Contrapunto
Hernán Carrera
Domingo, 13 de Marzo de 2016
Este domingo 13 se cumplen ocho meses del lanzamiento de la Operación de Liberación del Pueblo y seis desde que Nicolás Maduro anunciara su institucionalización. ¿Cuál es el balance? ¿Está hoy la sociedad más protegida o más expuesta a la violencia? Los diccionarios pueden ser curiosos. El de la Real Academia, puesto a definir los verbos “matar” y “asesinar”, va directo al grano: “quitar la vida a un ser vivo”, dice no sin redundancia en el primer caso, y “matar a alguien con alevosía, con ensañamiento o por una recompensa”, en el segundo. Para “abatir”, en cambio, aporta 11 acepciones y visita tres circunloquios figurativos –“derribar algo, derrocarlo, echarlo por tierra”, “hacer que algo caiga o descienda”, “inclinar, tumbar, poner tendido lo que estaba vertical” – antes de conducirlo a cierta sinonimia con los anteriores: “hacer caer sin vida a una persona o animal”.
Menos curioso es que sea ese el verbo elegido para designar la acción del agente policial o militar que “hace caer sin vida a una persona” a la que previa o posteriormente tacha de “delincuente”: en el Código Penal venezolano no figura una sola vez la palabra “abatir”. Mientras el asesinato y el homicidio deben –deberían– ser investigados y sancionados, el “abatimiento”, al parecer, no constituye delito, por más que la Constitución establezca que el derecho a la vida es inviolable y que ninguna autoridad podrá aplicar pena de muerte.
En un país asediado por una violencia delictiva cada vez más agresiva, irracional y hasta gratuita, en una sociedad que de pedir justicia ha pasado a clamar venganza –y a tomarla incluso por mano propia–, a las autoridades y cuerpos de seguridad no les ha costado recabar el aplauso abierto o el consentimiento tácito para la llamada Operación de Liberación del Pueblo.
La iniciativa promulgada por el presidente Nicolás Maduro arriba este domingo a su octavo mes de existencia con un saldo que las cifras oficiales sitúan en 455 “abatidos”. Al margen de que el número real podría ser bastante mayor, no se conoce de una sola investigación seria y concluyente para determinar si todos ellos, en efecto, “cayeron sin vida” en enfrentamientos armados. Si eran en verdad todos delincuentes. Si se cumplieron los procedimientos legales en los masivos allanamientos y las detenciones multitudinarias.
Pero, sobre todo, no ha sido presentado un solo dato firme que refrende la efectividad de esta política.
Verónica Zubillaga y Keymer Ávila, dos voces autorizadas como pocas en este campo, responden a las preguntas de Contrapunto para trazar el balance de ocho meses de OLP.
Para leer sus entrevistas, haga click en el link respectivo que aparece abajo:
