Portada / NOTICIAS OVV / Entre 32 y 34% de la población no aprueba los linchamientos

Entre 32 y 34% de la población no aprueba los linchamientos

La conferencia se realizó en la concha Acústica de Bello Monte, Caracas
La conferencia se realizó en la concha Acústica de Bello Monte, Caracas

Elsa Pilato
Observatorio Venezolano de Violencia

Según los estudios del Observatorio Venezolano de Violencia, entre 32 y 34 por ciento de la población no aprueba los linchamientos, dijo Roberto Briceño León, director del OVV durante una conferencia organizada en el marco del programa Ciencia en la calle de AsoVAC, capítulo Caracas.

Hace unos años, señaló Briceño León, los linchamientos se cometían contra personas que habían cometido delitos atroces, como violaciones de niños y personas con discapacidad. “Esto cambió, más de 60 por ciento los aprueban. El hartazgo, desesperación y angustia y la ausencia de Estado en la tarea de proteger a las personas, hacen que la sociedad reaccione fuertemente, y el resultado es una sociedad más violenta”.

Ante la inmensa impunidad, indicó, de más del 90 por ciento, “la gente reacciona de manera espontánea, y otras personas lo hacen de manera no tan espontánea, porque el sicariato y la acción extrajudicial de la policía también han aumentado”.

Para Briceño León, “cuando se destruye la institucionalidad y el pacto social, regresamos al primitivismo, a tomar la justicia por mano propia, al uso de la fuerza; las normas, leyes, tribunales y contratos quedan apartados, se abandonan ante la fuerza de la violencia y ante la necesidad de defenderse que la gente asume como un derecho legítimo”.

Destrucción intencional del pacto social
De acuerdo con Briceño León, la destrucción de la institucionalidad y el pacto social en Venezuela en los últimos 17 años ha conducido a un proceso de organización mayor y más poderosa del delito.

El alto nivel de organización del delito es uno de los motores de la violencia en el país y surgió como consecuencia de la destrucción de la normatividad de la sociedad, del pacto social y la institucionalidad. “La asociación que venía haciendo la criminología crítica, parte de la sociología y la ciencia política, entre pobreza o desigualdad y violencia o delito, no ocurre en Venezuela. El gran incremento de los homicidios se registró entre 1999 y 2012, el período de mayores ingresos petroleros de la historia; el momento de mayor riqueza fue el del mayor número de homicidios. Lo que sucedió en Venezuela no tiene que ver con la pobreza, sino con la destrucción institucional que realizó intencionalmente el gobierno por motivos políticos y revolucionarios: que existiera violencia en el país no era malo porque había que fomentar la lucha de clases.

Pero no pasó de esa forma, no hubo ricos matando pobres ni pobres matando ricos”.

En este proceso se ha dado un cambio en la manera de actuar de los delincuentes que se refleja en la aparición de bandas con alto número de miembros y una estructura organizada dedicada a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas, las cuales han sustituido al delito depredador, de pandillas que se dedicaban al robo. “Las bandas venden protección, le dicen al comerciante o al autobusero: ‘no te queremos robar, no te queremos secuestrar, páganos tanto todas las semanas’. La dinámica de la extorsión se ha ido imponiendo en las ciudades”.

La extorsión, explicó el también director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), permite a las bandas contar con regularidad en los ingresos y consolidar los fines de la organización. “Son grupos más numerosos actuando, de más de 100 personas; fuentes policiales aseguran que, por ejemplo, El Picure cuenta con más de 600 miembros”.

El nivel de organización y la obtención de grandes cantidades de dinero lleva a otras dinámicas: compra de armas, compra de policías u otros funcionarios, y lavado de dinero. “Los grupos necesitan insertar el dinero en el mercado legal para poder usarlo y entonces hace falta algún nivel de combinación e implicación con los negocios formales y con funcionarios del gobierno”.

Paralelamente, destacó Briceño León, en los dos últimos años comenzó a aparecer un fenómeno nuevo: el delito amateur o no profesional. “Hemos notado un incremento de los casos de individuos que no son delincuentes profesionales, no viven de ser delincuentes, sino que cometen un delito de una manera casual y oportunista”.

Briceño León explicó que si bien no hay evidencia de que la pobreza lleve a una persona a delinquir, “el empobrecimiento y la situación de crisis económica que padece el país, conduce a muchos a incursionar en el delito amateur, a convertirse en rateros”.

El director del OVV dijo que “esto se traduce en mayor violencia. Los casos que hemos estudiados de linchamientos se producen frente a estos individuos, los rateros, porque a los miembros de una banda no los pueden linchar, andan en grupos y fuertemente armados”.

La violencia no es una maldición
Para Briceño León, la violencia no es una maldición, es consecuencia de políticas equivocadas. “Con políticas adecuadas podemos tener un cambio, sí es posible. Me atrevo a decir responsablemente que podemos reducir a la mitad la tasa de homicidios en poco tiempo, pero debemos unir el país, todos los sectores políticos y sociales deben unirse en un pacto, en un cambio de dirección política con una visión de refuerzo de la institucionalidad”.