Portada / OBSERVATORIOS REGIONALES / OVV TÁCHIRA / Rufo y su madre luchan por la justicia tras la represión que sufrió el joven por pedir gas

Rufo y su madre luchan por la justicia tras la represión que sufrió el joven por pedir gas

 (AP Photo/Ariana Cubillos)

Prensa OVV Táchira

Durante el mes de junio en el estado Táchira se presentaron en varios municipios de la entidad protestas ciudadanas ante la escasez de gas doméstico y gasolina, servicios públicos que desde hace meses han presentando fallas en el suministro.

Las protestas se han dado con el cierre de importantes vías de comunicación regional, desde la zona sur encabezada por Abejales y El Piñal, hasta la zona norte en la vía Panamericana; y los cuerpos de seguridad se han hecho presentes en los lugares de las protestas con la finalidad de abrir el paso y disipar las manifestaciones.

El 1 de julio se presentó una protesta por falta de gas doméstico en la autopista San Cristóbal-La Fría en el municipio Cárdenas; allí se encontraban ciudadanos de Táriba exigiendo el suministro del servicio, entre ellos Adriana Parada junto a sus dos hijos menores de edad, que ese día la acompañaron a llevar los cilindros vacíos para trancar la vía. “Tenemos más de tres meses sin gas. Cuando llegamos ahí el señor Víctor Benítez, gerente de la planta de llenado de la avenida Libertador, dijo que iban a llegar las bombonas el lunes o el martes”, dijo Parada.

Esa tarde, una foto de una madre sosteniendo la cara de su hijo ensangrentada volcó las redes sociales y los principales medios de comunicación social; ése era el rostro de Rufo Chacón, un joven de 16 años que perdió ambos ojos después al ser herido por los disparon con perdigones que, según su madre, fueron realizados por los efectivos de Politáchira a quemarropa contra los manifestantes. Mientras esto sucedía su madre ayudaba a su otro hijo de 14 años, a quien efectivos golpeaban la cabeza.

La madre de Rufo declaró: “Mi hijo perdió los ojos porque quería ayudarme a reclamar el gas que tanto necesitamos (…) mi hijo se quiere morir, me le arruinaron la vida”.

Inmediatamente después del hecho, el adolescente fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal, primera entidad de salud de la región tachirense, donde el doctor Luis Ramírez -presidente de Corposalud- indicó que había recibido 52 perdigones en la cara, de los cuales 9 se alojaron en el globo ocular izquierdo y 4 en el derecho, por lo que perdió ambos globos oculares y con ellos la visión. Esa misma noche le fue practicada la cirugía de reconstrucción facial y de limpieza de las cavidades oculares.

Dos policías imputados por los hechos

(Photo by Federico PARRA / AFP)

El director de Politáchira, el general de brigada Jesús Arteaga, se pronunció a través de las redes sociales repudiando los hechos, afirmando que “hubo una violación de los derechos humanos por parte de funcionarios de esta institución”.

Los funcionarios policiales Javier Blanco y Henry Ramírez fueron detenidos y fue Arteaga quien los puso a disposición de la Fiscalía. La madrugada del 2 de julio, Tarek William Saab, Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, publicó en su cuenta de twitter: “Ante este lamentable hecho, el Ministerio Público designó al Fiscal 16 de Familia y al Fiscal 20 de Derechos Humanos para investigar exhaustivamente dicha agresión”.

El Ministerio Público garantiza que ambos funcionarios serán severamente sancionados ante la violación de Derechos Humanos cometida en contra del precitado adolescente (Rufo Antonio Chacón) y de su hermano de 14 años, quien también fuese lesionado en dicha concentración”, expresó.

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional, Karim Vera, denunció que el funcionario de Politáchira que disparó los perdigones al rostro de Chacón tenía un expediente abierto por haber cometido un hecho similar en las protestas del año 2017.

Una madre que no se rinde

Adriana Parada, madre de Chacón, sigue exigiendo justicia para su hijo por lo que ha asistido a los tribunales para constatar cómo van las averiguaciones en el caso. Fue allí donde el pasado 12 de julio conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban en custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sino a cargo de Politáchira, cuerpo policial al que pertenecían, y al que fueron trasladados de manera ilegal sin orden del tribunal.

Asegura Parada que ha recibido amenazas constantemente, pero que no piensa callarse y debe aplicarse justicia a las personas que dejaron a su hijo sin visión.

“Aquí las leyes las usan como quieren, y no debe ser así. Iré hasta lo último, así tenga que arriesgar mi vida, para que ayuden a mi hijo y se haga justicia”, sentenció.