Edgar López y Thabata Molina
19 de julio 2013
Roberto Briceño León lamenta que el Estado ofrezca opciones extremas: “La mano mocha de la PNB y la mano asesina de los militares”
Más grave que la proliferación de grupos armados que actúan al margen de la ley es que el Estado no haga nada para impedirlo y, peor aún, que estimule la anarquía con justificaciones políticas y el suministro de recursos humanos, materiales y financieros.
Así lo advierte Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, a propósito de la toma de la sede de la Policía Nacional Bolivariana por colectivos del 23 de Enero a principios de esta semana. El grupo armado exigía la liberación de uno de sus militantes, detenido por portar un arma de fuego con la que se cometió un delito.
Recordó que los colectivos del 23 de Enero no son creación del chavismo y que surgieron para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
“Sin embargo, sobrevino una lucha interna por el control del territorio y la incursión en actividades ilícitas. Hubo grupos organizados para detener el tráfico de drogas pero, a la postre, esos mismos grupos se apoderaron del negocio con la excusa de que era una fuente de financiamiento de la lucha social y política”.
José Quintero, director de Procatia, con 37 años de trabajo comunitario en la parroquia, identifica la multiplicación de los círculos bolivarianos como un punto de quiebre: “Cuando empezaron a recibir financiamiento del Gobierno aumentaron las disputas por el poder y la participación ciudadana en la gestión pública pasó a un segundo plano”.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma cuenta que llegó a trabajar mancomunadamente con los colectivos del 23 de Enero en la refacción de edificios y recuperación de espacios deportivos y culturales. “Pero el discurso belicista de Hugo Chávez fue objeto de libres interpretaciones por cada grupo que degeneraron en paramilitares”, asegura.
El poder de la beligerancia. “Ha habido casos en que el Cicpc rastrea una llamada telefónica para ubicar a un secuestrado, pero queda atado de manos cuando verifica que la víctima está en alguna de esas zonas donde los cuerpos de seguridad del Estado tienen prohibido el acceso”, ejemplificó Briceño León.
Aunque en algunos colectivos militan verdaderos luchadores sociales, el ejercicio de la justicia por mano propia los deslegitima, insiste el director del OVV. En su opinión, la mayor gravedad consiste en la beligerancia que les ha dado el Gobierno: “Hemos visto como sus líderes sostienen reuniones formales con ministros y diputados. Recordemos el caso del parlamentario Robert Serra, del PSUV, junto a un grupo de niños armados. Hay unos niveles de complicidad muy claros”, insistió el sociólogo.
Ledezma cuestiona las incoherencias del Gobierno: “Por un lado se sanciona una ley contra el desarme y por otro lado se permite que los colectivos utilicen las armas y burlen las normas”.
Briceño León agrega otra discordancia: “No es justo que el Estado ofrezca dos opciones extremas: no hacer nada y matar a mansalva. Ni la mano mocha de la PNB que es humillada por los colectivos, ni la mano asesina de la Guardia Nacional que sale a la calle a combatir el hampa con una estrategia de guerra. Lo que hay en el medio es el pacto social, la reconstrucción de la convivencia y el respeto a la ley”.
Los más visibles
La Piedrita. Nació en 1999 como experiencia de vigilancia en el sector El Observatorio. Su líder histórico es Valentín Santana, ex supervisor de seguridad de la UCV, actualmente solicitado por su presunta responsabilidad en un homicidio. En 2007 se consolidó como colectivo independiente luego de una larga disputa por el liderazgo en el 23 de Enero con José Pinto, de Tupamaro. Agrupa a 50 militantes. Detentan el control absoluto de El Observatorio y exhiben equipos y vehículos militares.
Alexis Vive. Se formó en 2002 tras la muerte de Alexis González Revette, líder de un grupo que operaba en Monte Piedad. Se define como grupo marxista-leninista dedicado al trabajo social. Formalmente constituye una fundación que realiza transacciones comerciales con organismos del Estado. Tiene aproximadamente 25 militantes. En 2005 se separó de la Coordinadora Simón Bolívar y ha hecho demostraciones de poder mediante bloqueo de calles en Agua Salud. Ha organizado programas de adoctrinamiento y entrenamiento en el uso de armas dirigidos a menores de edad.
Montaraz. Fue fundado en 2005. Forma parte de la Coordinadora Simón Bolívar. Su principal líder es Alexis Noguera. Cuenta con aproximadamente 20 militantes. Opera en Caño Amarillo y El Calvario. Ha recibido apoyo del oficialismo a través de alcaldías y ministerios.
Propiedad a la fuerza
Desde el año 2000 se inició en Caracas y algunos estados del interior una política de invasiones de casas y edificios, promovidos por grupos de colectivos y organizaciones simpatizantes del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ha señalado que 22.000 inmuebles han sido invadidos en todo el país desde 1999, de los cuales 950 edificios, casas, terrenos y galpones de Caracas aún permanecen ocupados de manera ilegal.
Una de las invasiones más emblemáticas del país es la Torre Confinanzas, mejor conocida como la “Torre de David”, tomada desde 2007 por más de 1.000 familias y controlada por grupos armados que imponen un orden a quienes allí habitan.
Presión a la ley
Cuando los cuerpos de seguridad del Estado intentan sancionar a personas vinculadas con grupos armados que apoyan al oficialismo son amedrentados. En el último año hubo por lo menos tres eventos violentos de ese tipo.
En noviembre de 2012, un colectivo del 23 de Enero intentó tomar la sede del Cicpc del Oeste para exigir a las autoridades que liberaran a Adinson Pérez, detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio. En abril de 2013, el colectivo Ho Chi Minh intentó tomar la sede de la PNB en El Amparo porque uno de sus miembros fue aprehendido con un arma ilegal, y esta semana ocurrió lo mismo en la sede de la PNB de la avenida Sucre.
Grupos de choque
Medios de comunicación, organismos públicos y privados, partidos y dirigentes políticos de oposición, comerciantes y el movimiento estudiantil han sido amedrentados y atacados por grupos oficialistas en los últimos 14 años. Los colectivos y grupos armados utilizan la intimidación y las agresiones físicas como mecanismo de presión y de defensa de lo que ellos denominan proceso revolucionario.
Esta práctica fue promovida por Lina Ron y grupos motorizados. Uno de los últimos actos ocurrió el 5 de marzo, día en que murió Hugo Chávez. Los colectivos se concentraron en Globovisión por las informaciones que se difundían sobre la salud del entonces Presidente.
Vacuna en kilos
Hace tres meses, varios colectivos tomaron algunas carnicerías de Catia y, por la fuerza, obligaron a los comerciantes a vender los productos a precios regulados. Siempre bajo reserva de sus identidades, por temor a represalias, denuncian que son víctimas de una continua extorsión: “Nos piden dinero a cambio de protección. Y si no aceptamos nos roban y nos amenazan con secuestrarnos y matarnos. Lo más reciente es que, una vez a la semana, nos piden que le demos 10 kilos de carne, como contribución al proceso”.