Prensa OVV Lara
Según el Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), el 11% del total de las víctimas de homicidio, entre enero y agosto de 2019 en la entidad larense, han sido mujeres. Uno de los casos se registró en el municipio Torres, con el homicidio de Carmen Pastora Castro, de 48 años, a manos de su pareja con quien llevaba viviendo 12 años. El hecho ocurrió luego que Castro visitara a su madre en el caserío Guaidí en el mismo municipio, y al momento de su partida se encontró con el señor Ladino, de 44 años, quien luego de una discusión con motivo de una posible separación, decidió terminar con su vida.
Los meses con mayor incidencia de víctimas mujeres fueron junio y julio. En junio con 20% del total de asesinados y julio con 19%. Pese a que la mayoría de las muertes violentas la padecen los hombres, las mujeres en la entidad larense no escapan de la vulnerabilidad que provoca el crimen, sobre todo el que se asocia a la violencia de género.
Una de las víctimas el mes de junio fue María Cristina Rodríguez, asesinada en el caserío Baragua en el municipio Urdaneta. Luego de luchar trece horas por sobrevivir, Rodríguez murió en el Hospital Central Antonio María Pineda, de Barquisimeto. La herida con arma blanca propiciada por su pareja fue lo suficientemente grave para provocarle la muerte. Con apenas 25 años, la víctima dejó a dos niños huérfanos.
En el mes de julio se hizo viral un video donde se mostraba cómo un hombre atropellaba de forma intencional a una mujer con su camioneta. Las cámaras mostraron las tres veces que el chofer arrolló a la víctima en la Zona Industrial I, de la ciudad de Barquisimeto. Frarianny Liseth Quiroz Ocanto ya había sido apuñalada por su ex pareja, y al salir de la camioneta la arrastró en diferentes direcciones hasta lograr su total inmovilidad. Pablo Silvino Sánchez, de 52 años, se dirigió al sector El Tostao luego de cometer el delito, y dejó su camioneta; la mayor evidencia del hecho para huir de la ciudad. Los órganos de seguridad del Estado comenzarían una búsqueda para dar con el paradero del victimario, hasta el 1 de septiembre cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinaron a Sánchez, en la ciudad de Mérida.
Los casos de violencia de género reseñados presentan características comunes: los niveles de saña son muy altos. Las armas utilizadas son armas blancas, y se trata de parejas de las víctimas. Todos son casos íntimos, es decir, provocados por personas con quienes la víctima tuvo alguna relación personal/sentimental. La impunidad de este delito es una característica común en muchas de las sociedades del mundo; la no denuncia suele ser un rasgo que define los hechos. En el caso de Venezuela, se acrecienta por el deterioro del sistema de justicia, la inexistencia de Estado de derecho y las dificultades de hacer valer la ley.
El 33,5% de las victimarias de delitos son mujeres
Otro dato relevante que arroja el OP del OVV Lara tiene que ver con la participación de la mujer en la ocurrencia de hechos donde existe violencia interpersonal. En los casos donde hubo información sobre el victimario en los sucesos registrados (31,5%), se pudo identificar que de cada 10, 3 eran mujeres. La participación de las personas del sexo femenino ocurre en la complicidad de robos, extorsión y secuestro, pero también en el homicidio. Un delito que llama la atención por su frecuencia el 2019 son los asesinatos de niños recién nacidos por sus propias madres.
Desde el OVV Lara, analizamos tales hechos como consecuencias generales a la que se enfrenta la familia como institución social. Si bien hay responsabilidades individuales adjudicadas a la conformación familiar, el aumento de estos delitos revela una situación novedosa en la realidad venezolana, que está precedida por los altos índices de embarazos en adolescentes, el abandono de niños y niñas por parte de sus familiares, la disminución de los niveles de control social informal, el hambre y empobrecimiento generalizado. Aunado a ello, la falta de una política pública eficiente para atender estas realidades.