Un ciudadano que respondía al nombre de Juan José Andrade, de 41 años, falleció el 15 de octubre a consecuencia de un cuadro de desnutrición en los calabozos de la comisaría de Las Acacias, en la ciudad de Maracay. Los familiares, que vinieron de Camatagua a retirar el cadáver, denunciaron que transcurrieron cuatro días para que les informaran del suceso, asegurando que el informe de la autopsia afirma que el deceso se produjo por desnutrición severa. Por otra parte, como familiares de la víctima, exhortaron a los gobiernos regional y nacional a asumir la alimentación de los presos que están alejados de sus domicilios, ya que Andrade era un agricultor de Carmen de Cura, que estaba pagando condena por un delito de violencia contra la mujer.
Anteriormente, Andrade estuvo detenido en los calabozos del Centro de Atención al Detenido de Alayón, y luego que comenzó la pandemia fue transferido a Las Acacias, donde permaneció por espacio de unos siete meses. Los calabozos de la Comisaría de Las Acacias es uno de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de régimen cerrado que existen en el estado Aragua. Su funcionamiento es responsabilidad del Estado; sin embargo, en este tipo de centros reclusorios los privados de libertad dependen de la comida que les llevan sus familiares, ya que el Estado no se hace responsable de la alimentación de los detenidos.
A raíz de las medidas de cuarentena para controlar la pandemia Covid-19, las visitas fueron suspendidas; del mismo modo, se restringió el desplazamiento entre los municipios. Aunado a los problemas de abastecimiento de gasolina, a las dificultades para obtener efectivo y a los altos costos del pasaje, los familiares de Andrade no pudieron desplazarse desde Camatagua para traerle comida de manera regular, ocasionando el extremo deterioro de sus condiciones físicas que culminó en su fallecimiento a causa de una desnutrición severa.
El caso de Juan José Andrade no se trata de uno aislado. De acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), un total de 104 privados de libertad murieron bajo la responsabilidad del Estado durante el año 2019, de los cuales 66 perdieron la vida por las malas condiciones de salud que hay dentro de los centros penitenciarios, afirmando, además, que la desnutrición y la tuberculosis fueron la causa de muerte del 63,46% de estas víctimas.
Hasta agosto de 2020, 130 privados de libertad han muerto por tuberculosis y desnutrición en Venezuela. 60 muertes en centros penitenciarios, registrados por el OVP; mientras que la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) registró en los CDP un total de 70 detenidos que fallecieron por enfermedades, para este mismo periodo de tiempo. De éstos, 55,4%, fallecieron por tuberculosis y 16,9% por problemas respiratorios.
Esta realidad devela la existencia de un sistemático patrón de violación de Derechos Humanos por parte del Estado venezolano hacia las personas privadas de libertad, que se ha profundizado en los últimos años y que se ha tratado de invisibilizar detrás del estado de alerta, decretado como estrategia de control de la pandemia Covid-19. En este caso, se evidencia la violación de derechos vinculados a la garantía de servicios básicos como agua potable, alimentación y atención médica adecuada y oportuna, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 272 y está contemplado en Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, al restringir y retardar las actividades propias del proceso judicial se crea un círculo vicioso, que ocasiona que personas que están detenidas preventivamente, que aún no han sido juzgadas, arriesguen su vida innecesariamente, al estar expuestas a los riesgos biológicos y psicosociales que implica el hacinamiento y las pésimas condiciones sanitarias que existen en los CDP, que atentan contra el principio universal de dignidad al que todos tenemos derecho por el hecho de ser seres humanos y a su vez contribuyen a mantener y a reproducir las condiciones de sobrepoblación de los establecimientos de reclusión del país.
Iris Terán
Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVV Aragua)