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En Lara recrudece la crisis penitenciaria

uribana laraPrensa OVV-Lara
Los hechos suscitados entre la segunda quincena de marzo y la primera semana de abril dan cuenta de la grave situación penitenciaria en el estado, tal y como lo constató el Observatorio de Violencia Lara en su seguimiento a la prensa regional.

El día 15 de marzo en la comunidad penitenciaria Fénix, los reclusos iniciaron un motín que tuvo una duración de 45 minutos y en el cual resultaron cinco personas fallecidas -un custodio entre las víctimas fatales- y 57 lesionados.

Dos días más tarde en el centro penitenciario David Viloria -conocido como Uribana- comenzó una situación irregular en la perdió la vida otro custodio al que le sujetaron una granada al rostro y, con los ojos vendados, lo hicieron caminar hasta que tropezó y explotó el artefacto. Por dos días los reos mantuvieron secuestrados a 18 funcionarios.

Paralelamente, en los calabozos de la comandancia de policía del estado Lara, PoliLara, 160 reos iniciaron una huelga de sangre, en apoyo a sus pares en Uribana. Según fuentes oficiales de la gobernación en las 16 unidades y/o centros de coordinación policial que dependen de la gobernación el hacinamiento llega a 271.2%, lo cual impide el control y orden dentro de cada centro de reclusión. Para finales del mes de marzo en estos centros cuya capacidad es de apenas 257 personas estaban recluidos 957.

El 31 de marzo 120 privados de libertad que se encuentran en las instalaciones del CICPC tuvieron un conato de motín, situación que fue controlada mediante el uso de gas lacrimógeno, según los testimonios dados por los familiares de los reclusos.

Entre el 15 de marzo y el 10 de abril en el centro penitenciario Pablo Herrera Campis -conocido como el retén de menores de El Manzano- decapitaron a dos internos en medio de hechos de violencia, riñas y huelgas de sangre.

A la OVV Lara le llama poderosamente la atención que los hechos en los diversos centros de reclusión, tienen como origen las exigencias de traslados de reclusos –pranes- a centros con régimen abierto, es decir, donde los recluidos tienen el control absoluto. Asimismo reclamos a las autoridades para que los familiares se encarguen de la alimentación de los internos, alegando que la distribuida por la institución oficial es insuficiente. Se da el caso también de la pretensión de la visita conyugal, en el centro penitenciario para menores de edad Pablo Herrera Cámpis.

Existen también denuncias de familiares y reclusos en cuanto a torturas llevadas a cabo en las instalaciones de Fénix y David Viloria, así como la existencia de armas, drogas y explosivos, y, en contraposición, la ausencia de las autoridades con competencia nacional en materia carcelaria.

Según el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Lara, sociólogo Carlos Meléndez, “el retardo procesal, la tergiversación social del castigo, el hacinamiento, y el control absoluto de las bandas que hacen vida en las cárceles venezolanas, son elementos causales de la crisis carcelaria”.

Meléndez, investigador de la Ucla, afirma que las autoridades venezolanas han cedido a las peticiones de los llamados pranes, y desde el discurso han expresado un posicionamiento débil por no decir complaciente ante los abusos cometidos por los privados de libertad que controlan, de forma ilegítima, la vida de las instituciones carcelarias. “El bajo costo del delito, permite que los delincuentes encuentren mayores posibilidades de cometer los actos atroces que han venido realizando, convirtiendo a los centros de reclusión, es espacios para el delito organizado.