional, regional y municipal, los pone en una posición de privilegio para solventar y mediar entre las partes. Fueron sus acciones y omisiones las que comenzaron el conflicto y también las que avivaron las llamas hasta el punto en que ocurrieron sucesos lamentables, la última de las acciones tomadas por estos para dar solución justa a la problemática (cabe destacar el concepto ambiguo de justicia, en el que lo que es justo para unos, no necesariamente es justo para otros) derivó en una aparente tregua a la que los involucrados terminan apenas por adaptarse y buscar formas de seguir viviendo, dejando que la tormenta destruya todo mientras aún quede al menos varios pequeños lugares en los que la tormenta no llega. Pero cuando ya no haya refugio, las diferencias, la polarización y la tensión podrían devenir en que el ciclo de violencia se repita, se acumulen nuevas y mayores frustraciones y las acciones agresivas se reproduzcan, aumenten y ocasionen un daño social irreversible mucho peor al que ya se ha generado.

Desde el OVV Mérida, apostamos por la paz, la mediación el bienestar de la sociedad merideña como premisa fundamental del trabajo de los actores, políticos y no, que hacen vida en la entidad.