El estado Amazonas, con sus 183.400 km2, es el segundo más extenso del país; ubicado al centro sur, posee extensas fronteras con las Repúblicas de Colombia y Federativa de Brasil (1500 km aproximadamente), mientras que paralelamente tiene la menor cantidad de población (estimada en unos 200.000 habitantes), distribuidos en un patrón muy desequilibrado que concentra más del 80% del total en el municipio Atures, asiento de la capital Puerto Ayacucho.
Históricamente la región fue un territorio al margen de los principales procesos socio económicos que caracterizaron el desarrollo del país, salvo en cortos períodos en la década 1966–76, auspiciado por el Programa CODESUR, de corte desarrollista y los inicios de los 90 con un enfoque de desarrollo sustentable promovido por el extinto Ministerio del Ambiente. Esta condición hizo que prevaleciera una percepción (no oficializada) de que la región constituía una gran reserva nacional de recursos naturales, donde el elemento humano era considerado de manera marginal.
La anterior consideración, acompañada de la creación de un amplio sistema de áreas protegidas, que incluyó a cuatro Parques Nacionales, 21 Monumentos Naturales y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco–Casiquiare, contribuyó a resguardar las cualidades ecológicas y culturales de los intereses económicos asociados a grandes proyectos mineros y de infraestructura, característicos de otras regiones de la Pan-Amazonía.
Durante ese período, el acceso al territorio y el tránsito interno podría catalogarse como libre, aun cuando existían los controles propios del Estado, especialmente para las expediciones de carácter científico con participación de instancias extranjeras y para la actividad turística en territorios indígenas.
La situación comenzó a cambiar a inicios del presente siglo, cuando los controles oficiales comenzaron a hacerse más numerosos, diversos y complejos, centrados cada vez más en la autoridad militar, hasta llegar a una condición de aislamiento, que podríamos calificar de intencional, que afecta principalmente a los habitantes tradicionales del interior del estado.
La expansión de la minería aurífera a partir de los años 90, inicialmente con la incursión de los llamados garimpeiros provenientes de Brasil, vino consecuentemente a ampliar la presencia del Estado en el territorio, de manera más evidente por parte de las fuerzas armadas, quienes se han convertido paulatinamente en la autoridad que decide y controla las posibilidades de ingreso y tránsito. Paradójicamente, la ilegal minería aurífera, en lugar de erradicarse, ha ido ampliándose, tanto en los territorios ocupados, en algunos casos con el desplazamiento de los habitantes indígenas de esas localidades y el control por grupos armados no regulares, como en el número de mineros, que hoy se estima han superado los quince mil.
La gasolina, utilizada por vehículos aéreos y fluviales, constituye el factor crítico que define las posibilidades de acceder al interior del territorio, está también bajo el control de las autoridades militares. La escasez, inicialmente esporádica y crónica desde hace unos cuatro años, ha afectado principalmente a las comunidades indígenas localizadas a las márgenes de la amplia red fluvial, limitando así sus posibilidades de movilización; no obstante, para la actividad minera, ampliamente dependiente de la disponibilidad de combustible, parece no tener restricciones de flujo.
Las medidas de racionamiento en el acceso al combustible, que sin duda afectan a toda la sociedad, han tenido particular incidencia en las capacidades de transporte de personas; por un lado, el transporte masivo, público y privado ha visto restringida su capacidad de prestar servicios. En el caso de las comunidades localizadas alrededor de los ejes carreteros norte y sur de la capital, sus habitantes se han visto frecuentemente obligados a caminar decenas de kilómetros para trasladarse hacia Puerto Ayacucho y retornar a sus residencias.
Por otro lado, las empresas de transporte fluvial que prestaban servicios hacia el interior del estado, se han visto obligadas a suspender sus operaciones, afectando a quienes por cualquier necesidad requieren trasladarse a alguna localidad del estado o desde ellas venir a la capital. Las empresas aéreas privadas, que prestaban servicios regulares hacia el interior del estado, además de vuelos especiales a distintos destinos de la región, han corrido igual suerte.
Lo anterior, que además se enmarca en el contexto de la crisis económica y humanitaria general, ha motivado continuos reclamos por parte de los indígenas, sin que a la fecha hayan obtenido respuesta satisfactoria.
Todo ello ha generado un conjunto de condiciones que parecerían comprometer el control del Estado sobre el territorio, propiciando conflictos poco documentados, entre mineros y autoridades tradicionales indígenas, que comienzan a reflejarse en el establecimiento de ilegales controles de paso en diversos tramos del río Orinoco, como los denunciados por el Obispo Monseñor Reyes, entre San Fernando de Atabapo y Yapacana, o los establecidos por indígenas Uottuja en el río Sipapo y, aún peor, enfrentamientos entre indígenas, especialmente en relación a la minería.
Durante el mes de diciembre, además del surgimiento de más controles ilegales del tránsito, se incluye ahora el eje carretero al sur de Puerto Ayacucho y el sector ubicado en la carretera que conduce a Caicara del Orinoco, en la jurisdicción del estado Bolívar.
En el caso del eje carretero sur, se han presentado dos eventos que evidencian las debilidades en el control del territorio por parte de las autoridades; el primero, el asalto a las instalaciones de cría de cerdos gestionado por la gobernación del estado, que conllevó a la matanza, sin aprovechamiento del producto, de alrededor de 500 animales que en teoría iban a proveer el pernil del programa alimentario oficial. El segundo, el robo de equipos e insumos de la escuela de la comunidad de San José de Mirabal, administrada por la iglesia católica, que además incluyó la destrucción de la infraestructura y la documentación académica y administrativa. Ambos casos están en averiguación y se desconocen aún los responsables, aunque se ha impulsado una matriz de opinión que responsabiliza a los indígenas Jiwis.
Si bien es preocupante y evidencia de falta de autoridad oficial, el establecimiento de puntos de control de tránsito en ríos y ahora en carreteras, principalmente por indígenas que habitan esos territorios, lo es aún más el cobro de una especie de impuesto, en pesos colombianos, y el decomiso de mercancías, entre ellas el combustible, que ocurre en cada uno de los puntos.
Al final, los más perjudicados por estas actuaciones irregulares y violentas terminan siendo los habitantes indígenas, que ven restringidas cada vez más las posibilidades de movilización entre comunidades y entre éstas y la capital, principal proveedora de bienes y servicios públicos, especialmente los vinculados a la salud y el encarecimiento de los bienes ofertados, en tanto esta estratégica porción del territorio nacional se invisibiliza a los ojos de los venezolanos.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas)