El Nacional
Marcos Tarre Briceño | @marcostarre

1 de mayo 2016

El pasado jueves 28 de abril tuvimos la oportunidad de dedicarle, con el apoyo del Observatorio de Delito Organizado y la Asociación Civil Paz Activa, media jornada de trabajo para analizar el problema de la Corrupción en las policías venezolanas.

Casi a diario podemos observar en los medios de comunicación independientes del país, reseñas de sucesos en los que aparecen involucrados funcionarios policiales o de la Guardia Nacional Bolivariana. Basta recordar el caso ocurrido en enero de 2015, cuando 11 funcionarios del Cicpc fueron detenidos por mantener secuestrado en la Sub delegación de El Valle a un comerciante de origen chino, que retenía en esa sede policial y pedir rescate por él.

Los agentes policiales, más que cualquier otro estamento de la sociedad, están, por sus funciones, en contacto y proximidad con el medio criminal y con delincuentes, bien sea directa o indirectamente; y por otra parte, de su gestión, de su “Poder”, puede depender la elaboración de expedientes o manejo de información que determine que una persona sea detenida, vaya a juicio y eventualmente, a la cárcel. Los funcionarios policiales son el primer anillo de seguridad de la sociedad y por ello están permanentemente expuestos a la tentación o son blanco de la corrupción en las múltiples facetas relacionadas con su ejercicio profesional.

Por éstas razones, en todos los países democráticos del mundo, se han creado una serie de necesarios controles, tanto internos como externos, sobre los funcionarios policiales y sobre sus instituciones. En Venezuela tenemos esos controles, el problema es que se han desestructurado o vueltos inoperantes por la sistemática posición de los régimenes de Hugo Chávez y Nicolas Maduro. Veamos.

1. La Asamblea Nacional

La mayoría que dirigió la Asamblea Nacional desde el año 2005 hasta diciembre de 2015, a pesar de las decenas de miles de asesinatos ocurridos, del incremento constante de la criminalidad y violencia, de graves hechos ocurridos en las cárceles y de evidente complicidad de funcionarios al introducir armas en ellas, de violaciones a los Derechos Humanos y de constantes informaciones de los medios de comunicación reseñando a funcionarios policiales incursos en hechos delictivos, en ningún momento decidió la interpelación de altos funcionarios o la creación de comisiones de investigación.

A esa mayoría de la Asamblea Nacional no le interesó profundizar en la Impunidad, en Delincuencia Organizada o en la posible Corrupción Policial, ni conocer cómo funcionan nuestros cuerpos policiales, cómo ha sido su gestión y porqué fracasan al no lograr bajar los índices delictivos; cómo tampoco profundizar en hechos irregulares en el sistema policial a pesar de denuncias y afirmaciones hechas desde diferentes canales. Sin embargo, si le pareció necesario crear en el año 2005 una comisión especial para investigar la muerte de mascotas que habían ingerido alimentos impropios….

2. La Fiscalía General de la República

La Fiscalía Genera, reportó, en su Informe de Gestión que en el año 2015 se imputaron a 1.312 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del estado y acusaron a 959 de ellos por la comisión de distintos delitos, sin embargo, no precisas por qué tipo de delitos ni tiene ninguna dependencia dedicada al problema de la Corrupción Poliical.

3. La defensoría del Pueblo

La mayoría de la Asamblea Nacional desde el 2005 hasta diciembre del 2015, lejos de entender que la figura del Defensor del Pueblo existe para ponerle límite a los abusos de las autoridades del Estado, parece haber creído y decidido que debería ser designado en ese cargo una figura condescendiente y dispuesta a avalar al Estado, en cualquiera de sus actuaciones.

4. Supervisión Interna

En todo cuerpo policial o militar, la jerarquía existente establece relaciones y responsabilidades entre supervisores y supervisados, entre soldados, agentes y oficiales. En países con una “cultura policial” no demasiado sólida y además, sujeta a cambios continuos que responden a criterios más políticos circunstanciales que institucionales, las jerarquías de los jefes y oficiales policiales juega un papel significativo en la conducta de los agentes supervisados.

En los últimos años los cuerpos policiales venezolanos han sufrido procesos de desestructuración; en lugar de profundizar en la formación y la experiencia, se ha priorizado como valor la lealtad y simpatía política. El “nuevo modelo policial” ofrecido en distintas oportunidades al país está lejos de haberse logrado. Sobre las actuaciones de los agentes policiales existe una clara y evidente responsabilidad de quiénes los supervisan y sobre las jerarquías medias y altas una responsabilidad de los jefes policiales.

5. Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios

Los cuerpos policiales poseen departamentos dedicados a la investigación de conductas irregulares de sus funcionarios, conocidos internacional y popularmente como “Oficina de Asuntos Internos” y más en Venezuela como “Inspectoría General de Servicios”.

El Consejo Nacional de Policía, estableció que todos los cuerpos policiales debían tener una Oficinas de Control de Actuación policial y una Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales. Sin embargo, al igual que ha sucedido ya en tantas ocasiones, no todo lo que se pone sobre el papel se instrumenta en la práctica.

A pesar de la teoría, las buenas intenciones, las ofertas, promesas, libros y manuales, la corrupción de los funcionarios y la cantidad de ellos involucrados en hechos delictivos no disminuye, a tal punto, que a finales del año 2014 el presidente Nicolás Maduro crea una nueva Comisión, para establecer el “Nuevo Modelo Policial” y pone al frente al diputado Freddy Bernal. Entre los proyectos de leyes que unos meses después Bernal propone para “sanear” los cuerpos policiales, está la creación de una especie de oficina centralizada de asuntos internos, lo que pudiera dar a entender que las oficinas propuestas de Control de Actuación Policial y de Respuesta a las Desviaciones Policiales no llegaron a funcionar o a arrojar algún resultado positivo.

6. El ejemplo

Un elemento de auto regulación y control que funciona en toda organización humana, y los cuerpos policiales no son la excepción, es el ejemplo que con su conducta, actuaciones, palabras y actos, dan los oficiales de policía a sus compañeros, los jefes policiales a sus supervisados y dan los ministros a los jefes policiales, hasta así llegar a la mayor autoridad del Ejecutivo Nacional, el Presidente de la República. ¿Hasta qué punto nuestros jefes policiales son un ejemplo de rectitud, profesionalismo, ética, experiencia, vida profesional y vida privada, honestidad y probidad hacia las jerarquías altas y medias de sus subordinados? ¿Hasta qué punto los jefes policiales, con su ejemplo, se han ganado el respeto de sus hombres? ¿Hasta qué punto los jefes policiales son líderes en sus organizaciones y poseen la “auctoritas” para ejercer el cargo?

7. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos

Además de los controles institucionales, internos y externos, que orientan, canalizan y delimitan las acciones de los funcionarios policiales, la sociedad organizada debe también formar parte de estos procesos. Sin embargo, la relación entre organizaciones nacionales o internacionales dedicadas a estás actividades de control no han recibido el apoyo ni la simpatía del Ejecutivo Nacional. Los comentarios sobre ésta situación ha sido reseñada tanto por organismos internacionales como nacionales. El 7 de abril de 2015, 28 ONG de defensa de Derechos Humanos denuncian hostigamientos contra defensores sus integrantes en un documento publicado en la página web de Human Rights Watch:

“Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos. …La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.”

En un contexto ideal, las organizaciones no gubernamentales deberían recibir apoyo de sus respectivos gobiernos para realizar eficientemente sus actividades. En un contexto “normal” a las ONGs se les debería dejar realizar sus actividades en libertad y con respeto. En Venezuela el contexto ha sido hostil, frenado la capacidad de acción de las ONGs, rechazando sus informes, recomendaciones o denuncias, lo que ha impedido que éstas cumplan plenamente su función, entre ellas la denuncia y control de la corrupción policial.

8. Medios de comunicación

Según el experto peruano Javier Gamero Kinosita, el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción policial es de vital importancia:

“La prensa es un elemento esencial en la lucha contra la corrupción policial, ya que ella constituye en alguna forma, los ojos y oídos de la sociedad, en aras de su cometido ella investiga, informa, esclarece, persigue, controla y denuncia sobre el mal accionar del personal policial. Ella está permanentemente vigilante y al acecho de la noticia cotidiana, oportuna y veraz. Ella debe ser concebida como una aliada de la policía, el buen periodismo blinda a su vez a la intervención policial impecable de las manipulaciones o maniobras políticas arbitrarias.”

Lamentablemente, la actitud del gobierno de Venezuela en relación a medios que realicen denuncias, bien seas estos de prensa, radio o televisión, ha sido similar a la señalada con en el punto anterior. De éste modo, otro elemento de control de la corrupción policial es restringido en perjuicio de los ciudadanos.

9. Control ciudadano

El último, pero no menos importante factor de supervisión que debe obligatoriamente ejercerse sobre los cuerpos policiales, es la supervisión o control por parte del ciudadano. En Venezuela, legalmente también se han previsto éstos controles. En documentos del Consejo Nacional de Policía, se establece que los cuerpos de policía contarán con instancias externas con Participación de la comunidad. Las instancias de Control Externo de la policía serían:

Comités Ciudadanos de Control Policial (CCCP),
Consejos Comunales
Cualquier organización de carácter comunitario debidamente estructurada

A cada una de ellas se le definen funciones específicas. ¿Pero, qué es el Consejo General de Policía o Consejo Nacional de Policía? Lo preside el Ministro del Interior, participan dos gobernadores de estado, dos alcaldes, un representante de la defensoría del pueblo, un representante del Ministerio Público, un representante de una Organización No Gubernamental, 4 jefes o exjefes policiales y el Secretario Ejecutivo. No se previó participación ciudadana directa, ni de gremios, comunidades, académicos, medios de comunicación, iglesias…. Sólo funcionarios públicos designados de forma unilateral y a dedo por el Ministro del Interior. Esto impide cualquier posición objetiva, imparcial, independiente y despolitizada frente a los problemas de los cuerpos policiales, que son muchos.

Nueve controles sobre la corrupción policial y ninguno funciona. Los externos porqué se les impide actuar y a los internos porque no actúan, no cumplen sus funciones. El Ejecutivo Nacional tiene la principal responsabilidad sobre la corrupción policial y el problema va mucho más allá que, circunstancialmente, despedir a algún funcionario corrupto o criminal, limitándose a aplicar la ya mundialmente superada teoría de la “manzana podrida”… Sin controles, la corrupción y los abusos policiales florecen…

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