Para quienes leen sobre las condiciones sociopolíticas y económicas del estado Bolívar, pueden sentirse en un Déjá vu. Y es que desde hace más de un quinquenio, medios de comunicación y expertos en la materia han estado reportando un espiral de afectación y transgresión de derechos sin que hasta la fecha se hayan implementado políticas que contribuyan a la mitigación y restitución de condiciones.
En diciembre de 2021, vía elección popular, la entidad renovó mandatario regional y municipal, quienes prometieron un cambio radical durante los primeros 100 días de gobierno. El asfaltado y alumbrado tramos específicos de algunas calles y avenidas, así como un sistema para surtir combustible de acuerdo a la matricula que “ahora sí va a funcionar” es parte de lo que se evidencia.
No obstante, se mantienen largas colas para el abastecimiento de gasolina, la precarización de los servicios públicos y la participación de los cuerpos de seguridad del Estado en situaciones de violencia y vulneración.
Así, situaciones cotidianas, las cuales se han suscitado y afianzado ante la negligencia de los organismos competentes para la satisfacción de necesidades básicas y garantía de derechos; se convierten en espacios para el accionar contra el colectivo. Tal es el caso de la minería urbana o chatarreo, que al igual que la extractivista, es foco para la extorsión para permitir su realización, no decomisar lo recolectado o simplemente liberación en caso de ser aprehendido por tráfico o hurto de material estratégico.
En muestra de ello se constituyen los hechos del pasado 3 de febrero cuando se suscitó un enfrentamiento entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la comunidad Warao de Cambalache en Puerto Ordaz. De acuerdo a las fuentes consultadas, los hechos se produjeron cuando el organismo de seguridad trasladaba una curiara cargada de material estratégico que había decomisado río arriba, a lo que miembros de la comunidad indígena se opusieron cortando el cable con el que se remolcaba la embarcación y pretendiendo llevarla hasta tierra firme. El cuerpo castrense disparó al motor de la embarcación para impedir que avanzara, resultando que las balas alcanzaron a tres indígenas, de los cuales dos eran adolescentes, estos permanecen bajo cuidados médicos.
Hasta ahora no se han establecido las responsabilidades respectivas, dejando en mayor estado de indefensión a los pueblos originarios.
Eventos como estos se suman a la lista de afectaciones ya conocidas, como lo es el desplazamiento forzado de pueblos y comunidades enteras; o bien por la violencia que infringen cuerpos armados no estatales que controlan las zonas de extracción aurífera, o bien por la deforestación de sus tierras y contaminación de aguas en el mismo contexto.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar)