Prensa OVV Lara
Las estadísticas indican que, en el caso de violencia sexual, la mayoría de los agresores son familiares directos de las víctimas, lo cual agrava la vulnerabilidad de los derechos de la niñez. De acuerdo a la opinión de un especialista, este fenómeno se agrava debido al escaso conocimiento y preparación de los funcionarios públicos encargados de recibir y procesar denuncias.
En el estado Lara, la frecuencia de sucesos violentos publicados en los medios de comunicación de la entidad, entre enero y noviembre, fue de 32% y las víctimas son menores de 18 años, según el registro que lleva el Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara).
Asimismo, en la reciente información presentada por la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhanna) en noviembre destaca una alarmante realidad en Venezuela: el abuso sexual contra esta población está en aumento, revelando una situación que sobrepasa las capacidades de respuesta tanto del Estado como de la sociedad civil. Las estadísticas indican que en el 35% de los casos de violencia sexual, el agresor es un familiar directo, lo cual agrava la vulnerabilidad de los derechos de la niñez.
Particularmente en el estado Lara, durante el año 2024, diversos medios de comunicación han reportado múltiples incidentes de abuso sexual y negligencia hacia niños, niñas y adolescentes. Dos de los casos más graves se dieron en el municipio Palavecino. En el primero, una niña resultó embarazada tras ser abusada por su padrastro, quien además la amenazó con secuestrar y asesinar a sus hermanas menores si ella se atrevían a contarle a su madre. El segundo caso involucra a una niña de cuatro años que fue víctima de abuso por parte de su abuelo.
Los meses de octubre y noviembre también estuvieron marcados por la viralización de videos perturbadores en redes sociales. Uno de estos mostraba a una mujer abusando de un niño amordazado, vinculado a una pareja dedicada a la pornografía y al maltrato infantil. Otro video evidenció el constante abuso físico y verbal sufrido por un niño a manos de su madre, quien utilizaba un lenguaje despectivo y cruel. Asimismo, se registró el caso de una niña sometida a un castigo extremo, obligada a fumar un cigarrillo mientras era grabada en condiciones humillantes. Esta serie de eventos refleja una crisis urgente que requiere atención inmediata y un compromiso colectivo para salvaguardar los derechos y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
Retardo procesal y sin protocolos para las víctimas
En el contexto de la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Venezuela, Eliezer Lobo, presidente de la fundación Una Vida Con Propósito Venezuela (Funvipro), destaca una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas de violencia y abuso sexual infantil en el estado Lara: la victimización secundaria. Según Lobo, este fenómeno se agrava debido al escaso conocimiento y preparación de los funcionarios públicos encargados de recibir y procesar denuncias. En su opinión, la falta de protocolos sólidos exacerba la situación, ya que muchas veces la atención a estos casos solo se activa cuando la información se convierte en un tema viral en las redes sociales.
Lobo enfatizó que el tratamiento de los casos se vuelve reactivo, evidenciándose una ineficiencia institucional que limita el acceso a la justicia para las víctimas. A pesar de que se aplican sanciones conforme a la ley, estas a menudo se ven distorsionadas por sentencias que transgreden lo establecido legalmente. Este tipo de irregularidades crea un clima de desconfianza tanto en las víctimas como en las organizaciones dedicadas a la defensa de sus derechos.
La inquietud de Lobo se extiende también a la falta de capacitación de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, quienes no poseen las competencias necesarias para abordar de manera efectiva la violencia contra los NNA. “En muchos casos, el criterio de selección para estos puestos prioriza la lealtad política por encima de la idoneidad profesional”, señala, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y desprotección.
Asimismo, el retardo procesal es un factor decisivo que lleva a las víctimas a desistir de sus denuncias. Lobo indica que el tiempo prolongado para alcanzar una sentencia, junto con la influencia económica de algunos victimarios y su conexión con el aparato estatal, socavan la confianza en el sistema de justicia. “Las víctimas sienten que sus esfuerzos son en vano, prefiriendo el silencio ante el temor de que su causa sea archivada injustamente”, explicó.
A pesar de la falta de estadísticas oficiales sobre violencia infantil en el país, Lobo sostiene que diversas instituciones mantienen registros, pero se ven restringidas a compartir esos datos, lo cual podría poner de manifiesto la deficiencia del Estado en la protección y defensa de los derechos de los NNA. En este sentido, se hace urgente la necesidad de una revisión profunda del sistema y una verdadera voluntad política para generar cambios significativos en la atención y protección de los más vulnerables.
Precariedad en programas de protección
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a menores de 18 años, incluyendo ofensas físicas y emocionales, así como abuso sexual, negligencia y explotación comercial. Estas acciones no solo dañan la salud y el desarrollo del niño, sino que también comprometen su dignidad y pueden poner en riesgo su supervivencia. En este contexto, Redhanna ha señalado la precariedad en la actuación de los servicios y programas sociales en el país, lo que dificulta la identificación de factores de riesgo y la intervención necesaria para reducir la violencia hacia niños, niñas y adolescentes (NNA).
A su vez, la OMS ha presentado estudios alarmantes que indican que seis de cada diez niños menores de cinco años sufren castigos corporales o violencia psicológica por parte de sus progenitores y cuidadores. En respuesta a esta grave situación, la coordinación del Observatorio Venezolano de Violencia de Lara (OVV Lara), considera que el Estado continúa en deuda con la infancia. A pesar de la apertura en julio de una fiscalía especializada en delitos de abuso sexual contra NNA, adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer, y en colaboración con Unicef, los resultados positivos han sido escasos, y la situación de maltrato persiste sin avances significativos.