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Violencia delictiva y política en Venezuela

 

Foto referencial tomada de El Carabobeño

Clarín

En Venezuela, unos de los países más violentos del mundo, se mezcla la violencia delictiva con la política. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia en 2016 hubo 28.479 muertes violentas, diez veces más que la media mundial. El sociólogo Roberto Briceño León dirige la institución que desde hace más de una década se ocupa de estudiar el fenómeno. Desde Caracas respondió a las preguntas de Clarín.

-¿Por qué cree que desde el exterior se informa los muertos de las protestas (unos 70 en los últimos dos meses) y no se refleja que casi el mismo número muere por hechos violentos en un fin de semana en Caracas?

– Imagino que es la excepcionalidad de la violencia política lo que llama la atención. Pero en Venezuela hemos tenido más muertos que en las guerras de Oriente Medio y no ha tenido tanta atención. Tampoco tiene tanta repercusión como la violencia en México y hay cinco veces más homicidios que en ese país, cuya tasa es de 18 por cada 100 mil habitantes (la de Venezuela en 92). Hoy en día tenemos las dos violencias juntas, la de la delincuencia y la del Estado.

-¿Cree que existe una relación entre los años de violencia delictiva e impunidad y cómo el Estado responde a las protestas?

– El vínculo está en las razones política que hay detrás de la acción del gobierno. Por más de una década el gobierno no reprimió el delito porque consideraba que la violencia era una expresión de la lucha de clase, eran los pobres contra los ricos. La realidad era que son pobres matando a pobres. También, en los últimos años, no hubo dinero estatal para comprar medicinas o alimentos pero sí hubo millones de dólares para comprar equipos de represión de protestas, sofisticados equipos antimotines, pero no asignaron partidas para dotar a las policías que se dedican a proteger a los ciudadanos. Ellos tienen más de la mitad de sus vehículos parados y no cuentan con armas para enfrentar a los delincuentes. La política de seguridad ha estado destinada a proteger al poder y al gobierno y no al ciudadano común, ni mucho menos a los pobres.