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OVV Táchira: funcionarios implicados en un tercio de las muertes violentas

En los 215 casos registrados hasta agosto de 2018 por el Observatorio Venezolano de Violencia Táchira, se ve un incremento alarmante de la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad como perpetradores de los delitos más graves.

De acuerdo a los datos registrados en agosto, en 30.4% de los sucesos los victimarios fueron identificados como funcionarios de organismos de seguridad. Esto posiciona al octavo mes del año, como aquel donde ha habido mayor participación de los funcionarios de seguridad en hechos de violencia ocurridos en el Táchira.

En el registro realizado por el OVV se tomaron en cuenta diferentes cuerpos de seguridad existentes a nivel nacional, sin embargo tres organizaciones policiales  específicas aparecen en las estadística con mayor frecuencia.

Anna María Rondón, criminóloga e investigadora del OVV Táchira, informó que los funcionarios con mayor participación en homicidios son los del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), seguidos  del Grupo Antiextorsión y Secuestro, conocido por sus siglas como GAES.

Resalta que en el registro de los sucesos de violencia también se ha visto la aparición de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), grupo que ha cobrado protagonismo en los últimos meses del año. De acuerdo a la investigadora, las FAES es el organismo que ha asesinado a más delincuentes en el Táchira durante al menos los últimos tres meses del año. En la lista siguen los funcionarios del Cicpc y en tercer lugar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Estas declaraciones están respaldadas por las cifras manejadas por el OVV: en los 23 sucesos registrados en el mes de agosto, hubo una participación de funcionarios de la PNB en 13% de los casos, seguido del Cicpc, que actuó en 8.7%. Además hubo intervención de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y FANB, y para cada uno de ellos la participación fue en 4.3% de los hechos que se registraron.

Violencia policial y militar

Para Rondón la violencia policial o militar está entendida como aquella agresión o acto violento propinado por un funcionario que tiene un investimento de seguridad, es decir, que pertenece a un organismo de seguridad ya sea de corte policial o militar.

Aunque indica que este tipo de violencia ha estado presente desde hace algún tiempo en el estado Táchira, gracias a los datos recolectados por el OVV, se ha podido concluir que esta ha tenido un aumento significativo en los últimos meses.

En agosto pasado la violencia policial fue la segunda más frecuente en el estado andino, con 30,4% de los casos. El primer lugar lo ocupó, como en meses anteriores pero por muy poca diferencia,  las violencia delincuencial con 34,8%.

De los hechos donde hubo violencia de organismos de seguridad, el móvil más registrado fue el ataque a cuerpos de seguridad, que representa un 21.7% de los tipos de móviles que se presentaron en el mes. Y, además, en algunos casos se manifestó resistencia a la autoridad, la cual se presentó en 4.3% de los sucesos.

Es decir, la violencia manifestada por los funcionarios, al menos en los acontecimientos registrados, ha sido como consecuencia de enfrentamientos. Es importante resaltar, que en la mayoría de los enfrentamientos armados donde actúan funcionarios de seguridad como victimarios, las víctimas son mortales, y no heridas, desarmadas o capturadas.

Crisis de gobernabilidad

Jessy Aleta, politóloga e investigadora del OVV Táchira, explica que el incremento de la violencia policial y militar puede deberse a la situación de ingobernabilidad que se ha generado por acción u omisión del gobierno nacional. “Hay algo que se aplica en la administración pública que se llama gobernabilidad, que es precisamente la capacidad que tienen los gobiernos para dar respuesta de manera eficaz y efectiva antes los problemas de la comunidad. Cuando el gobierno pierde la capacidad de dar esas respuestas oportunas eso se transforma en ingobernabilidad”, afirma Aleta.

De acuerdo a la investigadora, esta situación de incapacidad para solventar problemas pone en duda “la pericia de la gestión pública”, la cual se define como una situación donde el gobernante tenga las habilidades y destrezas para dar respuestas asertivas a los problemas, sin que eso genere más inconvenientes.

Otro punto que resalta refiere a la legitimidad política, es decir, que haya instituciones, y que esas sean incluso mejores que otras que existieron en el pasado. “Si las instituciones son las mejores y para mí, esa institución es la mejor, pues yo voy a confiar en todas las normas y estructuras que establezca el Estado para solventar el problema. Pero eso no pasa en Venezuela” asevera Aleta.

La ausencia de esos elementos genera una “fragilidad institucional”, que contribuye al clima de ingobernabilidad. Y dentro de las características de la ingobernabilidad, aparecen medidas que generan otros problemas como deterioro social y desconfianza,  no solo hacia las instituciones, sino hacia los ciudadanos en general.  Por ello, para la investigadora, la violencia que ejercen los funcionarios de seguridad, es una consecuencia de la falta de instituciones justas por parte del Estado,  que vayan de la mano con los valores de la dignidad humana.

Aleta reitera que esta situación de violencia actual “es una falla estructural, es una falla de las instituciones sociales. Es respuesta también de la crisis democrática propia que está viviendo el Estado venezolano y el gobierno nacional, porque la democracia también se mide por el buen funcionamiento de las instituciones”.

Escasas denuncias

Para el mes de agosto, en 34.8% de los casos, se realizó la denuncia a los organismos correspondientes. Sin embargo, de estos hechos donde se han realizado denuncias o hubo homicidios, se conoce que en tan solo 17.4% de los acontecimientos existe una actuación policial en curso.

Para Aleta, el bajo índice de denuncias podría verse relacionado con el tema de la desconfianza generada por la ingobernabilidad. Asegura que actualmente se da un fenómeno propio de violación de los derechos humanos, especialmente de aquellos afectados directamente por la violencia policial y militar, que son el derecho a la vida y derecho al debido proceso. A su vez, esto genera desconfianza institucional, indisciplina social, agudización de la violación de los DDHH y deterioro social.

Asimismo, la investigadora del OVV sostiene que la actuación del Estado a través de los funcionarios de organismos de seguridad, puede impactar a los ciudadanos a nivel psicológico, “porque las respuestas que da el Estado a los problemas no son eficientes, no son eficaces, ni apuestan a la reconstrucción social; sino que más bien alejan y están haciendo perder de vista que, dentro de la sociedad, todos somos humanos”.