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Indígenas huyen del municipio Gran Sabana tras persecuciones

Santa Elena de Uairén, enero2019. Foto cortesía de La prensa de Minnesota

Prensa OVV Bolívar

 Zozobra, represión, balas, detenciones, heridos y muertes fue el saldo de horas de confrontación en Santa Elena de Uairén al sur del país, durante la espera del ingreso de la ayuda humanitaria.

Cinco personas murieron en el municipio Gran Sabana tras los hechos registrados en la población ubicada al sur del estado Bolívar, entre el 22 y 23 de febrero. La primera víctima fue Zoraida Rodríguez, madre de seis hijos.

Los otros fallecidos fueron José Francisco Hernández Rodríguez, de 25 años, quien cayó en el sector Cuatro Esquinas en el centro de Santa Elena de Uairén, ante la mirada de algunos habitantes que no pudieron hacer nada; y José Esley Pérez Márquez, de 20 años, quien fue asesinado en las inmediaciones de Escamoto.

Mientras que el cuarto fallecido fue José Gregorio Barrios Carrasco, de 23 años; su caso no se conoció hasta el domingo, cuando funcionarios del CICPC trasladaron su cuerpo desde el comando de la GNB hasta la morgue. Según fuentes policiales, fue asesinado frente al comando militar.

Hubo una quinta muerte, la de Kliber Pérez, herido el 22 de febrero y falleció en Boa Vista (Brasil) cinco días mas tarde. Era guía, cocinero y porteador de Roraima. Vendía hamburguesas con su esposa en el poblado indígena y era padre de dos hijos.

Los cinco fallecidos más una veintena de heridos fue el resultado de la represión desmedida de los funcionarios militares. En torno a estas cifras no hay un pronunciamiento oficial, tampoco sobre cómo marchan las averiguaciones.

El Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar denuncia la persecución a la cual han sido sometidos los habitantes de la población ubicada al sur del país,  muchos de los cuales han tenido que abandonar sus hogares, a través de trochas, con destino a Brasil, por temor a represalias.

“Acciones como éstas exigen una urgente revisión del protocolo del Estado para la contención de disturbios y manifestaciones públicas; el uso excesivo y abusivo de la fuerza es una flagrante violación de Derechos Humanos. Bajo ninguna circunstancia se justifica que la comunidad haya sido víctima de represión con perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas; la mayoría de las víctimas son miembros de la comunidad indígena Pemona a quienes, además, se le violaron sus derechos a hábitats y espacios originarios”, acotó la coordinadora del Observatorio de Violencia en el estado Bolívar, María Virginia Alarcón.    

Aunado a eso, el OVV Bolívar ha recibido denuncias de irregularidades en cuanto a la presentación de las más de 30 personas que fueron detenidas durante esos días. Ni los cargos o identidades completas se conocen, dejando en evidencia la violación de sus derechos humanos.

Según Alarcón, para la fecha se ignora si ha sido detenido algún funcionario por tles acontecimientos. El Hospital General de Brasil ha reporta otros heridos de bala y , paralelamente se sabe que aproximadamente 100 indígenas han huido hacia la selva por temor a las represalias por parte de efectivos castrenses. La frontera con Brasil aún permanece cerrada.