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¿Nueva Ley de Policía?

Luis Gerardo Gabaldón
Luis Gerardo Gabaldón

LUIS GERARDO GABALDÓN

luisgerardogabaldon@gmail.com

En materia de seguridad pública el político navega veloz porque los temas de esa agenda son cambiantes y las oportunidades para proponerlos inestables. Por lo que se refiere a la policía venezolana, los diagnósticos, aportes conceptuales y la amplitud de la consulta pública permitieron que la reforma de 2006 reflejase un proyecto autóctono, ampliamente investigado, debatido, difundido y con una base de acuerdo político que ha rebasado la polarización ideológico partidista de los últimos años: el Gobierno, después de algunas vacilaciones, comenzó a aplicarla y la oposición nunca se opuso a ese desarrollo. Ahora la Asamblea Nacional ha aprobado en primera discusión un proyecto de reforma centrado en seis cuestiones: la ampliación de armamento y recursos tácticos a las policías estadales y municipales, la minimización de la función rectora del Ejecutivo Nacional, la incorporación de un registro nacional de policías destituidos, para evitar su reciclaje, la restricción de utilización de escoltas personales entre los funcionarios policiales, la eliminación de zonas de paz donde la policía se abstendría de actuar y la implementación de un portal electrónico de acceso público para imputados de alta peligrosidad.

Los cuatro últimos aspectos de la reforma propuesta, independientemente de su justificación y conveniencia, no requieren ningún cambio en la estructura normativa vigente, sino su aplicación efectiva; de hecho, en el registro nacional de funcionarios que lleva el Viceministerio del Servicio de Policía se encuentra todo el historial de cada policía, incluyendo su causal de retiro; la utilización indebida de escoltas ha sido una práctica perniciosa de considerable antigüedad cuya eliminación no se logrará por una norma legal, por lo demás ambigua; el establecimiento de las llamadas zonas de paz representa una violación de la legislación actual en cuanto a la universalidad y no interrupción en la prestación del servicio de policía, y un portal electrónico de búsqueda, cuestión discutible en cuanto a efectividad y abusos, no requiere la reforma de una ley orgánica de policía. En cuanto a la dotación de armamento táctico a las policías estadales y municipales se estarían violentando los criterios y niveles de intervención previstos en el capítulo VI, Capítulo II de la ley actual, y por lo que se refiere a la rectoría del Ejecutivo Nacional, la corrección de los excesos dentro de esta función necesaria no serán efectivos mediante enunciados legales sino por el incremento de una función de control y supervisión. Corresponde a la Asamblea Nacional el ejercicio de esta función, más allá de sus facultades legislativas, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del art. 187 de la Constitución, que algunos representantes o allegados gubernamentales pretenden desconocer o minimizar.