De acuerdo con el Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, el estado Bolívar cerró el 2020 como el segundo estado más violento del país. Según el monitoreo de situaciones que involucran formas de violencia, la estructural se constituye en una de las más recurrentes.
Y es que la cotidianidad de los pobladores de Bolívar estuvo signada por la vulneración e inobservancia sistemática de sus derechos más fundamentales. Una afectación de las condiciones de vida que se arraiga en la precarización e incluso negación de la salud, educación, trabajo, servicios públicos, libre tránsito y recreación, exacerbado en un contexto pandemia.
El 2021, con una población aislada de hecho, no ofrece un panorama más alentador. El libre tránsito y desplazamiento se ve cada vez más afectado por el deterioro del parque automotor y la escasez de combustible, el cual es surtido a los ciudadanos solo en las semanas de flexibilización de la cuarentena y cada dos o tres días conforme al número de placa, de acuerdo con instrucciones giradas por la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar (ZODI).
En este contexto, se han instaurado mafias que se sustentan en el cobro de divisas por la venta de puestos en la cola, ventas paralelas e intercambios de combustible y sistemas de cuidados de puestos y vehículos, en pro de sortear los múltiples sistemas de control existentes para la dotación o la inobservancia al salvoconducto que poseen los sectores priorizados.
En relación al suministro de agua potable, el racionamiento es cada vez mayor; tal es el caso de Ciudad Guayana, la cual tiene ausencia del servicio todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, limitando considerablemente las medidas de bioseguridad para la prevención de la Covid-19, así como también la realización de jornadas de trabajo, labores domésticas y rutinas de aseo en general. Adicionalmente, cuando el servicio es restablecido, el líquido es de color amarillento y contiene desechos sólidos.
La misma situación de omisión ocurre en las comunidades con relación a las jornadas del CLAP; más de quinientas familias denuncian más de un mes sin recibir los alimentos del programa, incluso tras haber realizado los pagos respectivos en el mes de diciembre de 2020, sin que hasta ahora haya pronunciamiento algún por parte de algunas de las autoridades competentes.
El aseo urbano es limitado en frecuencia y unidades, lo que genera una aglomeración de desperdicios orgánicos y artificiales, que produce no solo contaminación, sino también el llamado de animales que ven estos desperdicios como fuente de alimento.
Comunidades de dos parroquias del municipio Caroní manifestaron suspensiones reiteradas del servicio eléctrico en las primeras semanas del mes de enero, acompañado de un apagón general que afectó a la parroquia Universidad, del mismo municipio.
En materia de salud, causa alarma las constantes denuncias de pacientes, desde embarazadas hasta adultos mayores, en las cuales manifiestan la negativa de atención en los principales centros hospitalarios o las denigrantes condiciones del servicio.
Producto de la reactivación de las restricciones pandémicas 7+7, los ciudadanos siguen manifestando su inconformidad ante las medidas gubernamentales, debido a la afectación al sector productivo y comercial local y regional. Estas medidas no han impedido la aglomeración de personas en lugares públicos y medios de transporte sin acatar los protocolos de bioseguridad anunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Todas estas situaciones expuestas hacen cada vez más evidente el progresivo deterioro de los servicios públicos y la constante vulneración de derechos humanos que contradicen lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
En cuanto a la violencia interpersonal, siguen presentándose niveles de tolerancia cero ante situaciones cotidianas; tal fue el caso de la muerte de Luis Carlos Carabaño Muñoz, de 30 años, quien falleció luego de recibir una golpiza por haber roto accidentalmente el retrovisor de un vehículo estacionado en la vía pública.
Los delitos asociados a material estratégico ha sido una constante en el 2020, y en el 2021 no ha sido la excepción. La entidad se ha convertido en una fuente de piezas, equipos y sustancias atractivas para su venta y posesión ilegal.
Así, podemos resumir un inicio del 2021 de la siguiente manera:
- Reclamos por el deterioro y colapso de los servicios básicos
- Irregularidades en el suministro de gasolina y gasoil
- Intolerancia ciudadana como hecho generador de violencia
- Tráfico y posesión ilegal de material estratégico
- Inconformidad ciudadana ante la implementación de la cuarentena radical
- Incumplimiento de las medidas de bioseguridad en locales comerciales, urbanizaciones, paradas públicas y medios de transporte
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar)