Prensa OVV Sucre

Durante el mes de mayo en el estado Sucre, se registraron 13 sucesos violentos -entre muertes por intervención, homicidios y tentativa de homicidio- de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

El balance realizado por la institución indica que 50% de los homicidios ocurridos durante el mes estuvieron relacionados con pandillas, 33% con robos y 17% por pareja u otro familiar.

Dentro de las motivaciones del delito, 57% de los casos estuvieron vinculados con ajuste de cuentas, 14% por riñas y 29% por otras razones.

De esa manera, en la entidad oriental quedaron de manifiesto las disputas por el control territorial que mantienen los grupos armados.

Fue así como el 30 de mayo, dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en medio de un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas, registrado en el sector El Morro de Puerto Santo, municipio Arismendi. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Dr. Pedro Rafael Figallo de la capital arismendina y fueron identificadas como: Jesús Isidro López Romero, de 39 años, quien falleció en el lugar presentando cuatro impactos de bala, y José Gregorio Moreno, de 19 años, quien presentó herida en la región abdominal y falleció en la intervención quirúrgica.

Letalidad policial

Durante el mes de mayo en el estado Sucre, también se registraron hechos que evidencian la letalidad policial como medida ejercida por los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado en 46% de los casos.

En ese sentido, los investigadores detallaron que en 50% de los casos estuvieron involucrados funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 33% uniformados de la policía Municipal y 17% de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Fue así como la actuación de grupos dedicados al robo, la extorsión y secuestro de la población que habita en zonas rurales, fue confirmada nuevamente cuando el 9 de mayo un sujeto apodado como “el Yormita”, miembro de la banda delictiva de “Yonny El Zorro”, resultó abatido en medio de un presunto enfrentamiento con funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes). Malherido, el sujeto fue trasladado al ambulatorio rural de los Altos de Sucre, municipio Sucre, donde falleció y fue identificado como Alberto Rafael Guerra.

Fuentes policiales precisaron que esta banda de antisociales de “Yonny El Zorro”, se dedica a cometer atracos y cobro de vacunas en esa zona agrícola en la Troncal 9, limítrofe con el estado Anzoátegui.

Al parecer, una llamada telefónica alertó a la policía estadal que un grupo de hombres armados cometía un atraco. Cuando se presentaron los efectivos policiales se produjo el intercambio de disparos, cayendo herido “el Yormita”; mientras que sus acompañantes, presuntamente, se internaron en una zona boscosa. En el lugar del deceso fue colectada una escopeta.

Igualmente, durante el mes, funcionarios de la GNB capturaron a dos integrantes del grupo delictivo “el Curí”. Los detenidos fueron identificados como Edy David Bravo Ramírez y Diana Patricia Ramírez, de 25 y 19 años, respectivamente.

La banda de “el Curí” se dedica a cometer delitos como robos, atracos, secuestros y extorsión. La captura de éstos se produjo cuando efectivos de la GNB realizaban labores de patrullaje en la Troncal 10, tramo vial Casanay- Caripito, en el estado Monagas. Los uniformados incautaron cartuchos, un facsímil de arma de fuego y teléfonos celulares. El caso fue pasado a la Fiscalía del Ministerio Público.

Igualmente, el 20 de mayo fue confirmada la muerte de una persona tras presunto enfrenamiento con funcionarios de la GNB en el municipio Valdez. El individuo, al parecer, portaba un fusil, 464 gramos de presunta marihuana, cuatro cargadores y 99 cartuchos.

El equipo académico y de investigación del OVV Sucre considera que la garantía de seguridad se mantiene entre las necesidades prioritarias de la población que no deberían quedar relegadas de las políticas públicas implementadas por el Estado venezolano o tomadas como bandera política para actuar de manera circunstancial y no permanente en garantía del derecho humano a la vida y a la integridad física de la población.