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Poder sin Límites Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela

Human Rights Wacht

Resumen

ABRIL 4, 2016

Desde julio de 2015, las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo más de 135 operaciones, incluidas redadas en comunidades populares, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Las fuerzas de seguridad que han participado en estas operaciones incluyen a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales.

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Distintos funcionarios gubernamentales han señalado en diversas ocasiones que el objetivo de las redadas llevadas a cabo en el marco de la OLP era combatir bandas criminales que contribuyen a los niveles extremadamente altos de violencia en Venezuela. (En 2015, la tasa de homicidios oficial en el país era de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo). Otras veces, algunos funcionarios se han referido a la OLP en términos más bien políticos, señalando que forma parte de un esfuerzo por liberar al país de grupos armados que, según ha sostenido el gobierno, mantienen vínculos con “paramilitares” colombianos y políticos de derecha.

Independientemente de cuál sea la supuesta finalidad de las redadas en el marco de la OLP, hay evidencias significativas, que se describen en este documento, de que miembros de las fuerzas de seguridad que han intervenido en ellas han cometido graves abusos. En entrevistas mantenidas con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y con Human Rights Watch, numerosas víctimas, testigos y otras fuentes describieron violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”.

La magnitud de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante redadas de la OLP se desconoce, en gran parte debido a que las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los hechos denunciados. Asimismo, algunos testigos y víctimas se han mostrado renuentes a hablar sobre abusos gubernamentales por temor a sufrir represalias. No obstante, en investigaciones llevadas a cabo por PROVEA y Human Rights Watch entre julio de 2015 y febrero de 2016, decenas de víctimas y testigos aportaron relatos específicos y detallados de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en operativos de la OLP, lo cual otorga credibilidad a las demás acusaciones de abusos.

Un denominador común de estos casos, así como de otros abusos que hemos documentado en diferentes contextos durante la última década en Venezuela, ha sido el grado en el que las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

A lo largo de la última década, la concentración del poder en el poder ejecutivo y la politización de la justicia han debilitado fuertemente las garantías de derechos humanos en Venezuela. Tal como ha sido documentado tanto por PROVEA como por Human Rights Watch en múltiples informes, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, por ejemplo al encarcelar a políticos de oposición, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, hostigar a defensores de derechos humanos y reprimir a manifestantes pacíficos. Este ejercicio irrestricto y hostil del poder ha dejado indefensas a personas de todos los signos políticos ante políticas y prácticas gubernamentales abusivas: así, por ejemplo, las redadas de la OLP documentadas en este informe se desplegaron en varias zonas donde vivían comunidades vulnerables de bajos ingresos e inmigrantes.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales

Este informe presenta información sobre 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante redadas de la OLP en 2015. En 11 de estos casos, que ocurrieron en tres estados y en Caracas, PROVEA o Human Rights Watch entrevistaron a testigos en forma directa, examinaron declaraciones escritas de testigos o consultaron múltiples fuentes que informaban sobre los mismos hechos. Otros 9 casos fueron detallados en información difundida por los medios de comunicación.

PROVEA y Human Rights Watch no están en condiciones de determinar si las autoridades tenían motivos para buscar a personas concretas por supuestos delitos. El objetivo de nuestro análisis es evaluar señalamientos sobre si miembros de las fuerzas de seguridad actuaron observando la ley y respetaron los derechos humanos durante estos operativos.

En total, 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”, según el Ministerio Público. En reiteradas declaraciones, funcionarios públicos han afirmado que estas muertes durante las redadas se produjeron en el marco de “enfrentamientos” con delincuentes armados. Sin embargo, en los casos que se presentan en este informe, las evidencias que obtuvimos —que incluyen relatos de testigos y familiares— sugieren que las personas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad no representaban una amenaza. En varios de estos casos, los agentes habrían provocado la muerte de personas que estaban bajo su custodia, y en al menos un caso la víctima estaba acostada en su propia cama. Distintos informes de prensa también se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.

El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba. Las autoridades públicas se han referido a muchas de estas muertes como el resultado de enfrentamientos entre delincuentes y policías, y de hecho, teniendo en cuenta los altos índices de delincuencia en el país, es probable que algunas de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad hayan sido producto del uso legítimo de la fuerza. No obstante, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, PROVEA y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación, identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales estos habrían resultado heridos durante operativos de la OLP. (Decenas de policías fueron asesinados en Venezuela en 2015, aunque la mayoría se encontraban fuera de servicio cuando esto ocurrió, según fuentes oficiales[1].)

Detenciones arbitrarias

PROVEA y Human Rights Watch también recibieron información que sugiere que miembros de las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a cientos de personas durante las redadas de la OLP y han cometido abusos contra algunas personas detenidas. Agentes de seguridad habrían llevado adelante detenciones masivas e indiscriminadas sin exhibir órdenes judiciales, en ocasiones deteniendo a personas que estaban durmiendo en sus casas, según relataron residentes. Según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas entre julio de 2015 y enero de 2016 para “verificar” si eran buscadas por haber cometido algún delito, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente imputadas por algún delito. La enorme disparidad entre la cantidad de personas aprehendidas y las que fueron llevadas ante fiscales para ser acusadas por delitos sugiere que muchas de las detenciones, y muy probablemente la mayoría, se realizaron de manera indiscriminada y arbitraria.

En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes.

Desalojos forzosos y destrucción de viviendas

PROVEA y Human Rights Watch obtuvieron evidencias que indican que agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas y destruyeron cientos de viviendas durante redadas en el marco de la OLP. Tanto el derecho internacional como el derecho venezolano prevén que las autoridades deben notificar a las personas antes de desalojarlas y brindarles la oportunidad de objetar la validez de las órdenes que disponen esta medida. Sin embargo, residentes de dos comunidades donde se produjeron desalojos masivos en los estados de Miranda y Carabobo, así como personas que habitaban en viviendas financiadas por el gobierno en otros lugares, informaron que no habían recibido ninguna notificación previa ni habían tenido oportunidad de oponerse a la decisión del gobierno de desalojarlos. En dos redadas de la OLP, cientos de viviendas habrían sido destruidas con topadoras por las fuerzas de seguridad. Varios residentes aseveraron que tenían derecho a ocupar las viviendas de las cuales fueron desalojados, pero que no se les ofreció la oportunidad de presentar esta información a las autoridades competentes antes de los desalojos, ni de acceder a recursos adecuados después de que ocurrieron.

Escombros que quedaron luego de que fuerzas de seguridad demolieran cientos de casas en la comunidad Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo en agosto de 2015LAUNCH GALLERY
Deportaciones arbitrarias

Desde agosto, Venezuela ha enviado fuerzas de seguridad al estado de Táchira, en la frontera con Colombia, luego de que el Presidente Maduro autorizara la implementación de la OLP allí. Más de 1.700 ciudadanos colombianos han sido deportados desde entonces, y al menos 22.000 más se han ido de Venezuela por temor a posibles abusos o deportaciones, según indica la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Ninguno de los más de 700 colombianos entrevistados por la Defensoría del Pueblo de Colombia después de haber sido deportados de Venezuela manifestó que hubiera tenido una audiencia para poder cuestionar su expulsión. Muchos indicaron que tenían permiso legal para vivir en Venezuela. Más de 400 de los ciudadanos colombianos que regresaron a Colombia eran personas que habían pedido asilo o a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, conforme indica el Grupo Temático Mundial sobre Protección (Global Protection Cluster) en Colombia.

Además de deportaciones arbitrarias, muchos colombianos expulsados de Venezuela denunciaron que sufrieron abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que numerosos ciudadanos colombianos que habían sido deportados de Venezuela manifestaron que integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas emplearon un uso excesivo de la fuerza para desalojarlos de sus viviendas en Venezuela, las cuales posteriormente fueron destruidas, y que los sometieron a abusos físicos y separación forzada de sus familias.

Las acusaciones gubernamentales de que ciudadanos colombianos mantienen vínculos con paramilitares y son responsables de los altos índices de delitos en Venezuela podrían haber contribuido a los excesos en los cuales incurrieron agentes de las fuerzas de seguridad, así como a la huida de ciudadanos colombianos que temían ser víctimas de violencia.

Ausencia de garantías de derechos humanos

Tanto PROVEA como Human Rights Watch han documentado separadamente en múltiples informes que las víctimas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad tienen mínimas posibilidades de obtener algún tipo de reparación o de oponerse con alguna probabilidad de éxito a las acciones del gobierno, dado que, luego de más de una década de ataques a su independencia, el poder judicial venezolano ha dejado de funcionar como un poder independiente del gobierno y ha ratificado una y otra vez políticas y prácticas gubernamentales abusivas.

En el caso del desalojo forzoso de una comunidad entera en el estado de Miranda, los residentes informaron que mientras agentes de seguridad los expulsaban de sus viviendas, se apropiaban de sus pertenencias y derrumbaban 100 viviendas con topadoras, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, que actuaron como “espectadores pasivos”. En un presunto caso de ejecución extrajudicial que tuvo lugar en el estado de Nueva Esparta, la madre de la víctima afirmó que comenzó a ser hostigada por miembros de las fuerzas de seguridad luego de presentar una denuncia en una fiscalía. Ella dijo a Human Rights Watch: “Yo busco hacer justicia porque no la hay en ningún lado”. Muchos ciudadanos colombianos deportados indicaron que no se les permitió objetar sus deportaciones.

Mientras que la represión de protestas que el gobierno impulsó en 2014, y otras prácticas abusivas documentadas previamente por PROVEA y Human Rights Watch, estuvieron dirigidas principalmente a críticos del gobierno, muchas de las presuntas víctimas de abusos durante la OLP fueron personas que se consideran a sí mismas partidarias de la “Revolución Bolivariana” del gobierno. Uno de los residentes desalojados en el estado de Miranda manifestó a PROVEA y a Human Rights Watch que la comunidad siempre había apoyado al “verdadero socialismo”, pero que los agentes de seguridad que efectuaron el desalojo “no nos dieron explicación alguna” ni mostraron “documento alguno emanado de ninguna institución, ni del Estado, ni un tribunal, para proceder brutalmente como lo hicieron”[2]. Otro residente señaló: “El problema es la impunidad. Mientras exista impunidad seguirá existiendo el maltrato de las autoridades.”[3]

Desde julio, integrantes de PROVEA se han reunido en tres oportunidades con la Fiscal General o con sus representantes para aportarles información sobre denuncias de abusos cometidos en el contexto de redadas de la OLP[4]. Sin embargo, en su informe anual de 2015, la Fiscal General se refiere solamente una vez a la OLP, al enumerar la muerte de ciudadanos durante las redadas y señalar que estos casos están siendo investigados.

Según informaron representantes del Ministerio Público a PROVEA, 25 agentes de seguridad estarían siendo investigados, pero no aportaron mayor información, como por ejemplo quiénes son esos agentes, o en relación con qué casos o por qué delitos se los investiga[5]. PROVEA tiene conocimiento de dos investigaciones abiertas por el Ministerio Público: una por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida en el estado de Zulia y otra para investigar las denuncias de desalojos forzosos ocurridos en una comunidad del estado de Miranda.[6] A mediados de marzo de 2016, cuando se redactó este documento, el Ministerio Público aún no había respondido a una carta enviada en febrero por Human Rights Watch en la cual se solicitaba información detallada sobre el estado de las investigaciones de presuntos abusos cometidos durante la OLP[7].

Principales recomendaciones

El gobierno de Venezuela debería asegurar que todos los operativos de seguridad ciudadana se realicen cumpliendo con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, así como con el derecho venezolano. El gobierno debería garantizar que se realice una investigación exhaustiva e independiente de todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y maltrato de personas detenidas, y que los responsables rindan cuentas por su actuación. Las autoridades deberían asegurar, además, que las detenciones que se realicen en el transcurso de operativos de seguridad ciudadana no sean arbitrarias, como, según se ha afirmado, habrían sido varias de las detenciones durante las redadas investigadas por PROVEA y Human Rights Watch. En casos en los cuales exista un fundamento legal para realizar desalojos, el gobierno debería garantizar que las personas afectadas sean notificadas previamente, tengan la posibilidad de oponerse a los desalojos a través de los procedimientos legales previstos y, cuando corresponda, reciban una indemnización. Por último, el gobierno debería garantizar que las deportaciones no sean arbitrarias y que ningún solicitante de asilo o refugiado sea enviado de regreso a situaciones en las cuales se enfrente a persecución y abusos. El Ministerio Público debería mostrar transparencia absoluta con respecto al estado y los avances de las investigaciones en curso sobre presuntos abusos vinculados con la OLP.

En última instancia, un sistema judicial fuerte e independiente es esencial para asegurar que se rindan cuentas por la clase de abusos denunciados en este informe, que estos sean reparados y que se prevengan en el futuro. Por consiguiente, PROVEA y Human Rights Watch instan al Presidente Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a adoptar medidas urgentes con el propósito de volver a contar con un poder judicial que actúe como un garante independiente de los derechos fundamentales.

La comunidad internacional debería, a su vez, presionar al gobierno venezolano para que cese de socavar la imparcialidad e integridad del poder judicial. En particular, los sistemas de derechos humanos interamericano y de Naciones Unidas, así como los gobiernos latinoamericanos que comparten compromisos regionales de proteger y promover los derechos humanos y principios democráticos básicos, deberían instar al gobierno venezolano a actuar inmediatamente para garantizar la independencia del poder judicial en el país.