El tema de la minería ilegal, que se viene practicando desde hace décadas en diversos espacios del territorio de la entidad amazonense, ha estado recientemente presente en los medios de comunicación y redes sociales locales.
La trascendencia al ámbito nacional y en ocasiones internacional, gira por lo general, alrededor de hechos de violencia que traspasa el velo local de la invisibilidad, presuntamente dirigida por las autoridades, que por muchos años ha caracterizado la situación y que sólo se evidencia cuando ocurre una tragedia; casos como Haximú en los años 90 del siglo pasado y, más recientemente, Parima B, ambos en la región del alto Orinoco y donde las víctimas fueron Yanomamis, sobre los que persiste una particular sensibilidad social global, lograron ser ampliamente divulgados.
En cuanto al reconocimiento del resto de los eventos de violencia que suceden en las áreas mineras, el impacto se circunscribe al ámbito local, las familias y conocidos de las víctimas y, por lo general, quedan al margen de los registros oficiales independientemente de su cuantía acumulada.
En los últimos meses, dos eventos ocurridos en el Parque Nacional Yapacana, principal escenario de la minería ilegal, han logrado traspasar lo local; por un lado, en el marco del Operativo militar Autana, anunciado como acción oficial para el desalojo de los mineros en ese territorio, se hizo público a través de videos divulgados por las redes sociales y otros medios, un presunto enfrentamiento, sin víctimas fatales, entre indígenas y fuerzas de la GNB en la localidad de Santa Bárbara, como reacción de los mineros ante la acción militar. En ese contexto, las autoridades militares anunciaron profusamente la detención de dos ciudadanos colombianos y la destrucción de materiales e insumos vinculados a la actividad minera, señalando que son estos y otros extranjeros los protagonistas de la destrucción ambiental y los promotores de la participación de los indígenas en el hecho específico del enfrentamiento y de su participación creciente en el circuito de la minería.
En paralelo trascendió, el presunto secuestro de una joven comerciante amazonense, víctima de miembros de uno de los grupos irregulares presentes en el Parque Nacional, sin que hasta la fecha haya sido liberada, como en algún momento fue anunciado por redes sociales, ni se haya establecido, al menos oficialmente, el motivo del hecho denunciado; la pareja de la joven habría sido anteriormente víctima de un hecho similar. Ante la incertidumbre informativa, continúa imponiéndose así el rumor y la especulación como medios de “comunicación” y reforzándose la práctica de la invisibilización de la violencia en las áreas mineras.
En el primer caso, en un área en la que fuentes confiables diversas señalan la presencia de alrededor de 10 mil personas involucradas en la minería, la detención de dos individuos no parece ser un indicador de logro del operativo militar, que se ha prolongado por varios meses, para la erradicación de la minería en el Parque Nacional; considerando además los costos materiales y los efectos ambientales de la presencia y tránsito de los numerosos efectivos en el área y los medios utilizados para la destrucción de equipos e insumos, además de los efectos sociales derivados de las acciones.
En el segundo caso, aun cuando se desconozca la motivación específica, se podrían inferir modalidades como el secuestro, la coacción, la desaparición forzada, la trata de personas, la ocupación ilegal, entre otras, que se suman a las condiciones de violencia estructural asociadas a la minería ilegal.
El fenómeno de la minería ilegal ha venido extendiéndose y complejizándose en las últimas décadas; desde la incorporación de nuevos sitios de minería en diversas cuencas del territorio, magnificando los impactos ambientales y el vertido de mercurio en la naturaleza, hasta la creciente participación de población indígena, directamente en la actividad y/o indirectamente involucrados en la dotación logística y, consecuentemente desarrollando relaciones de producción no tradicionales, algunas de las cuales se asemejan a nuevas formas de esclavitud, propias de la cultura no indígena, pasando por la presencia de grupos armados irregulares ejerciendo el control de la actividad y de la vida de quienes sobreviven en esos espacios.
La violencia, en sus múltiples expresiones, caracteriza estos espacios en detrimento del disfrute de los derechos humanos de quienes practican la minería e, indirectamente los condicionan para el resto de la población. El relato y los “análisis” se concentran en las consecuencias y no en las causas, enmarcadas en la profunda y sostenida crisis económica, institucional y moral.
Desde el OVV Amazonas, celebramos que empiece a salir a la luz pública información acerca de lo que sucede en las áreas mineras y, apoyamos las iniciativas que propician el debate profundo acerca de la inconveniencia de mantener la actividad minera como única opción para el desarrollo socio económico en la región, vistas las nefastas consecuencias que viene provocando.
Equipo OVV Amazonas