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Reflexionan sobre el hambre y la violencia en Venezuela

Prensa OVV Zulia

Johel Salas, coordinador del OVV Zulia y profesor de la Universidad del Zulia, sostiene que Venezuela vive un progresivo debilitamiento institucional que pone en riesgo las reglas de juego formales y sociales hechas para una convivencia pacífica con predominio de relaciones gratificantes. En sectores importantes del país se consolida el uso de la violencia como patrón de comportamiento y como modelaje social, especialmente para jóvenes varones, dijo el investigador durante la conferencia Desmadre institucional, violencia y tejido social.

La intervención de Salas formó parte del el foro Reflexiones para superar el hambre y la violencia en Venezuela, organizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el Centro de Investigaciones de Trabajo Social y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, y que se realizó el pasado 15 de marzo en el auditorio de la Facultad de Humanidades de LUZ.

Afirmó en su disertación el profesor Salas que la impunidad y la ausencia de medios de contención morales en niños y jóvenes venezolanos, como resultado de una socialización fallida, se constituyen en grandes motivadores del comportamiento delictivo.

Alertó sobre una yuxtaposición de dos culturas: una predominante, que apuesta por la vida, la ley y el reconocimiento de los otros, y otra que, peligrosamente viene creciendo, vinculada con la muerte, el delito y la violencia en general. Sobre este último punto, invitó a los presentes a un compromiso personal por detener estas prácticas violentas que deshilvanan el tejido social.

Fue categórico al afirmar que las salidas a la violencia no son de carácter individual sino colectivas, y esto involucra al Estado, al liderazgo comunicacional, empresarial, religioso, político y a la ciudadanía en pleno.

Para finalizar, expresó que existe la necesidad urgente de una voluntad política del Estado y la nación que apueste por una recomposición de las reglas de juego y contribuya a resignificar la ley, las normas sociales, y a vivificar el universo de valores que nos unen como sociedad.

Por su parte Gloria Perdomo, coordinadora nacional del OVV e investigadora de la UCAB se refirió al Informe OVV Juventud: El impacto en niños y jóvenes de la pobreza, el desabastecimiento y la violencia criminal. La ponente destacó que, de los 26.616 homicidios ocurridos en el país en el año 2017, 60% (15.890) correspondieron a jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 29 años, edades similares a las de sus victimarios. Efecto espejo llamó la ponente a la similitud en edad y sexo entre víctimas y victimarios.

Perdomo hizo mención de un estudio realizado en 10 municipios del país, cuyo planteamiento fue ¿qué hace a los hombres jóvenes especialmente vulnerables a la delincuencia?, y señaló que los resultados arrojaron que los principales factores que originan este fenómeno son el contexto de empobrecimiento, carestía y escasez, y el debilitamiento creciente de las familias, en el que los niños relatan que se alimentan una o dos veces al día con sólo pan o plátano y niños ejerciendo la mendicidad. A modo de cierre, hizo énfasis en que la violencia se puede evitar y revertir adoptando políticas sociales que garanticen la protección integral mediante el acceso universal de los derechos sociales y garantizando la atención integral y especializada de las víctimas.

La tercera ponencia del evento estuvo a cargo del coordinador del OVV Lara, profesor Carlos Meléndez Pereira, Violencia en el estado Lara y la (in)seguridad ciudadana: La juventud frente a las vulnerabilidades institucionales de la democracia en Venezuela. Su exposición se basó en los resultados de estudios especiales con actores de la vida pública del estado Lara y con aportes del OVV. El profesor Meléndez, también director de la Escuela de Seguridad Humana de la UCLA, destacó que en Lara ha habido un crecimiento sostenido de la tasa de homicidios: mientras que en 1999 era de 11,4 por cada 100 mil habitantes, para 2016 y 2017 esa tasa fue de 59 y 52, respectivamente. Ante esto, resaltó que según los estándares internacionales un país se considera altamente violento cuando su tasa de homicidios supera las 33 muertes por cada 100 mil habitantes.

En su disertación afirmó que existe un déficit del Estado producto de la corrupción, la impunidad y la falta de proporcionalidad del castigo. Manifestó que los cuerpos de seguridad se hacen más violentos, pero menos efectivos. Sobre el sistema de justicia, el sociólogo resaltó que las víctimas de la politización de la justicia son los pobres, así como también del retardo procesal y del hacinamiento carcelario, por lo que la no justicia y la impunidad son dos características principales de nuestro sistema.

Como punto final expresó que el debilitamiento de la democracia en Venezuela ha incrementado el delito, lo que hace necesario el fortalecimiento del Estado de Derecho que considere la seguridad y el desarrollo como dos variables codependientes.