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Intentos de linchamientos en Táchira: expresión del control social maligno

Diario de los Andes
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Prensa OVV Táchira

Lo amarraron con un mecate a la reja de una ventana, por más de 20 minutos lo golpearon con cascos integrales y patadas, pretendieron desnudarlo y tenían intención de rociarle gasolina y prenderle fuego. La víctima fue un presunto delincuente, y los victimarios, personas nada habituales en las secciones de sucesos.

Fue en la mañana del lunes 9 de mayo en La Concordia, San Cristóbal, cuando alias “el colombiano Gabriel”, tenía en sus manos un destornillador y una llave maestra, con la que intentaba abrir un vehículo, presuntamente para desvalijarlo y robarle los accesorios, lo que se convirtió en la causa para que numerosas personas se sumaran a la reprimenda contra él y le propinaran una paliza, que no llegó a mayores consecuencias por la intervención de la Policía del estado Táchira.

Tal suceso se suma a otro conato de linchamiento en el mes de mayo en la región; el segundo caso fue el de dos antisociales motociclistas que se salvaron de ser linchados por una turba, cuando funcionarios de la policía regional los capturaron, instantes después que golpearan con una pistola a una comerciante, en el sector de Pirineos I. Ambos hechos fueron reseñados por el Diario La Nación.

“El linchamiento no es una modalidad delictiva que tenga su origen en el Táchira, aún no tenemos registro histórico sobre este delito en el estado”, expone la criminóloga Ana María Rondón.

Esos delitos no corresponden a la cotidianidad de una entidad popularmente caracterizada por su cordialidad, pero intentos de este tipo de crimen han empezado a ocupar espacios de manera progresiva en los diarios de la región. Una situación alarmante.

La Patilla.com
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Desconfianza en la autoridad
Rondón explica que estos episodios son “expresión clara y evidente del fracaso de las instituciones de control social formal”. Para la criminóloga “el aumento de la percepción de inseguridad y la desconfianza en los órganos de seguridad, hacen que la gente se defienda con lo que consiga”.

Realidad que se confirma con los resultados del estudio Táchira en cifras 2015. El contrabando en las ciudades de frontera desde la perspectiva de la institucionalidad, realizado por el Observatorio Social del estado Táchira (OSET), en el cual se valoró el nivel de confianza en las instituciones públicas: todas las evaluadas, desde el gobierno nacional, regional y local, hasta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los tribunales, generan nada de confianza a más de 60 % de los encuestados.

La institución en la que menos se confía es el sistema carcelario. “Se puede entender que el tachirense no cree que las cárceles sean capaces de conseguir un verdadero cambio en los delincuentes, pues estas han sido calificadas como escenarios del mal”, concluye la publicación.

Ante esta falta de confianza en el andamiaje institucional, las personas parecieran ver más factible tomar justicia por sus propias manos. Según el trabajo de la OSET, 52,4 % de los encuestados está de acuerdo en ejercer justicia civil, y 37,5% están de acuerdo con el linchamiento, porcentaje de aceptación que se eleva levemente en las ciudades metropolitanas.

Realidad que se ilustra en el caso de un transportista, que luego de ser secuestrado en su unidad de transporte un par de veces por el mismo sujeto, no dudó en tomar la justicia por sus propias manos.

“A mí me secuestraron dos veces la unidad, me amarraron en Nombramiento, duré dos días ahí amarrado, después el mismo tipo me volvió a secuestrar la unidad, luego lo ví en una cola de gasolina, y ahí agarré el bate y me le fui. Con el primer batazo le di en la cabeza, y cuando los compañeros míos ven el alboroto se le van para encima y lo golpeamos entre todos. Llegó la Guardia preguntando qué pasó, y les dije que me había robado el equipo, yo fui y le arranque el equipo al carro y se lo mostré que me lo habían sacado, entonces el guardia dice denle puras patadas y golpes, no le den ni con palos ni bates, pero hay alguien que tiene que ir a denunciarlo”.

Este profesional del volante sirvió como informante clave para el estudio de Fortalecimiento de la cultura ciudadana sobre los derechos a la seguridad y a la integridad física, que lleva a cabo el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), y a quien se le reservó el derecho al anonimato por razones de seguridad.

La respuesta es reducir la violencia
Para el abogado Jesús Berro, ex director de la Policía del estado Táchira “es entendible que las personas quieran tomar la justicia por sus propias manos, ante la percepción de corrupción en las instituciones”, sin embargo considera que el linchamiento no es la vía, “pues significan volver al primitivismo, a aquella situación anterior a la que se le otorgara el monopolio de la violencia al Estado, las personas pueden aprehender al criminal y entregarlo a la policía y luego velar para que se haga justicia, eso sí es control social efectivo”, explicó.

En la misma línea el sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia Roberto Briceño León, explica que “toda respuesta a la violencia debe buscar no incrementarla, sino reducirla, esa es la gran regla de prosperidad y mejoría social, si en la respuesta buscamos más violencia no se está en la dirección adecuada”.

Pese a presentarse como un medio idóneo para ejercer la justicia que no imparten las instituciones formales, “los linchamientos son expresiones del control social informal maligno, la sociedad lo hace para protegerse de la delincuencia pero para términos negativos de la misma sociedad”, explica Ana María Rondón.

La principal variable afectada por este tipo de ajusticiamiento civil es la unión de la sociedad, ya que “obstaculizan la interacción y vinculación de los ciudadanos, entorpeciendo las actitudes para la cohesión social y el fortalecimiento del capital social, producto de que las expectativas de los ciudadanos no son alcanzadas y su cumplimiento no es facilitado por las instituciones públicas, lo que hace surgir la desconfianza acompañada por intolerancia, desesperanza y frustraciones”, explica la politóloga Jessy Aleta, investigadora del OVV-Táchira.

Aun con las múltiples apreciaciones de profesionales en torno al efecto negativo para la sociedad que traen consigo los linchamientos, “es difícil explicárlo a la gente, más aún cuando no hay una actuación policial que brinde protección, la sociedad no siente que la policía está de su lado, y por ello ésta empieza a decir lo hago yo por mi propia cuenta”, como lo explica Briceño León.