El Universal
Elvia Gómez
30 de abril de 2014
Exigen respeto a competencias de alcaldes y gobernadores
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó ayer al vicepresidente, Jorge Arreaza, su valoración y recomendaciones sobre el Plan de Pacificación, la variante número 22 de un plan de seguridad que se ejecuta en 15 años, recuerda el informe.
El amplio documento -que forma parte de los intercambios en el marco del diálogo político entre ambos sectores- critica que “los 10 puntos de este plan soslayan la que a nuestro juicio es la causa principal del aumento de la inseguridad en Venezuela: un 98% de impunidad”. Contextualizan con la cifra de homicidios de 1998, de 19 por cada 100 mil habitantes, que ahora oscila entre 54 y 79 por cada 100 mil habitantes, según la ONU o el Observatorio Venezolano de Violencia.
Destacan que el presupuesto nacional para seguridad es apenas del 1% del total y debe ser incrementado. Como parte de los correctivos, proponen la cobertura según lo previsto en la Constitución, de las vacantes por vencimiento del período de la Fiscalía General y de once magistraturas en el TSJ, así como la escogencia por concurso público de jueces y fiscales y que éstos tengan estabilidad en sus cargos y remuneración adecuada.
La MUD propone también aumentar el número de policías y permitir a gobernaciones y alcaldías acceso a dólares preferenciales para dotar a estos cuerpos adecuadamente y que esas compras estén exentas de IVA. Piden revisar la resolución N° 017359, que limita el porte de armas a estos cuerpos a “pistolas 9mm y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios”. “Los policías libran una guerra desigual contra los delincuentes, quienes muchas veces poseen armas de altísima potencia”, denuncia el informe.
Para la MUD la lucha efectiva contra la delincuencia “pasa por darles un papel protagónico a los alcaldes y gobernadores, respetando sus competencias” y que el Ministerio de Interior “no continúe interviniendo, de manera inconsulta y arbitraria, las policías municipales y estadales”.
La MUD plantea que la FAN “no debe participar en labores cotidianas de seguridad ciudadana”, pues según el artículo 332 de la Constitución, esto corresponde a fuerzas civiles. Reclaman asimismo “afianzar la política de desarme de las bandas violentas”.
Sobre los planes oficiales “Movimiento por la Paz y la Vida” y “Hagamos la paz”, la Mesa estima que “deben ser estructurales y no coyunturales”. Mientras que sobre los denominados “Territorios de paz”, advierten que “han sido interpretados por las bandas delictivas como territorios de impunidad en los cuales las fuerzas policiales se ven impedidas de ejercer su autoridad”,
En materia de desarme, la Mesa insiste en aplicarla a “las agrupaciones paramilitares o ‘colectivos’ armados” así como a “los pranes” y bandas armadas dentro de los penales. “Varios de los artículos de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, no están siendo aplicados cabalmente”.