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Sector agropecuario merideño azotado por la violencia e inseguridad

Prensa OVV Mérida

Un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida) reveló que el sector agropecuario de la región andina ha sido uno de los más afectados en los últimos cinco años, producto principalmente de la crisis económica y de la violencia desatada en el campo merideño. La investigación, donde participaron como entrevistados miembros de los gremios, productores, distribuidores y comercializadores agropecuarios, arrojó datos que corroboran cómo entre 2013 y 2019 se incrementó el quiebre económico de unidades de producción que abastecían de distintos rubros agrícolas y pecuarios no sólo la región andina, sino gran parte del país.

La recolección, procesamiento y actualización de la información duró aproximadamente un año, tiempo en el cual se realizaron entrevistas a miembros de la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani (Asodegaa), a productores particulares, a trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP) y de Lácteos Santa Rosa de la Universidad de Los Andes. A la par, el estudio se alimentó con revisión de prensa, de donde se extrajo información que complementó los resultados finales de la investigación.

Mérida es un estado agrícola y pecuario por naturaleza, de allí que su producción surte al estado y a gran parte del país de productos derivados de la siembra de hortalizas y frutas, además de cría de ganado y búfalo. La zona baja que concentra el Eje Panamericano, la zona media donde está el área metropolitana y el Valle del Mocotíes, además de la zona del Páramo, en las partes más elevadas, es donde se concentra mayoritariamente esta producción. Fue en estas áreas donde se centralizó la investigación del equipo del OVV Mérida y de cuyos resultados emanó un completo informe.

Entre violencia y crisis económica

En términos generales, el estudio realizado determinó que la violencia e inseguridad son las responsables de un declive de la producción de sus agremiados por el orden de 10%, mientras que el 90% se debe a la situación económica del país y los problemas de rentabilidad que, sin duda alguna, han afectado fuertemente la productividad.

De acuerdo al coordinador del OVV Mérida, Gustavo Páez, la situación país ha propiciado que gran cantidad de productores hayan tenido que replantear sus actividades, llegando incluso a cambiar de ramo. “El 72% de las unidades de producción estudiadas se vieron en la obligación de dar un vuelco a sus objetivos originales trazados en materia de producción, distribución y comercialización de sus rubros, según sea el caso. Más aún, el 75% tuvo que reorientar o reinventar sus objetivos originales como consecuencia de factores económicos y por violencia e inseguridad. En el primer caso, debido a la escasez y elevado costo de los insumos para producir, costos para el transporte y distribución de los rubros, rentabilidad económica de la actividad productiva y escasez de mano de obra. En el segundo, debido a secuestros, robos con lesión, robos, extorsión, amenazas de muerte y hurtos”.

En el caso de la distribución y comercialización de los rubros producidos, el impacto de la violencia e inseguridad es mayor. Se estima una disminución entre un 50 y 60%, respectivamente, debido a los saqueos perpetrados a los vehículos que transportan la carga de los productores, tanto en carreteras rurales como interestatales y nacionales.

El informe revela que los hurtos son los delitos más comunes en las unidades de producción, los cuales, al igual que otras transgresiones, son perpetrados, generalmente, por personas tanto de las comunidades aledañas a las fincas, como por empleados u obreros de las mismas. Estos delitos acontecen principalmente en horas de la noche, los fines de semana o cuando los dueños no se encuentran en su propiedad.

Los robos y robos con lesiones concentran otro importante porcentaje de los delitos. Con respecto a éstos, en ocasiones los dueños de las unidades de producción, así como empleados y obreros, han sido golpeados y amordazados por los delincuentes. “Cabe resaltar que también existen casos en donde los victimarios han sido identificados como vecinos de los alrededores de las fincas. Los robos se presentan a cualquier hora del día o en la madrugada, llevándose consigo los delincuentes la producción del día (carne, queso, leche o cualquier otro tipo de rubro), equipos, insumos, partes de vehículos, cabezas de ganado, entre otros activos y bienes materiales”, expresa el informe.

Otro de los delitos destacados en la investigación son los secuestros. En este sentido,  son situaciones por las cuales han pasado algunos de los productores de las distintas zonas, específicamente los llamados secuestros de tipo express, donde los victimarios exigen sumas cuantiosas de dinero por el rescate de las personas. “No obstante, se tiene conocimiento de un caso en donde fue una desaparición forzada, en donde nunca apareció el productor, por lo que se presume fue asesinado. De igual modo, salen a relucir en el caso de varios productores que han sufrido acciones de extorsión y amenazas de muerte”, explica parte del documento final.

Según detalló Páez, en el estudio también se midió la percepción que tienen los productores agrícolas sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. En tal sentido, destacó que para el 100% de los entrevistados, el papel de los organismos de seguridad es nulo. “Con el agravante de que algunos cuerpos de seguridad se prestan para realizar hechos delictivos como hurtos, robos y extorsión, e incluso invasiones a las propiedades”.

No obstante, agregó Páez, la Policía parece ser la única institución que en un buen número de situaciones, bajo una política de subsidios como pagos semanales o mensuales en dinero, compra de repuestos y baterías para los vehículos de patrullaje u ofrecimiento de alimentos, cumplen con su trabajo y han contribuido con la disminución de los hurtos y robos en las unidades de producción. “De igual modo, en algunas oportunidades las víctimas han realizado las denuncias respectivas ante la autoridad local y regional, pero en vista de que no han procesado los casos, han desistido en seguir denunciando delitos, pues para ellos la actuación de las autoridades competentes es ineficiente”, explicó el representante del OVV Mérida.

En definitiva, la investigación revela que ninguna unidad de producción objeto de análisis ha escapado de algún hecho vinculado con la violencia e inseguridad que ronda al estado Mérida. En la mayoría de los casos, quedó demostrado con cifras que las pérdidas económicas son variadas, tanto de capital como de activos. Lo expresado en el estudio indica que las pérdidas monetarias varían entre 1.000 hasta 200 mil dólares, que en una economía malograda como la venezolana ha propiciado el quiebre de muchas empresas del ramo.

Electricidad y gasolina: problemas mayores

 La escasez de combustible y racionamientos eléctricos se agregaron a la lista de problemas de los productores agrícolas del estado Mérida. Estos indicadores se analizaron en el informe, pues forman parte de los agravantes para analizar la crisis en el sector agropecuario.

Aun cuando la situación no ha sido normal en los últimos dos años, el estudio resalta el punto de quiebre ocurrido desde el 7 de marzo, cuando ocurrió el apagón nacional. “Las consecuencias del apagón, como era de esperarse, afectaron a productos que necesitaban de la cadena de frío para mantenerse aptos para el consumo. El sector agrícola no sólo tenía que convivir con la violencia desatada, sino con la crisis en el servicio eléctrico y la falta de gasolina, cuya merma se ha estado notando, con mayor énfasis, desde principios de año. La falta de gasolina ha hecho cuesta arriba el traslado de las producciones agrícolas desde las diferentes zonas del estado”, expresa el documento.

“Según análisis de prensa y consulta a directivos de Asodegaa, mucha ha sido la producción que se ha perdido. El 15 de marzo, tras un balance de las consecuencias del apagón ocurrido el 7, Rafael Araque, presidente del Instituto Merideño de Desarrollo Rural (Inderural) anunciaba por prensa que durante los cinco días del apagón se perdió el 30% de la producción de leche que se produce en la zona panamericana, eso equivale -según dijo- a 30 mil litros de leche que se dañaron por no tener la cadena de frío. Igualmente se afectó la producción de ordeño mecánico; lo mismo pasó con la producción del ramo agrícola, de vegetales debido a la falta de combustible y la seguridad para el traslado”, destaca igualmente el informe.

El sector ganadero, a través de la Federación Nacional Ganadera (Fedenaga), se declaró en emergencia ante la crisis eléctrica, ya que, según afirmaba, afectó la operatividad del sector. A través de un comunicado, la organización denunció que la cadena de refrigeración y almacenamiento de productos lácteos terminados había sido afectada. De igual manera, aseguró que la falta de energía propició delitos graves, como daño a la propiedad, hurtos, robo y secuestro, amén de las reiteradas invasiones.

Respuesta desde adentro

 La respuesta ante la inseguridad en las distintas zonas del estado Mérida, por ser uno de los mayores problemas, ha venido desde los propios afectados. El informe da cuenta de las medidas que han debido tomar los productores para contrarrestar tantos delitos.

Como se ha demostrado en el informe, producto de la investigación, en todas las unidades de producción la violencia e inseguridad han hecho estragos en los últimos años. “Esto ha llevado a que el 36% de los entrevistados haya tomado la decisión de contratar vigilancia privada para sus propiedades y, además, invertir en la instalación de cámaras de seguridad y casetas de vigilancia. En otros casos, productores han invertido en guardaespaldas y cercado para resguardo del ganado. En el 27% de los casos, los productores cancelan subsidios o “vacunas” para garantizar el resguardo de sus fincas. Igualmente, han surgido alianzas entre ganaderos que financian, en gran medida, a destacamentos policiales locales y regionales como principal método de seguridad, lo cual afirman, les ha funcionado”, asegura la investigación.

En general -revela el informe- los productores, distribuidores y comercializadores, en el contexto de su nivel socioeconómico, se encuentran en la actualidad en un estado de “sobrevivencia” debido a las circunstancias económicas.

Finalmente, el informe refleja algunas consideraciones sobre la manera como se debe rescatar la producción agropecuaria del país, las cuales pasan -según los entrevistados- por un cambio de gobierno, elaboración de estrategias para el rescate del campo venezolano y la toma de conciencia sobre el papel que juega el sector agrícola dentro de la economía venezolana.