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Presos de Lara protestan por deterioro de su salud y condiciones de vida

 

Para Meléndez, el hambre y la pobreza están agudizando el problema en las cárceles

Prensa OVV Lara

La muerte de los 23 presos del Centro de Coordinación Policial José Antonio Páez, en el sector Campo Lido de Acarigua, estado Portuguesa, registrada el pasado viernes 24 de mayo de 2019, develó la realidad que viven algunos reos en las distintas cárceles del país.

Al recordar las distintas masacres que se han suscitado durante el mandato de Nicolás Maduro, sólo entre el 2017 y 2018, fueron asesinadas 108 personas en los centros penitenciarios de los estados Amazonas y Carabobo.

El sábado 18 de mayo de 2019 en  la estación policial de Río Claro, pueblo ubicado al sur de Barquisimeto, se escaparon 13 personas detenidas y le quitaron la vida a una oficial de tan solo 21 años de edad. Seis días después se produjo un nuevo hecho de violencia en un recinto penitenciario ubicado en el estado Portuguesa. Un motín que dejó el lamentable asesinato de 23 privados de libertad y 14 oficiales de la policía heridos, producto del enfrentamiento donde fueron utilizadas armas de guerra.

Al analizar las causas que están generando estos nuevos episodios de violencia y fugas en las cárceles y calabozos policiales, el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia  Lara, explicó que hay factores distintos que están incidiendo en los brotes de violencia en las cárceles venezolanas y especialmente en el estado Lara.

“En 2016 y 2017 evidenciamos que existía un alto porcentaje de riñas y eventos violentos entre los integrantes de bandas a lo interno de las cárceles, debido al  control de micro-tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, hasta ese entonces los delitos más comunes que se planificaban en dichos recintos”.

Meléndez asegura que desde el 2018 y especialmente en los primeros 5 meses de 2019, esta realidad ha cambiado. “El empobrecimiento generalizado de la población venezolana modificó el patrón delincuencial dentro de los recintos carcelarios”.

Actualmente, continuó Meléndez, la violencia por la obtención de renta por medio de actos delictivos es menor a la que se produce por la obtención de comida, atención médica o cualquier otro producto utilizado para la sobrevivencia diaria y omisión estructural que existe en las instituciones carcelarias.

Así quedó evidenciado en la cárcel de Portuguesa donde diez días de conflicto y malestar, y la muerte de uno de los reos, fue el detonante que dejó más de 20 presos sin vida.

“El seguimiento que hacemos a través del análisis de prensa evidencia que constantemente los familiares denuncian cómo el Estado omite su responsabilidad en la atención y protección de los privados de libertad. Por ejemplo, es frecuente observar a detenidos que padecen alguna enfermedad grave, ser trasladados a un centro de atención médica externo, solo cuando está moribundo”.

Dijo que, además, persiste el retardo procesal; los cambios de jurisdicción, tal como lo han denunciado algunos familiares en el diario La Prensa de Lara, son cada vez más inauditos. Hay traslados desde El Dorado a Uribana o viceversa.

“18 presos han muerto por falta de atención médica este año”

Nayibe Mercedes López, presidenta de la Fundación Las Mercedes, cuyo propósito es velar por los privados de libertad del estado Lara, informó que este año han muerto 18 por desnutrición, tuberculosis y una extraña enfermedad gástrica existente tanto en el Centro Penitenciario Fénix como en el Centro Penitenciario David Viloria.

“Para nosotras, las madres de reclusos, es muy difícil la situación que actualmente viven nuestros hijos, porque antes morían por riñas que se daban en las celdas y ahora están muriendo porque no son atendidos por médicos a tiempo cuando se enferman (…)Por no llevarlos al médico pierde la vida como si no fueran seres humanos”, afirmó López.

Denunció que en el estado Lara las dos cárceles Fénix y David Viloria, ubicadas al norte de la ciudad, son de régimen cerrado, lo que quiere decir que pueden recibir visitas una sola vez al mes, lo que dificulta llevarles comida y medicamentos a sus hijos.

“Ellos deben comer lo que les suministran en el comedor: frijoles, arroz, topocho y suero. Ya no comen proteínas. Sólo en Guanare y San Felipe, que son de régimen abierto, los padres y madres que tienen les llevan a sus hijos comida cruda para que cocinen en fogones en la semana. Los otros deben conformarse con lo poco que le dan”.