El Nacional
Javier Ignacio Mayorca
5 de octubre 2014
Encuestas nacionales y regionales también demuestran que las armas de fuego son relativamente fáciles de encontrar
Los estudios independientes realizados en el país revelan que no existe un consenso entre la población favorable al desarme voluntario. Por el contrario, en las clases más humildes hay una importante porción que cree que las armas son herramientas para lograr la seguridad.
El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, señaló que una encuesta nacional realizada en 2012 revelaba que 32% de los participantes estaba dispuesto a obtener un arma de fuego con propósitos de defensa personal.
El sondeo añadió otro dato importante: 22% de los encuestados cree que obtener un arma de fuego en su comunidad es fácil o muy fácil. Para Briceño este porcentaje es demasiado alto si se toma en cuenta que ya para ese momento las armerías habían suspendido el comercio de pistolas, revólveres y escopetas, así como de las correspondientes municiones.
A una conclusión similar llegó Freddy Crespo, criminólogo de la ULA, al finalizar un trabajo de campo en marzo de este año en Mérida.
Crespo usó un método de selección múltiple para medir las opiniones de la gente. Sin embargo, en general 45% mostró alguna disposición de adquirir un arma. “Cuando desglosas las opiniones por estratos, los más bajos aumentan la tendencia a armarse”, indicó.
Ambos investigadores sostienen que esta es una de las principales trabas para lograr éxito en la iniciativa de desarme voluntario que comenzó en todo este lunes.
Las armas ilegales tienen usos concretos por parte de los delincuentes. Además, tienen para ellos y sus entornos un valor simbólico. Según Briceño, este valor se refuerza cuando desde el gobierno se elogia el uso de la violencia y la posibilidad de que haya un “pueblo en armas”.
Incentivos y logística
Según los expertos, dos factores que podrían convencer a las personas de entregar sus armas han sido mal manejados. El primero se refiere a la posibilidad de que sean sometidas a experticia por la policía judicial. Señalaron que el discurso oficial al respecto no ha sido claro. Si el historial de cada pieza entregada es analizado, entonces el propietario se abstendrá de entregarla, así sea a través de un tercero.
Por otra parte, los incentivos ofrecidos no sobrepasan el valor simbólico de un arma, especialmente para los estratos más pobres. Crespo además observó que el Estado no cuenta con la preparación logística suficiente para entregar lo que ha ofrecido a cambio de las armas. Por esta razón, quienes exigieron un incentivo en estos días salieron de las oficinas gubernamentales con la promesa de que los llamarían en un futuro cercano.
“Hay que cambiar el sistema de incentivos, pero orientarlo hacia los más vulnerables. Buscar opciones que sustituyan el simbolismo del arma: sacar a la gente del barrio, darles trabajo y la posibilidad de cubrir sus necesidades por un par de años. Es más costoso, pero el resultado será más efectivo”, afirmó.
Briceño indicó que el Gobierno debe enviar un mensaje claro sobre el riesgo de poseer un arma ilegal. Sostuvo que el éxito del desarme voluntario depende en buena medida de la credibilidad del Ejecutivo en su propósito de lograr la paz. “Hay que aumentar la seguridad real de la población y desarrollar una acción clara de desarme a los grupos delincuenciales. Sin eso el desarme voluntario no será creíble”, señaló.
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