Hispano Post
Keissy Bracho
16 oct 2020
El pasado domingo 11 de octubre, se conmemoró el Día Internacional de la Niña, tal como lo designó en 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la intención de fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y se dé a conocer los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. En Venezuela abundaron las imágenes de mujeres rememorando su infancia y, algunas de ellas, haciendo especial llamado de atención a la situación que viven las niñas y adolescentes del país.
De acuerdo con cifras extraoficiales de ONG dedicadas al monitoreo social, como Amnistía Internacional, Uquira, Observatorio Venezolano de Violencia y Mérida Feminista, entre otras, la violencia de género y prácticas dañinas en contra de las niñas y adolescentes en Venezuela ha aumentado. Prácticamente a diario los medios de comunicación documentan al menos un caso de abuso sexual en contra de menores de edad, el cual generalmente provoca su muerte.
Así lo explicó Gloria Perdomo, coordinara nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en conversación con HispanoPost. “En los últimos años, hemos apreciado como comienza a destacarse en las cifras los homicidios asociados a violencia sexual y violencia de género. Hemos constatado la gravedad no solo del incremento de la violencia hacia niñas y adolescentes, sino de la gravedad de esos hechos”.
Destacó que, como suele suceder con otros temas, no existe data oficial, por lo que “hemos venido intentando recabar información referente a este tipo de violencia en el país”. “Hemos constatado lo complejo y atroces de muchos de esos casos. Nuestro deber y responsabilidad es tratar de documentar esa información y aportar al país cuáles son los factores o circunstancias de por qué esos hechos están ocurriendo”, indicó.
Enemigo familiar
Perdomo explicó que muchas veces estos delitos son cometidos por familiares cercanos, tales como padres o abuelos. También por los padrastros, familiares lejanos o quienes se quedan a cargo de la menor una vez que sus padres se ven imposibilitados a responsabilizarse por ellos. Explicó que una de las razones por la que estos hechos ocurren es la presunción de la impunidad, sumada a condicionamientos culturales que le otorgan “autoridad al hombre o jefe de la casa”.
“Lamentablemente, no tenemos cifras oficiales que nos permitan conocer estos indicadores sobre las muertes ocasionadas por la violencia basada en género. Sería necesario indicar que la violencia contra las niñas y las adolescentes que hemos estado registrando en los últimos meses está, en una proporción importante, asociada a una violencia con abuso sexual por parte de familiares directos o familiares cercanos”, dijo.
Tras una breve revisión por algunos medios de comunicación del país, encontramos que el pasado 13 de octubre, en Puerto La Cruz (Anzoátegui), murió una bebé de seis meses por abuso sexual. Fue llevada al centro médico por su padre y abuela porque no respiraba bien.
El 5 de julio, en el hospital Luis Razetti de Barcelona (Anzoátegui), una niña de 8 años de edad perdió la vida, tras presentar una infección que contrajo luego de ser violada, presuntamente, por un sexagenario y un adolescente de 14 años. Además, presentó estados depresivos y complicación con lechina.
El 21 de enero, en la Guaira estado Zulia, falleció otra niña de 11 meses, luego de ser violada por su padre. Los dos hermanos de la víctima, también menores de edad, fueron enviados a medicatura forense para conocer si también habían sido violados.
En julio pasado, los medios de comunicación informaron sobre el arresto de Gerardo Oliveros, conocido como “El monstruo de barrio Bolívar”, después de confesar que abusó sexualmente de más de 100 niños. Mientras que, en la primera quincena de ese mes, se documentaron otros 13 casos de violaciones a menores de edad en tres estados de Venezuela.
Perdomo indicó que, en el contexto de la pandemia por la restricción de salir de casa, “buena parte de estos agresores son padres, padrastros, abuelos que están cercanos a las niñas de las que abusan con la confianza de que no van a ser denunciados, sometiendo y amenazando a las madres o a las víctimas; muchas veces estas amenazas son de muerte, si le informan al resto de la familia o autoridades sobre lo que está ocurriendo”.
“Aquí no solo se presenta la limitante de la pandemia, sino también un tema cultural que implica que las niñas, adolescentes o mujeres pueden estar bajo el sometimiento de quien es el hombre de la casa, de quien puede hacer lo que quiera con la vida y el cuerpo de las mujeres”, agregó.
Lucha contra la impunidad
Según la ONU, “alrededor de 2,6 billones de niñas y mujeres viven en países donde la violación en el matrimonio no se prohíbe expresamente. (…) Se calcula que las niñas menores de 16 años son víctimas de la mitad de las agresiones sexuales”.
Perdomo insistió en que la falta de educación sobre los derechos de las niñas y adolescentes, así como la ausencia de penalización en la mayoría de estos casos de violencia de género, constituyen “un completamente lesivo que tiene consecuencias”. “Desde el punto de vista educativo, en el país tenemos un importante desafío, porque es inadmisible que pueda seguirse sosteniendo la pretensión de amparar y proteger este tipo de crímenes, con el pretexto de que es la persona que mantiene el hogar, que se le debe respeto porque es el jefe de familia”.
Señaló que el Estado venezolano debe profundizar en la creación de planes y programas de políticas públicas que ahonden no solo en la prevención de estos delitos, sino que también brinde atención y protección a la víctima: “No se observan campañas públicas dirigidas específicamente a las niñas o adolescentes para que cuando este tipo de agresiones esté ocurriendo dentro o fuera de su casa, tengan la posibilidad de contar con servicios especializados y cercanos para denunciar y que las víctimas sean debidamente protegidas una vez que los delincuentes sean llevados ante la justicia para ser sancionados”.
La coordinadora nacional del OVV destacó el desafío que tiene el Estado en cuanto a las instituciones nacionales. “Lo que le correspondería hacer es una política pública, con planes específicos, que aseguren la protección de las niñas y adolescentes en contra de este tipo de agresiones y contra el abuso sexual. Una política de esa naturaleza tiene distintos componentes, como el educativo, que comprende los centros educativos y la capacitación de los funcionarios públicos que tienen a su cargo la protección y atención de las víctimas”.
Afirmó que también se requiere servicios de atención de protección especializada para quienes pueden ser consideradas como sobrevivientes de casos de violencia de género. “Si se revisan los últimos hechos de delitos sexuales, situaciones en las cuales adolescentes violentadas por sus padres quedan embarazadas, teniendo 16 o 17 años, la pregunta es dónde están los servicios especializados para la atención psicológica y afectivo para esa niña. El Estado no está actuando, en los pocos casos que lo hace actúa como forense, cuando la víctima murió o el daño ha sido producido. Allí es cuando aparece el cuerpo policial para aprehender y sancionar al culpable”, puntualizó Perdomo.
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