Prensa OVV Mérida
Pese a las acciones y campañas que buscan protegerlas y defender sus derechos, las mujeres siguen siendo objeto de una violencia en franco aumento. Al menos así ocurre en suelo merideño, según se desprende del más reciente corte del monitoreo a los medios de comunicación regional que realiza el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida).
Con 40 hechos de violencia contra la mujer, en el período enero-septiembre de 2022 (9 meses), el estado Mérida ya roza el total de casos de los años 2020 (42) y 2021 (43), cuando aún falta un trimestre para que termine el año en curso.
Con base en las cifras contabilizadas, el equipo de investigación observa que semanalmente se produce al menos un acto en contra de las mujeres, lo que se traduce en un promedio de 4,4 cada mes. “Por tanto, de seguir esa tendencia, a final de año se podrían identificar más de 50 casos”, pronostican los investigadores del OVV. En definitiva, los números ilustran una preocupante tendencia hacia el aumento.
Advierte el OVV regional que se debe tomar en cuenta que una importante cantidad de actos violentos contra mujeres no suelen ser denunciados a las autoridades y tampoco trascienden a los medios. “Por lo tanto –aclara el OVV Mérida– los revelados en el monitoreo son los casos que logran ser conocidos por la sociedad a través de los medios, por lo que estamos seguros que existe un subregistro importante de sucesos referidos a este tipo de violencia”.
Vale recordar que bajo esta modalidad de monitoreo a medios representativos de la prensa merideña, se ha logrado documentar y contabilizar 125 hechos de violencia contra la mujer en esta entidad, durante el período 2020-septiembre 2022.
Delitos frecuentes
Dos son los delitos que traducen la violencia en aumento contra las mujeres en territorio merideño: en primer lugar, con un 32,0% de todos los casos registrados en el lapso analizado, figura la agresión física como el tipo de delito más reiterativo contra las mujeres merideñas.
Luego, en el segundo lugar –pero muy cerca de las agresiones físicas– aparece la violación sexual que porcentualmente afecta al 31,2% de las víctimas. En tercer lugar están los actos lascivos, con un 15,2% de los casos.
“Estos tres delitos concentran 78,4% del total de hechos registrados. Después continúa el femicidio (con 12,0% que equivale a 15 sucesos en total que ocurrieron en el lapso analizado) y, el restante porcentaje (9,6%), está conformado por otras formas de violencia que incluyen la amenaza de muerte y de agresión, acoso sexual, hostigamiento e intento de femicidio”, detalla el informe del OVV Mérida.
Un aspecto importante a destacar, en cuanto a las tendencias que ofrecen las cifras extraídas del monitoreo a los medios de comunicación regional, es que en los últimos años se aprecia una disminución de las agresiones sexuales y los femicidios. Pero, por otro lado –y esto es causa de preocupación para los investigadores del OVV Mérida– han aumentado las violaciones sexuales y las amenazas de muerte contra mujeres.
Niñez amenazada
Otro dato perturbador es que de las 125 víctimas contabilizas (en el período 2020-septiembre 2022) 6 de cada 10 mujeres afectadas son menores de edad. En efecto la mayoría (60,9%) son niñas de entre 0 y 11 años y el resto adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 a 17 años.
Luego de las niñas y las adolescentes, el informe del OVV indica que el resto de las víctimas son mujeres adultas (30 a 64 años) con 16,3%, las jóvenes (18-24) con 10,9%, las adultas jóvenes (9,8%) y en último lugar las adultas mayores (2,2%).
Por el lado de los agresores, se contabilizó un total de 128 hombres que fueron los perpetradores de estos delitos contra mujeres, donde el 53,7% fueron hombres adultos entre 30 y 64 años. “Después le siguen jóvenes (18-24 años) con 20,7% y el restante porcentaje se reparte entre adolescentes, adultos jóvenes y un caso que involucró a un adulto mayor”, indica el informe.
Adicionalmente, sobre el perfil de los agresores, más de la mitad de los mismos eran la pareja, expareja o familiar cercano de las víctimas. Este grupo aglutinó, en conjunto, 54,4% de los 90 casos donde se logró conocer este aspecto. “Personas desconocidas, otros transgresores conocidos, padres o padrastros y vecinos, se reparten el restante 45,6% de los victimarios”, completa el informe sobre este aspecto.
No están solas
Tras advertir, una vez más, que se trata de un escenario de creciente preocupación, el OVV Mérida recomendó a las mujeres víctimas de violencia a armarse de valor y “romper el silencio”.
“Sabemos que muchas mujeres no se atreven a denunciar a sus agresores por estar amenazadas por estos y es obvio que las invada el temor de sufrir alguna represalia. Pero también es cierto que existen mecanismos de apoyo para prevenir o enfrentar este grave problema social”, reconocen los investigadores.
Puntualmente, sobre las herramientas que pueden apoyar la disminución de la violencia contra la mujer, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, establece –en su artículo 73– que las denuncias podrán ser realizadas por la mujer agredida, pero también por parientes consanguíneos o afines, personal de salud de instituciones públicas y privadas que atienda a las víctimas, las defensorías de los derechos de la mujer, los consejos comunales y otras organizaciones sociales o por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y cualquier otra persona o institución que tuviere conocimiento de los hechos punibles que establece la mencionada ley.
“Esto significa –precisa el OVV Mérida– que existe un amplio espectro de personas e instancias que pueden contribuir a colocar la denuncia, en muchos casos anónima, por lo tanto no es una acción exclusiva de la víctima”.
Pero también, se requiere un Estado aún más consciente y activo de sus responsabilidades específicas sobre la situación de la violencia contra la mujer. “Exhortamos al Estado a generar y publicar cifras sobre esta problemática para lograr diagnosticar y dimensionar de forma más próxima la realidad imperante según edad de las víctimas, tipos de victimarios y edad de los mismos, lugares de ocurrencia de los delitos y formas de violencia”, se menciona en el informe.
Para respaldar lo anterior, los investigadores recuerdan que ONU Mujeres estableció cuatro grandes acciones para lograr ciudades libres de acoso sexual y violencia: generar datos, es decir, estadísticas sobre la problemática; crear leyes y políticas integrales; invertir en seguridad en espacios públicos y transformar las normas sociales.
De llegarse a contar con más aportes de las autoridades e instituciones públicas competentes en la materia, sería posible “hacerle un mejor seguimiento a las tendencias que exhiba este tipo de violencia frente a la aplicación de diferentes políticas públicas en materia de prevención y atención. Por Ley, todo lo mencionado –más otros aspectos que dictamina la legislación– constituye una absoluta obligación del Estado”, ratifica el OVV Mérida.