Amnistía Internacional
Informe 2015/16
Continuaban las agresiones y la intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra periodistas. Las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos. Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad; tal práctica se saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos. La mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014 no comparecieron ante la justicia, y preocupaba la falta de independencia del poder judicial. Se deportó, desalojó forzosamente y maltrató a personas refugiadas y solicitantes de asilo colombianas. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de género tenían que hacer frente a considerables escollos para acceder a la justicia.
Información general
En las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre, la coalición Mesa de Unidad Democrática obtuvo dos tercios de los escaños.
En julio se distribuyó la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos para consulta con todos los sectores de la sociedad. El Plan incluía propuestas para reformar el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad, así como para poner fin a la discriminación y mejorar los derechos de grupos vulnerables tales como pueblos indígenas, mujeres, menores, comunidades afrodescendientes, trabajadoras y trabajadores domésticos y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La consulta no había concluido al finalizar el año.
La decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptada por Venezuela en 2012 seguía negando el acceso a la justicia a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos cuyos derechos no hubieran sido garantizados por los tribunales nacionales.
Las injerencias en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles de la administración ponían en entredicho su compromiso con la independencia del poder judicial y con el Estado de derecho. El hecho de que más del 60 % de los jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que éstos pudieran ser vulnerables a las presiones políticas.
Libertad de expresión
En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que devolviera a Radio Caracas Televisión (RCTV) la licencia de emisión, que se le había retirado en 2007. Al terminar el año, las autoridades no habían cumplido la sentencia.
Los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación.1
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de ataques e intimidación.
Tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros, dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de defensores de los derechos humanos a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar al gobierno. Algunas de estas personas sufrieron hostigamiento posteriormente. Por ejemplo, en marzo, Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y otros 11 defensores y defensoras de los derechos humanos que volvían de exponer sus motivos de preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron seguidos, fotografiados y filmados por unos hombres no identificados en el aeropuerto de Caracas.2
En abril, Carlos Lusverti, defensor de los derechos humanos y profesor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, resultó herido al recibir disparos por segunda vez en 15 meses, en un aparente intento de robo.
En octubre, tres hombres armados atacaron y robaron en su casa a Marino Alvarado Betancourt, del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), y a su hijo de nueve años.3
En abril, Víctor Martínez, que hacía campaña contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía del estado de Lara, fue amenazado por dos hombres armados frente a su casa en Barquisimeto, en el mismo estado. La amenaza parecía estar relacionada con sus críticas a la policía; en el momento de la agresión estaba bajo protección policial pero, según afirmaba, esa protección era esporádica.4
Uso excesivo de la fuerza
En enero, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nacional dictó la Resolución 008610, que permitía desplegar a todas las secciones de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento del orden público. También posibilitaba que se autorizara el uso de armas de fuego durante las actuaciones policiales en las protestas públicas. La resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones.
Se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Kluiberth Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táchira cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta.5
Detenciones arbitrarias
En septiembre, Leopoldo López, preso de conciencia y líder del partido de oposición Voluntad Popular, fue declarado culpable de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional durante las protestas de 2014. Fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. No existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena; el presidente pidió su encarcelamiento, y socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías.6
En enero, a pesar de la falta de pruebas convincentes que lo inculparan, un juez ordenó que Rosmit Mantilla, activista por los derechos LGBTI y miembro de Voluntad Popular, fuera juzgado por cargos que incluían instigación pública, incendio de edificios públicos y privados y asociación para delinquir durante las protestas de 2014. Al finalizar el año, Rosmit Mantilla continuaba detenido en espera de juicio.
En marzo, Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara fueron condenados a ocho años de prisión. Habían sido declarados culpables de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos y agavillamiento (conspiración para delinquir) durante las protestas de 2014. El fiscal no aportó pruebas que fundamentaran los cargos y el juez desestimó pruebas periciales que señalaban que ninguno de los dos había manejado explosivos o sustancias inflamables.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
En agosto, cerca de 2.000 colombianos, entre los que había personas refugiadas y solicitantes de asilo, fueron deportados en pocos días, sin disponer de la oportunidad de impugnar su expulsión ni poder recoger sus pertenencias. En algunos casos, se separó a niños y niñas de sus progenitores. Decenas de personas fueron desalojadas forzosamente o sus casas fueron demolidas, y algunas de las personas detenidas sufrieron malos tratos.7
Las deportaciones eran la respuesta a la muerte de tres agentes y un civil durante unas operaciones de seguridad y de lucha contra el contrabando. Al terminar el año, continuaba el estado de excepción en nueve municipios del estado fronterizo de Táchira, y las fronteras seguían cerradas en los estados de Zulia, Táchira y Apure y en parte del Amazonas.
Policía y fuerzas de seguridad
Pese a que no se disponía de datos oficiales recientes, el Observatorio Venezolano de Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta de la región.
En julio, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha la Operación de Liberación y Protección del Pueblo para abordar los elevados índices de delincuencia. Se recibieron noticias de posibles ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y desalojos forzosos tanto de personas sospechosas de haber delinquido como de sus familias.
Según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían perdido la vida en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad. La elevada cifra de bajas civiles, que contrastaba con la ausencia de lesiones o víctimas mortales entre la policía, apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales.
Según las organizaciones de derechos humanos, el 90 % de las más de 4.000 personas detenidas en los tres primeros meses de la operación fueron luego puestas en libertad sin cargos, lo que indicaba que se habían efectuado multitud de detenciones arbitrarias.
En agosto, en una comunidad al sur de Valencia, en el estado de Carabobo, las fuerzas de seguridad presuntamente detuvieron a todos los varones mayores de 15 años y demolieron todas las casas de la comunidad: dejaron sin hogar a al menos 200 familias.
Impunidad
Fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y de los malos tratos a manifestantes durante las protestas de 2014. Según la Fiscalía, hasta febrero se habían iniciado 238 investigaciones, pero sólo se habían presentado cargos en 13 casos.
Nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia Barrios ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma familia venían sufriendo desde 1998 en el estado de Aragua.8
Condiciones penitenciarias
Las cárceles seguían teniendo graves problemas de hacinamiento a pesar de la aplicación de varias reformas desde 2013. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los centros penitenciarios albergaban a un número de reclusos tres veces mayor al de la capacidad para las que estaban diseñados. En ese contexto, las autoridades penitenciarias eran incapaces de proteger los derechos de la población reclusa, como el derecho a la salud y a la integridad física. Los motines y las protestas —incluidas las autolesiones— para pedir mejores condiciones de reclusión seguían siendo habituales. El OVP informó de 1.200 incidentes de autolesión durante la primera mitad del año. Además, denunció la muerte de 109 reclusos y al menos 30 lesiones causadas por la violencia durante ese mismo periodo. Seguía preocupando la elevada cifra de armas que circulaban en los centros de detención.
Violencia contra las mujeres y las niñas
La aplicación de la legislación de 2007 que penalizaba la violencia de género seguía siendo lenta debido a la falta de recursos. La asistencia letrada gratuita y el acceso a la justicia, así como otras medidas de protección efectiva, como las casas refugio, no se habían materializado al terminar el año.
Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público indicaban que, de las más de 70.000 denuncias de violencia de género recibidas en 2014, menos del 1 % habían llegado a juicio. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96 % de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las organizaciones de defensa de las personas LGBTI manifestaron su preocupación por la arraigada discriminación. Se recibían informes constantes de casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Los responsables rara vez comparecían ante la justicia, ya que las denuncias no se investigaban ni enjuiciaban.
La legislación no contaba con disposiciones específicas que penalizaran los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
Derechos sexuales y reproductivos
El acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, era limitado y, por lo general, éstos sólo podían ser adquiridos por personas con suficientes recursos económicos. El aborto estaba penalizado en todos los casos, salvo cuando la vida de la mujer o la niña estuviera en peligro.
Según un informe publicado en 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna había aumentado hasta las 110 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La cifra era significativamente superior a la media regional: 63 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Derechos de los pueblos indígenas
No había disposiciones legales que garantizaran y regularan la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Las personas que defendían los derechos de los pueblos indígenas denunciaban que las autoridades no respetaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado en la concesión de licencias para la extracción de recursos naturales en los territorios indígenas.
Inquietaba el lento avance del proceso de demarcación de territorios indígenas iniciado en 2011. Al finalizar el año, se estimaba que sólo se había demarcado el 12 % del territorio indígena.
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- Venezuela: Información para el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 114 periodo de sesiones, 29 de junio a 24 de julio de 2015 (AMR 53/1769/2015)
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