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Uso de máscaras en las OLHP desnuda círculo vicioso de muerte entre policías y delincuentes

Doriam Borges e Ignacio Cano, sociólogos e investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia

El Pitazo

Angélica Lugo – Elizabeth Ostos | Distrito Capital | El Pitazo

Caracas.- Asesinaron y quemaron al jefe de la brigada motorizada de Policaracas y posteriormente mataron a su hijo en El Cementerio. Nueve efectivos de Policaracas fueron heridos con esquirlas de granada. Dieciséis muertos causó la primera OLP ejecutada en la Cota 905. Delincuentes amenazaron con atacar helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que sobrevoló la Cota 905. Matan a seis hombres en operativo policial en El Valle. Estas líneas, más que titulares de prensa, son una pequeña muestra de una guerra sin fin entre policías y criminales.

El último eslabón en esta espiral de violencia son las máscaras alusivas a calaveras que utilizaron funcionarios de Contrainteligencia Militar en la Operación Liberación del Pueblo (OLHP) realizada el viernes 10 de marzo en El Valle, al oeste de Caracas, en un procedimiento en el que nueve personas murieron a tiros y otras 50 fueron detenidas. El toma y dame entre funcionarios y bandas delictivas ha despertado la atención de especialistas con experiencia tanto en Venezuela como en el exterior, que advierten sobre el recrudecimiento de la violencia si funcionarios que actúan en nombre del Estado recurren a prácticas similares a las de delincuentes, como las ejecuciones sumarias.

El abogado y criminólogo venezolano Luis Izquiel considera que, más allá de lo que está establecido en la legislación venezolana y en estándares internacionales, no es descabellado que los funcionarios y policías cubran sus rostros para resguardar su identidad y seguridad durante procedimientos en zonas de alta criminalidad, pero advierte que “el uso de máscaras en las OLHP simboliza la muerte en los operativos”.

Izquiel explica que los funcionarios que no se identifican en un operativo vulneran lo escrito en la Constitución, pues en el numeral 4 del artículo 44 se ordena que toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada a identificarse. Así como en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía que obliga a los funcionarios a dar sus identidades.

“Se puede entender que están combatiendo pandillas y delincuencia organizada y, que por ello, los uniformados se tapan los rostros, como ocurre en países en los que se combate el terrorismo y los funcionarios usan capuchas. Pero cuando estos efectivos se ponen máscaras con calaveras, el sentido cambia por completo. Los funcionarios están enviando un mensaje negativo, de terror y de muerte en los sectores donde actúan de esta manera”, detalla.

Desde el primer trimestre de 2015, cuando las bandas criminales de Caracas que operan en las barriadas de El Valle, El Cementerio y la Cota 905 se aliaron y juntaron fuerzas para evitar el ingreso de la policía a estas zonas, los organismos de seguridad del Estado han reinventado métodos para intentar combatir la delincuencia en ese territorio, al que el gobierno considera una “zona de paz”.

Según información extraoficial, en esas zonas el gobierno ha implementado planes para negociar con los delincuentes la entrega de sus armas a cambio de oportunidades. El 13 de julio de 2015 se ejecutó la primera Operación Liberación del Pueblo para penetrar esas barriadas y, desde entonces, la guerra entre los bandos conformados por funcionarios y criminales sugiere que cada grupo se disputa en cada acción violenta y sensacionalista la atención de la prensa.

Pero la implementación de la OLP no ha dado resultados satisfactorios si se toma en cuenta los propósitos declarados por las autoridades. Las denuncias de violaciones a derechos humanos crecen ante organizaciones no gubernamentales. Dos de las nueve víctimas que murieron el pasado 10 de marzo en El Valle eran hermanos de Yoerlis Arias. La mujer, quien participó en una protesta en contra de la OLHP, admitió que solo uno de los dos jóvenes andaba “en malos pasos”. Pero aclaró que Jhonny Arias, de 18 años, era un muchacho sano, sin problemas con la ley, que estudiaba quinto año de bachillerato.

“A los estudiantes les quitaron su futuro y los mataron como unos perros. Ellos no eran unos delincuentes, eran inocentes y además, golpearon a mi sobrina y robaron su casa”, dijo también Isabel Castillo, tía de los dos jóvenes muertos en este procedimiento policial que se incluyó dentro de la agenda de la OLHP.

Ejecuciones sumarias
A los debates que pusieron la lupa de nuevo en la Operación Liberación Humanista del Pueblo se suman las acciones de calle por parte de familiares de los fallecidos en estos procedimientos por parte de organismos de seguridad del Estado y las consideraciones de dos investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia que visitaron Venezuela la segunda semana de marzo para mostrar 93 experiencias de reducción de homicidios en el mundo.

Entre los proyectos exitosos en otros países comentados por estos especialistas no destacan aquellos caracterizados por ejecuciones sumarias. Los expertos argumentan que estos operativos en los que se mata a presuntos delincuentes desarmados disparan los índices de violencia. Además, con frecuencia la sociedad y las familias se movilizan contra el Estado, al que señalan como responsable de la muerte de inocentes y de la violación de DDHH.

El sociólogo español y coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia, Ignacio Cano, cree que las ejecuciones extrajudiciales son un punto crítico en materia de seguridad ciudadana en Latinoamérica.

“Hoy El Salvador tiene cifras estratosféricas de ejecuciones extrajudiciales que han sido divulgadas recientemente. Tenemos Brasil, Jamaica, Venezuela y países donde hay presencia frecuente de ejecuciones sumarias que no han conseguido reducir la violencia”, precisa Cano.

Cano trabaja como consultor e investigador en varios proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Tras analizar el contexto de la seguridad ciudadana en otras naciones, el especialista se permite advertirles a las autoridades de distintos países que el ser tolerantes con las ejecuciones extrajudiciales no resolverá la criminalidad.

“Provoca dinámicas de violencia en las que los propios policías o militares también son objetivo de la violencia. En el caso de El Salvador, por ejemplo, después de que se rompió la tregua con Las Maras, hubo una explosión de violencia y algunos objetivos de esa violencia fueron los miembros del Estado. En El Salvador los policías empezaron a ser asesinados en sus casas, con sus familias. En paralelo, la policía comete ejecuciones extrajudiciales. Es un camino muy peligroso que pone en riesgo a los propios funcionarios del Estado y que no da resultados de disminución de la violencia”, considera el investigador.

Cano, también especialista en psicología social, le sugiere a los funcionarios de los cuerpos de seguridad de los distintos países que tomen en cuenta que si quieren combatir la violencia, deben hacerlo dentro de la ley, sin incentivar un mayor grado de violencia: “Los incendios se apagan con agua, no con gasolina. Pensar que se va a contener la violencia con un mayor grado de violencia, es contraproducente. Cuando la policía enfrenta a un criminal es importante que él sepa que si se rinde, va a ir a la cárcel y sus derechos van a ser respetados. Ahora, si el criminal o el sospechoso sabe que va a ser ejecutado, no se va a rendir y va a intentar matar a policías en venganza”.

El investigador detalló que en países como El Salvador es frecuente una modalidad de crímenes que desde 2016 ha tenido más fuerza en Venezuela: los ataques y asesinatos a funcionarios y sus familiares dentro de sus viviendas. A su juicio, se debe a que “en muchos países la policía recibe un mandato oculto de ser muy duro contra el crimen, como si eso fuera la solución y en realidad los policías que ejecutan personas están colocándose en riesgo así mismos y a sus compañeros. Ese mandato oculto de la truculencia, de la violencia extrema, en el fondo es un mandato suicida para la policía. Es una guerra sin fin”.

El sociólogo Doriam Borges, quien fue coordinador técnico del Estudio sobre Condiciones de Vida y Victimización en el área metropolitana de Río de Janeiro y tiene varios años de experiencia con estudios en las áreas de violencia, criminalidad y seguridad pública en ese país, explicó que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. “La población de esta región representa 8% de la población mundial, pero 33% de los homicidios en el mundo se cometen en América Latina”, precisa.

El especialista afirma que, aunque en un principio con la intervención en algunas favelas de Brasil a través de las Unidades de Policías Pacificadoras, se logró la disminución de los homicidios con la instalación de comandos policiales en estos espacios, después el proceso cambió porque el programa no fue evaluado.

“El programa no fue evaluado como debería ser en algunas localidades. Fueron pensados para la Copa del Mundo y las Olimpíadas, pero no fueron pensados en las estrategias de reducción de los homicidios. Algunos problemas importantes fueron con la relación entre la policía y la población. Eso hizo muy difícil el programa y pasó a ser solo un programa. No había proyectos sociales, solamente una intervención”, agrega.

El resultado inmediato fue la reversión de los resultados iniciales: “Otros tipos de crímenes aumentaron con el paso del tiempo, en algunos sitios la violencia volvió a aumentar, sobre todo en las favelas donde había corrupción policial y donde el narcotráfico intentaba asumir el poder del sitio, algunos sitios se tornaron en lugares de conflicto entre la policía y el narcotráfico. El Estado utilizaba el movimiento militarizado para tratar controlar esto, usando fuerzas especiales. Entonces no reducían los homicidios, al contrario, aumentaban”, precisó Borges.

OLP: 900 muertos en año y medio
Al menos 900 muertes han ocurrido durante la ejecución y puesta en funcionamiento de la denominada Operación Liberación del Puebl0 (OLP) entre julio de 2015 y finales de 2016, de acuerdo con cifras del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Inti Rodríguez, miembro de la ONG, informó que en los próximos días la organización difundirá cifras de las víctimas de este programa estatal durante el primer trimestre de 2017.

El criminólogo Luis Izquiel, apoyado en las cifras de Provea, destacó que con las OLP no han disminuido los homicidios en Venezuela: “Es un operativo que viola los derechos humanos, como lo ha reconocido el propio gobierno, con las masacres en Barlovento y en Cariaco. Por eso es que le agregan la palabra humanista. Existen denuncias de ejecuciones extrajudiciales masivas. Además, no se puede olvidar que la primera OLP que se hizo en la Cota 905 fue para dar con el delincuente conocido como ‘El Coqui’, desde ese entonces, hasta el último procedimiento, que también era para dar con él, las autoridades no lograron el objetivo”.

Mientras tanto, grupos de familiares de víctimas de abusos de organismos de seguridad del Estado protestan y encuentran una causa común para organizarse y expresarse. El sábado 18 de marzo, decenas de personas se congregaron en estación del Metro en Palo Verde (este de Caracas) para exigir castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad. También pidieron el cese a la impunidad en Venezuela, donde 98 de cada 100 crímenes violentos no reciben justicia.

La actividad, amparada bajo el lema #ReacciónContraLaViolencia, estuvo organizada por la plataforma Acción Por La Vida. Madres, esposas, hermanas y abuelas, en su mayoría de Caracas, protestaron contra los procedimientos policiales con saldo de muertos. “No podemos seguir permitiendo que nos maten a nuestros hijos en los mal llamados operativos de seguridad, en los que pagan los más pobres”, dijo a El Pitazo Aracelis Sánchez, una de las líderes de la manifestación.

El hijo de Sánchez, Darwilson Sequera, fue asesinado en 2013 presuntamente por policías. Acusa a los funcionarios por su muerte y dice que la impunidad es la principal causa de la violencia desbordada. “Este baño de sangre nos afecta a todos. Nadie sabe quién será el próximo en caer. Mi hijo tenía 20 años cuando lo mataron en El Valle y no he parado de recorrer las instituciones: la Fiscalía, los Tribunales, la Defensoría del Pueblo. He ido a todas partes. Me reservo en nombre de los asesinos quienes participaron en un operativo de seguridad en El Valle en donde mataron a Darwilson. El caso está en Tribunales, pero hasta ahora no hay avances”.