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02/01/2016
Que la tasa nacional de homicidios en 2015 será de 90 por cada 100 mil habitantes; que mientras otros países mantuvieron o disminuyeron la cantidad de muertes violentas, Venezuela y El Salvador fueron los únicos que la aumentaron; que una de cada cinco personas que mueren asesinadas en América es venezolana y que la impunidad, en este escenario, campea en medio del ímpetu gubernamental por silenciar la situación.
¿De dónde se derivan esas conclusiones? Del Observatorio Venezolano de Violencia en su informe anual. La proyección es que en los tres días que quedan del año, el número de homicidios podría ser de 27 mil 875.
De entrada, el informe plantea una declaración de principios basada en la necesidad de comunicar lo que ocurre para desmontar el tinglado de silencio gubernamental: “Después de doce años de censura oficial de la información sobre criminalidad, los investigadores de las siete universidades nacionales, públicas y privadas, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), nos vemos en la obligación de ofrecer al país nuestro balance sobre la situación de violencia que ha vivido Venezuela en el año que culmina”.
La investigación toma como punto de partida tres series históricas: homicidios, casos de resistencia a la autoridad y averiguaciones de muertes. Concretamente, en la segunda, el Observatorio enfatizó en la ausencia de transparencia con una premisa: “no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento. ¿Cuántos son?, es imposible saberlo por la poca claridad de los datos y la censura, pero hay abundantes evidencias de ejecuciones de personas desarmadas, quizá presuntos delincuentes, que han sido filmadas por observadores casuales, y que luego son reportados como casos de resistencia a la autoridad”.
Comparaciones elocuentes
El informe del OVV señala que, por ejemplo, Honduras, el país más violento de 2014, disminuyó el número de asesinatos. Brasil ha mantenido la tasa y Colombia y México han disminuido las tasas.
“Esas variaciones nos permiten estimar que para fines del año 2015 se habrán cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta el 19%. Es decir, que uno de cada cinco homicidios que se cometen en la región lo padece un venezolano. O dicho de otro modo, de cada diez víctimas de homicidios de la región, dos son venezolanos, tres son brasileños, uno es colombiano y otro mexicano; y los tres restantes se dividen entre todos los demás 40 países y unidades político-territoriales del subcontinente”, detalla.
No hay únicamente consecuencias. También está la identificación de las causas: aunque suena a obviedad, las condiciones de vida en el país son la génesis.
“El empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público. La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, detalla.
No hay, entonces, un buen balance. Con respecto a los casi 25 mil homicidios ocurridos en Venezuela durante 2014, y a pesar de la Operación de Liberación del Pueblo y de otros planes gubernamentales, este año hubo más de 2 mil 800 homicidios respecto al anterior.
Los seis factores que incrementan la violencia
- Mayor presencia del delito organizado. Si bien la organización del crimen puede, en un momento dado, hacer disminuir la violencia para favorecer sus negocios, ése no es el caso de Venezuela, donde las mafias y bandas criminales han seguido utilizando la violencia como herramienta para sustentar el incremento del control territorial y las actividades del tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios.
- Deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios continúan siendo víctimas de la violencia, cada semana mueren varios policías, sea en cumplimiento de sus funciones o como víctimas privadas, y a pesar del sacrificio de muchos policías honestos, los funcionarios no sienten que cuentan con el apoyo de sus superiores o de la sociedad.
- Incremento de las respuestas privadas a la seguridad y la justicia. En Venezuela ha ocurrido un proceso de privatización de la seguridad, pues ante el abandono de la protección de las personas por el Estado, los individuos, comunidades o empresas, asumen las labores de seguridad privadamente: se arman, contratan vigilantes y guardaespaldas. Y ante la ausencia de castigo a los criminales, se procede a ejercerla por cuenta propia.
- Militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción emprendida. Luego de años de un discurso oficial que condenaba la acción represiva de la Policía y la calificaba como propia de los gobiernos de derecha, se procedió a la realización de los mismos operativos policiales y militares que tanto criticó y de la manera más aparatosa e ineficiente. Las consecuencias de las llamadas OLP no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento.
- El empobrecimiento de la sociedad, acompañado de la impunidad generalizada, ha significado un estímulo a diversas formas de delito, no necesariamente violentos, pero que abonan el terreno de los comportamientos transgresores de la norma social y la ley que luego serán causa de violencia.
- La destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito. La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas.
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