Prensa OVV Táchira
La violencia, ese mal invasivo que cruza a toda Venezuela, ese mal al que pareciera no ganársele la partida, no deja a un lado al Táchira, y convoca a toda la entidad en torno a una pregunta determinante, ¿cómo se convirtió aquel estado antes caracterizado por la tranquilidad y la cordialidad en uno que experimenta hechos de violencia con una periodicidad alarmante?
Para responder esta pregunta, se debe atender a distintas variables, y la que nos concierne tratar en este trabajo, es a la protagonista en los casos de homicidios registrados en el Táchira durante el primer trimestre del año: el arma de fuego.
En el Táchira 46,65 % de los delitos cometidos durante los tres primeros meses de 2016 fueron homicidios, 59 % de estos fueron ejecutados con el uso de armas de fuego, según los resultados del estudio Caracterización del delito en el estado Táchira. Primer trimestre de 2016, un informe basado en cifras del Observatorio Venezolano de Violencia-Táchira (OVV-Táchira).
Según el abogado y criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, “la asociación entre homicidios y armas de fuego es muy estrecha. Sin embargo, afirma que el problema no es nuevo, aunque se ha visibilizado últimamente en forma dramática, debido a la aparición de formas de exhibición y a la utilización de armas de fuego en situaciones de cotidianidad, banalidad, ensañamiento o desafío a la autoridad que tienden a producir escándalo”.
Se puede entender que para perpetrar homicidios o robos, el uso de un arma de fuego sea lo más efectivo, pero la pregunta clave del tema es: ¿cómo llegan tantas armas a las manos de los delincuentes?
En Venezuela en el año 2013 se promulgó la Ley para el desarme y control de armas y municiones la cual expone que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene la competencia de autorizar lo relacionado en el registro, control, fiscalización, confiscación y destrucción de las armas y municiones, entendiendo que el porte de armas a civiles se otorga a través de concesiones, y todo este proceso es aprobado por el Presidente de la República.
Por tanto debe entenderse que “el Estado es el principal responsable de que la población civil no capacitada esté armada; de la compra indiscriminada de armas de fuego; la adquisición de armas por parte de civiles para sentirse más seguro; y la dotación de armamentos a civiles como políticas de gobierno”, como explican las profesoras representantes del OVV-Táchira Neida Albornoz y Jessy Aleta.
Al respecto, merece la pena mencionar que, según el informe de Small Arms Survey (2013), con datos que tomaron de Comtrade ONU (2010), Venezuela se encuentra dentro de la lista de los grandes importadores de armas de fuego junto a países como Líbano, Afganistan, Pakistán, Malasia, Polonia, Turquía, Filipinas, Irak, Kuwait entre otros. La inversión en armas de cada uno de estos países, se ubica en el rango de entre 10 y 49 millones de dólares en 2010.
Para la profesora Neida Albornoz “los canales por los cuales llegan las armas a los civiles están claramente identificados. En el caso de las armas cortas, éstas llegan principalmente a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Una segunda fuente de flujo de armas ilegales proviene de las empresas de seguridad privada, las cuales escapan de su control, al ser robada por sus mismos empleados o en sucesos delictivos donde son relevados los agentes. Y una última fuente son los civiles que adquieren armas privadas para su protección y éstas también terminan en manos de delincuentes al ser robadas a sus dueños”.
Otra variable a atender al momento de explicar el alto número de armas de fuego en manos de delincuentes, es la asomada por el Comisionado de la Policía del estado Táchira Richard Lozada, durante su intervención en el foro “Análisis situacional de la violencia en el Táchira”, quien expuso que existe una norma laxa en el tema del porte de armas de fuego que genera un ciclo de corrupción, “la mayoría de los detenidos con porte ilegal de armas de fuego son sometidos a medidas cautelares, y a las 48 horas están de nuevo en las calles, esto genera que los policías muchas veces acepten sobornos de estas personas”, expuso el funcionario policial. Por ello, dijo el funcionario, la policía del estado está trabajando en la intervención de los hechos en los que detectan que hay desviaciones policiales.
Sin embargo el doctor en Ciencias Penales, Jesús Berro, ex director de la Policía del estado Táchira, explica que el problema central no está en la norma, sino en la corrupción del sistema policial y judicial, “pareciera que todas las armas recabadas sin porte legal, estuvieran limpias de delito, el problema no está en el porte del arma sino en los delitos cometidos con esta, cada arma usada debe investigarse y determinar los delitos que se ejecutaron, allí está en problema”.