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En Lara 2019 comenzó con altos niveles de violencia policial

Foto referencial, cortesía La Prensa de Lara

Prensa OVV Lara

 El mes de enero de 2019 terminó con altos niveles de violencia policial en el estado Lara. Según las estadísticas del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Lara, del total de los hechos violentos, 40,4% fueron cometidos por los cuerpos policiales. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lideraron el protagonismo de las actuaciones con 52% del total de delitos cometidos por algún organismo policial. Los asesinatos bajo el argumento de “resistencia a la autoridad” se mantienen en ascenso y nada apunta a que la política de extermino cese en la entidad larense.

Los casos que más resaltaron durante el primer mes de este nuevo año fueron los tres asesinatos realizados en el marco de las protestas del 23 de enero en la ciudad de El Tocuyo, en el municipio Morán, y los otros tres cometidos en la ciudad de Carora en el municipio Torres.

El terror de las FAES como defensa del poder

Durante 2018, la sistemática política de exterminio dejó como consecuencia, además de muchas vidas perdidas, miedo al poder. Este año arrancó con la misma tendencia, pero esta vez las actuaciones dejaron en evidencia que no solamente las FAES cumplía el papel de asesinar presuntos delincuentes, sino que actuaban por la defensa del poder. El 10 de enero las FAES allanaron y destrozaron las residencias Antonio José de Sucre, conocida como una de las más activas en la protesta política en Barquisimeto. Más de 60 funcionarios entraron a las viviendas y causaron daños físicos y psicológicos a sus habitantes. A partir de ese día han mantenido una alcabala frente a las residencias, la cual se ha convertido en una pre presencia perturbadora para los que allí viven.

Toque de queda

En Carora, un comando se dirigió hacia el sector Calicanto tras la divulgación de un audio donde “supuestos cabecillas de la zona planificaban una toma a la alcaldía en apoyo a las acciones del 23 enero en todo el país”. Algunos vecinos y familiares de las víctimas manifestaron que el audio se grabó a modo de broma y fue divulgado hasta llegar a oídos de quienes, sin ningún tipo de averiguación, en contra de los procedimientos legales, violando derechos humanos, asesinaron a dos jóvenes caroreños del mencionado sector.

El modo de acción para esta operación tiene similitud con el que durante el año 2018 se registró en el Observatorio de Prensa. Sin embargo, hay evidencias de mayor maltrato y crueldad en las operaciones. En conversaciones realizadas con informantes claves se referían a los hechos como toque de queda. “Llegaron y cubrieron un espacio de acción bastante amplio y sometieron a los vecinos que podían tener visibilidad del allanamiento que iban a realizar en casa de la familia Ramos; fue un toque de queda por más de 7 horas”, comentaron los informantes.

Funcionarios de las FAES entraron a la casa de la familia y golpearon a los familiares de la víctima. A su hijo, sobrinos, padre, madre, esposa y hermana los separaron en distintos cuartos, distrayéndolos con insultos y golpes. Mientras algunos de los más de cuarenta funcionarios que formaron parte de la operación sometían a los familiares, otros construían la escena del crimen, moviendo y destruyendo muebles del hogar. Luego de más de cuatro horas de sometimiento, sacaron a los familiares de la casa y los llevaron hacia las afueras del sector. Cuando regresaron con la idea de salvar a Luis Ramos, los mismos funcionarios los apuntaban con armas largas para evitar que se acercaran a lo que sería la escena del crimen. Horas después del asesinato, cuando la familia finalmente pudo entrar de nuevo a su hogar, encontraron evidencias de la forma como el CICPC construyó las pruebas de lo que estos cuerpos de seguridad del Estado denominaron muerte por “resistencia a la autoridad”.

Cumplidas las siete horas los familiares de Luis se enteraron que se encontraba en la morgue del hospital Pastor Oropeza de la ciudad de Carora, con politraumatismo y un disparo en el tórax. La película de terror de ese día culminaría con la ausencia eterna de un miembro de su familia.

“Eduardo salió a buscar a su amigo”

De igual forma, su amigo Eduardo, quien al enterarse de la situación salió a percatarse si su vecino había sido llevado al CDI como le aseguraron otros habitantes de la zona, fue interceptado por funcionarios, llevado a un callejón del sector y asesinado por miembros de las FAES. Sin embargo, según los reportes policiales, Eduardo se enfrentó a los funcionarios, quienes se vieron en la necesidad de dispararle.

Las operaciones realizadas en El Tocuyo tienen las mismas características. La injusticia de estas actuaciones mantiene indignados a los habitantes de estas dos importantes ciudades del estado.