Prensa OVV Bolívar
La violencia de género se mantiene en tendencia en la región, cada vez de forma más agresiva. Durante el mes de septiembre se registraron no menos de cinco casos de violencia, en los que a menudo las víctimas son menores de edad.
La violencia física por temas de género se mantiene en tendencia en el estado Bolívar, cada vez de forma más agresiva. Durante el mes de septiembre se registraron no menos de cinco casos de violencia en los que a menudo las víctimas son menores de edad.
Al menos 10 personas fueron detenidas por agresión física e intentos de abuso sexual. Con cables, mangueras, sartenes calientes y demás objetos, los agresores solían someter a sus víctimas, de acuerdo con lo reseñado con la prensa regional.
A principios de septiembre, una pareja fue arrestada por agredir a una niña con una manguera. Esto ocurrió en la parroquia Vista al Sol de San Félix, en el municipio Caroní. En otro procedimiento, un hombre fue detenido por azotar a su pareja con un cable en medio de una discusión, en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco.
Bolívar encabeza los primeros puestos de entidades más violentas del país desde hace más de ocho años. Desde enero hasta julio de 2023, el OVV ha contabilizado 288 casos de violencia en el estado. La cifra es un subregistro de lo que reseña la prensa regional ante la opacidad del Estado para compartir cifras oficiales sobre este problema de interés público.
Hasta el momento, el Gobierno no ha tenido voluntad política para el diseño y ejecución de políticas públicas que prevengan la incidencia de hechos violentos, protejan a población vulnerable y garantice justicia para las víctimas.
Las personas no se sienten seguras. Según la primera Encuesta de Bienestar Social desarrollada por el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, 86% de las personas encuestadas expresó la falta de disponibilidad de organismos de seguridad en sus comunidades para presentar denuncias, mientras que un 66.36% manifestó su insatisfacción con la labor de las fuerzas de seguridad gubernamentales.
Un 3.56% de los encuestados admitió portar armas como un medio para salvaguardar su propia seguridad. Estas precauciones se toman debido a la falta de confianza en la eficacia de los organismos del Estado para abordar denuncias.