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Personas con necesidad de protección internacional son vulnerables ante la crisis venezolana

Prensa OVV Táchira

En un mundo donde la violencia ha obligado a muchas personas a huir de su país de origen, en el OVV Táchira y a propósito del Día Mundial del Refugiado, nace la iniciativa de llamar la atención sobre las personas que día a día cruzan la frontera huyendo del conflicto armado. Si bien están en mejores condiciones al llegar a nuestro país, la incapacidad del Estado para garantizar sus derechos básicos, el conflicto fronterizo por el control del paso de mercancía y personas, no hace su futuro más tranquilizador o esperanzador.

En los últimos años y, pesar de toda la situación económica, política y social que atraviesa Venezuela, es difícil imaginar que existan personas cuyas condiciones de vida en sus países de origen estén tan comprometidas que prefieran cruzar la frontera, dejar sus posesiones, su vida y todo lo que les es familiar porque regresar, simplemente no es una opción aceptable sobre todo, si conservar la vida depende de ello. Empero, ese escenario no está muy alejado de la realidad. Está sucediendo. Las personas con necesidad de protección internacional (PNPI) aún existen, están ahí, cruzando la frontera, necesitando ayuda y con cada día que pasa, escribiendo un capítulo más de la narrativa fronteriza la cual sería inimaginable sin ellos.

Venezuela era un país conocido por dar abrigo a generaciones de familias provenientes de países en conflicto como Portugal, España, Italia y sobre todo Colombia. Con el pasar de los años y la acuciante crisis económica, social y política en la que actualmente está sumido nuestro país, el panorama no podría ser distinto e incluso, se puede alegar que el panorama ahora es hacia la inversa.

De acuerdo con Mariela Mora, abogada y consultora en asuntos de refugiados para el Observatorio Social del Táchira, “sigue habiendo personas con necesidad de protección internacional aquí (en el Táchira)”. Y -continúa la abogada-, “allá las garantías aún no están dadas por más que haya un proceso de paz. El que verdaderamente fue víctima, que le mataron a sus familiares o lo despojaron de sus tierra o fue amenazado, esa persona no quiere volver a pesar de que aquí la situación no es la misma que hace muchos años y Venezuela era un escenario pujante y amable”.

La PNPI es un individuo que sale o abandona su país de origen porque existe el temor –infundado o subjetivo- de que su integridad física, su libertad, sus derechos humanos y sobre todo, su vida están en peligro. Ante tal temor, la persona – o grupo de personas- cruza una frontera y busca protección de otro Estado ya que su país no está en la capacidad de garantizar dicha protección. “El PNPI es un abanico grande (…) En la mayoría de los países el refugiado/PNPI es quien es estrictamente perseguido, de acuerdo a lo establecido en el marco de la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado lo es siempre que sea perseguido por raza, nacionalidad, opinión política, por pertenecer a un grupo social, por religión”, explicó Mora.

Todo parte de la institucionalidad”

Si hoy día, el estado venezolano no puede garantizar a sus ciudadanos su seguridad, salud y demás derechos básicos, el escenario actual de Venezuela no parece muy halagüeño para las PNPI. Y todo, eventualmente se reduce a la falta de institucionalidad ya que, explica Mora, “no existe” un órgano real que esté totalmente capacitado para dar respuesta a estas personas (las PNPI).

La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), indica la abogada, básicamente se limita a tomar la decisión sobre quién recibe el status de refugiado y quien no, más no hay una responsabilidad más allá de otorgar un documento de identidad. Y, si bien no se ejerce un tipo de más directa u obvia, este conjunto de acciones –o no acciones, en última instancia-, de parte del órgano que debe encargarse trae como consecuencia la violación y vulneración de los derechos de todas las personas que necesitan de la protección del estado venezolano.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta marzo del presente año, Venezuela alberga 7 861 refugiados reconocidos. Estimaciones de este mismo ente calculan que hay en torno 164 000 personas necesitadas de protección internacional pero que no han solicitado el derecho a asilo en nuestro país. De acuerdo con la abogada, el Estado ha dejado mucha de su responsabilidad en manos de las ONG. En Venezuela se ha manejado más la política de ‘dar el papel’ (documentos de identidad) y ‘arrégleselas como pueda’, pero sus responsabilidades van mucho más allá ya que deben propiciar los mecanismos para que la gente se desarrolle con normalidad en el país. Como país, “hemos sido muy abiertos, no se le ha dicho ‘no entre’ a una persona pero, no se le ha facilitado todo lo que el Estado debería darle y mientras esta situación continúe, muchas personas seguirán en estado de extrema vulnerabilidad.”, afirma la abogada.

Estos derechos incluyen desde documentos de identidad para que las personas puedan tener acceso a mecanismos como las misiones, el sistema de salud, las cajas de mercado del CLAP e incluso, algo que suele presentar un problema bastante grave que es el que los estudiantes puedan obtener su título de bachiller, ya que pueden recibir educación y finalizarle pero, sin documentos de identidad, no podrían graduarse ni tampoco recibir ningún tipo de ayuda económica que les ayude a seguir estudiando.

“Los refugiados seguirán aumentando”.

Al preguntar sobre si es posible que, en algún momento la humanidad pueda decir que ha mejorado o ha solucionado el problema de los refugiados y desplazados en el mundo, Mora no se muestra escéptica pero afirma que “los refugiados seguirán aumentando”, y las causas de esto, continúa es “por causa del mismo sistema económico que impera a nivel global y que tiende a multiplicar la desigualdad y termina originando unas brechas muy grandes: el pobre siempre buscará el centro donde pueda encontrar lo que en la periferia, no puede”.