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La criminalización de la racialidad

Disturbios en Ferguson, Missouri, por asesinato de afroamericano - Imagen tomada de es.sott.net
Disturbios en Ferguson, Missouri, por asesinato de afroamericano – Imagen tomada de es.sott.net

Contrapunto

por ESTHER PINEDA G.

Miércoles, 12 de Octubre de 2016

La racialización de la criminalidad ha servido como justificación para el ejercicio de la brutalidad policial y el uso desproporcionado de la fuerza letal contra la población afrodescendiente, como consecuencia de estereotipos y prácticas racistas

En la sociedad contemporánea, agentes socializadores como la familia, la religión, la escuela y principalmente los medios de comunicación, a través de sus discursos y representaciones han contribuido significativamente a la construcción, legitimación y sedimentación en el imaginario colectivo de prejuicios y estereotipos sobre la población afrodescendiente. Este grupo desde los contenidos audiovisuales con frecuencia es presentado como una amenaza, al constituirse desde la perspectiva de la ideología racista como la fuente del crimen, la desviación social, los problemas, el conflicto, el consumo y tráfico de drogas, asaltos, robos, comisión de delitos sexuales, contra la propiedad, entre otros.

Los medios de comunicación han ayudado a construir el prejuicio de la “delincuencia étnica”, es decir, a la racialización del crimen, pero también, a la criminalización de la racialidad. Como bien afirma Teun Van Dijk en su ensayo El discurso y la reproducción del racismo, en las noticias, con frecuencia a la población afroamericana “se los describe como gente que tiene problemas, por ejemplo, de vivienda, educación, empleo, o seguridad social (y que, por lo tanto, necesita ayuda extra) o que causa problemas por ejemplo, cuando protesta o hace manifestaciones, o peor aún, cuando se involucren crímenes y drogas. E inversamente, cuando se trata el problema de la drogadicción o la criminalidad a menudo se lo asocia con las minorías, sobre todo con la de los jóvenes negros”.

No obstante, estos discursos y representaciones estereotípicas y estigmantizantes cobran vida en la dinámica cotidiana de la sociedad latinoamericana y caribeña, dando paso a formas de discriminación, exclusión y desconfianza contra la población afrodescendiente en los diferentes espacios de sociabilidad; al considerarlos como una potencial amenaza física, sexual y material.

Estas prácticas de discriminación y desconfianza no solo son reproducidas por sujetos aislados en los espacios públicos, por el contrario, se han constituido como una constante en instituciones públicas y privadas a través del reforzamiento de las políticas de seguridad cuando de población afrodescendiente se trata; se les aborda de manera hostil, se les pregunta de forma repetida y con mayor insistencia -con respecto a otros sujetos no racializados- hacia donde se dirigen y para qué acuden a dicha institución. Así mismo, como pone en evidencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe La situación de las personas afrodescendientes en las Américas “la seguridad privada que opera en comercios ejercería un control más intenso respecto de personas afrodescendientes, incluso mediante el requerimiento de documentos de identificación y la realización de requisas”.

Ahora bien, la prevalencia de estereotipos y prejuicios sobre la población afrodescendiente, y su asociación directa a la criminalidad en el imaginario colectivo, también ha favorecido por parte de los funcionarios y las fuerzas de seguridad formales de los Estados, el establecimiento de “racial profiling”, es decir, perfiles raciales, los cuales según la CIDH se definen como: Una acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o protección pública y está motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas, que tiendan a singularizar de manera discriminatoria a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos.

Estos perfiles raciales -cuyo única fundamentación son las ideologías racistas y las ya desestimadas teorías que afirmaban una predisposición natural de los sujetos racializados al crimen-, se han convertido en una práctica habitual para la realización de redadas en los sectores populares, requisas callejeras, interrogatorios, cacheos, la obtención de confesiones reales o ficticias, el encarcelamiento y el asesinato de presuntos delincuentes; como un mecanismo para mostrar indicadores de éxito en las actividades de prevención del delito, aumentar las cifras de detenciones y demostrar a la sociedad que los esfuerzos de los gobiernos de la región en materia de seguridad dan resultado.

Aunado a ello, la racialización de la criminalidad ha servido como justificación para el ejercicio de la brutalidad policial y el uso desproporcionado de la fuerza letal contra la población afrodescendiente, como consecuencia de estereotipos y prácticas racistas mantenidas por funcionarios de las fuerzas de seguridad de los Estados.