Prensa OVV Amazonas
En el mes de marzo, se han registrado 6 muertes violentas en el estado Amazonas; cuatro de las cuales han ocurrido en el municipio Alto Orinoco, una en Atures y otra en el municipio Atabapo.
Durante el año 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas), en su informe anual registró una tasa de muertes violentas de 29,7 por cada 100 mil habitantes, un resultado que ubicó a la entidad por debajo de la tasa nacional (40,9), sin embargo, continúa siendo muy elevada, al compararla con otros estados del país y con la media de América Latina y el Caribe, según los datos publicados en febrero de 2022 por la organización Insightcrime en su balance de homicidios 2021 (https://insightcrime.org). El resultado del año 2021 parecía indicar que podría haber un descenso de la tasa, al final del año, no obstante, al culminar el primer trimestre del año 2022, es difícil identificar tendencias.
Entre los hechos de violencia ocurridas en la región, destaca lo sucedido en el municipio Alto Orinoco, donde las víctimas resultaron ser indígenas del pueblo yanomami, otro fue el asesinato de una mujer en una de las minas del Yapacana en el municipio Atabapo y un hombre en la comunidad Pavoni al norte del municipio Atures.
Uno de los casos más emblemático ocurrió el 20 de marzo, cuando efectivos de la Fuerza Aérea Venezolana se enfrentaron con un grupo de indígenas yanomamis. El suceso dejó cuatro fallecidos (tres hombres y una mujer), además de un adolescente de 16 años herido, quien fue trasladado a Puerto Ayacucho para recibir atención médica. En el evento resultaron también heridos por arma de fuego tres efectivos militares. La situación se registró en la base de seguridad fronteriza ubicada en la comunidad Parima B, parroquia Sierra Parima en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
Los reportes iniciales de medios locales, señalaron que la confrontación se originó por la negación de los funcionarios a compartir la clave del internet, tal como había sido previamente acordado. Ante la negativa, el capitán de la comunidad indígena pidió la devolución del router generando el enfrentamiento.
El impacto de la muerte de los yanomamis, rápidamente ocupó espacios de la prensa nacional, la cual se hizo eco de la argumentación causal y promovieron la intervención de las autoridades nacionales, presumiblemente para mediar en el conflicto y conducir la investigación que determine las responsabilidades. Este evento de violencia interpersonal está marcado por la valoración cultural del pueblo yanomami, quienes tienen la creencia de que los muertos producidos por hechos de violencia, deben pagarse por igual número de víctimas del bando agresor, tal como lo declararon voceros del pueblo indígena, a través de los medios radiales.
A un mes del referido hecho, aún no hay una declaración oficial y se teme que pueda ser postergada, como en ocasiones anteriores, hasta que se diluya en el marco de la crisis multidimensional que no deja de producir eventos noticiosos puntuales y temporalmente esporádicos. El OVV Amazonas considera pertinente asomar algunos elementos que podrían ayudar a la comprensión de lo sucedido y, tal vez, servir para modificar las condiciones medulares.
La región donde se asienta Parima B, centro poblado inducido primero por las misiones evangélicas y posteriormente por el Estado, es un territorio donde desde hace más de tres décadas viene practicándose la minería aurífera ilegal, con participación (directa e indirecta) cada vez mayor de indígenas yanomamis y de otros pueblos, sin que la presencia de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) haya logrado erradicarla. Ese espacio geográfico se corresponde con el territorio ancestral reconocido del pueblo yanomami, que se extiende más allá de la frontera en la República Federativa de Brasil. Este grupo indígena, posee valores culturales propios y ha sido el último de la región en entrar en contacto con la cultura dominante, con énfasis en los últimos cuarenta años.
El equipo de investigación del OVV Amazonas, considera que el Estado venezolano ha tenido históricamente una presencia marginal en el territorio, que se vio forzada a incrementarse a partir de otro hecho violento de gran magnitud, conocido como la masacre de Haximú, cuando a inicios de la década de los años 90 del siglo XX, mineros brasileros cometieron una matanza en esa localidad que trascendió al ámbito internacional. El compromiso de mejorar la protección de los yanomamis, fue desarrollado por los gobiernos de manera intermitente en el tiempo. El Plan de Salud Yanomami, la creación de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y del Parque Nacional Parima Tapirapecó, la implementación de la educación intercultural bilingüe, la creación del municipio Alto Orinoco, eventuales actividades asistencialistas y la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas, fueron, quizás, los principales logros; sin embargo, es difícil concluir que ello haya contribuido a mejorar significativamente las condiciones de vida de la población.
Ante los hechos registrados en Parima B, el profesor Héctor Escandell García coordinador del OVV Amazonas, presume que la rotación de los funcionarios militares, en un entorno geográfico difícil (aislamiento, minería ilegal y escaso apoyo institucional) y, culturalmente complejo, obstaculiza la comunicación, máxime cuando por lo general los efectivos militares carecen de cualquier formación antropológica previa. A su juicio, crea un ambiente propicio para la confrontación, que podría ayudar a comprender mejor la causalidad del hecho y la alta posibilidad de que se repita, sino cambian las estrategias públicas de intervención de la región y sus habitantes.