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El Nacional
Emily Avendaño | eavendano@el-nacional.com

Domingo 17 de abril de 2016

Siete Días

Van más allá de la ley del talión. El número de casos en el que un grupo de personas arremete violentamente contra presuntos delincuentes y causa lesiones graves o la muerte es síntoma del fracaso del Estado en su tarea más básica: proveer seguridad a los ciudadanos. Junto con la cifra de linchamientos crece otra indefinida de nuevos delincuentes. El linchamiento se castiga.
Ese delito, que figura en el Código Penal, se conoce como homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva

El balance es perturbador. El Ministerio Público investiga 26 casos de linchamientos, 2 ocurridos a finales del año pasado y 24 en lo que va de 2016. Un total de 20 personas han fallecido y otras 17 han resultado lesionadas por acción de la turba que decide cruzar la línea. Junto con la cifra de linchamientos crece otra de manera indefinida, la de nuevos homicidas, que pasaron de víctimas a victimarios.

Los números suministrados por la fiscal Luisa Ortega Díaz se quedan cortos ante los reportes aparecidos en medios regionales y en redes sociales, y también palidecen frente a las cifras ofrecidas por dos cuerpos policiales del área metropolitana de Caracas que hicieron el ejercicio de discriminar en su base de datos el número de linchamientos en sus respectivas jurisdicciones. De acuerdo con Polichacao, en ese municipio hubo 32 intentos de linchamiento en 2015 y llevan otros 12 en lo que va de 2016, mientras que en el municipio Sucre hubo 18 casos el año pasado, en 2 de los cuales se habría consumado el asesinato. Este año han contado 9 intentos y 2 linchamientos.

En las redes sociales las cifras dan otro salto.

Los reportes desde 2015 suman por lo menos 85 en 11 estados del país. En 28 de esos casos se habría logrado el linchamiento.

Solo en marzo de 2016 hubo 17 reportes de linchamientos o intentos de hacer justicia por propia mano. Y aunque la Policía de Caracas no lleva registro de los casos en el municipio Libertador, allí, en la calle Real de los Frailes de Catia, un grupo de vecinos atrapó el 9 de marzo a un hombre al que acusaban de asaltante, lo golpearon durante dos horas, le rociaron el rostro con gasolina y le prendieron fuego. El video corrió por las redes sociales y las versiones de la grabación en Youtube suman más de 50.000 vistas.

Un testigo relató que al hombre primero le dispararon: “Antes de que lo golpearan estaba tendido junto a unos contenedores de basura”.

Mientras el supuesto asaltante estaba inconsciente, vecinos de Catia se le acercaron y al verlo lo asociaron con delitos, como si fuera un muñeco de Judas. “Unos decían: `A mí me robo el celular, y a mí la cartera’. También pasó una patrulla de la policía, lo vieron herido y no se lo llevaron”, afirma.

Pese a lo dantesco de la escena, en Los Frailes se mantuvo la normalidad. Semanas más tarde la mayoría asegura no haber visto lo que pasó.

Dicen que después del homicidio han ido funcionarios del Cicpc, pero nadie ha sido detenido.

La semana pasada otro caso, en el este de la ciudad, estremeció la conciencia. Roberto Josué Fuentes Bernal, de 42 años de edad, fue linchado en Los Ruices el 4 de abril. Inicialmente se dijo que el hombre había robado a un anciano. Sus familiares aseguraron luego en la morgue de Bello Monte que la víctima, cocinero de oficio, fue linchado “por error”.

Ahora las investigaciones ­según la fiscal Ortega Díaz­ apuntan a que el hombre sí habría asaltado a alguien. A Fuentes Bernal lo golpearon y quemaron vivo debajo del elevado de Los Ruices. “Yo fui quien lo apagó. Nadie lo defendió, incluso me amenazaron porque intenté protegerlo”, recuerda el mototaxista Alejandro Delgado.

El Código Orgánico Procesal Penal establece en el artículo 234, referido a las aprehensiones en flagrancia, que cualquier particular podrá detener a un sospechoso y entregarlo a la autoridad más cercana, que es la responsable de ponerlo a disposición del Ministerio Público. El instrumento jurídico estipula también que el Estado protegerá a quien colabore con la aprehensión del imputado. El problema surge cuando se recurre a la agresión. Ya no es una colaboración, sino un intento de homicidio.

“A nadie ayudan cayéndole a golpes a un detenido. Violencia genera violencia. Cuando la ciudadanía logra capturar a una persona que cometió un robo, debe someterlo y llamar a la fuerza pública; la policía llega y se encarga del procedimiento. Ese es el deber ser. Sin golpearlo, ni tirarle piedras ni darle palos. Independientemente de que haya que mejorar el sistema de justicia, nadie puede tomar la justicia por su mano porque vamos a crear una espiral de violencia incontrolable; eso es anarquía”, afirma el comisario Manuel Furelos, director general de Polisucre.

Al hospital o a la morgue. En el municipio Sucre hay por lo menos dos comunidades organizadas para atrapar delincuentes: Lomas del Ávila y Los Ruices. “La gente está indignada, cansada. No hay patrullaje policial. Sabemos que es un delito, pero es preferible tomar la justicia por propia mano a que roben a mi hija, mi esposa, mi madre o mi suegra”, asegura un hombre que ha participado en intentos de linchamiento en Los Ruices, una de las urbanizaciones donde más se reportan esos hechos.

Otros se justifican diciendo que se trata de ayudar a la policía. “No hemos matado a nadie, pero sí los hemos golpeado fuertemente, los desnudamos y luego llamamos a la policía. No sentimos que estemos haciendo autojusticia, más bien colaboramos con los organismos de seguridad”, dice una vecina en Palo Verde.

La mujer añade que Polisucre ha conversado con la comunidad sobre lo peligroso de sus acciones: “Dicen que es contraproducente, que no se debe hacer, que para eso están los cuerpos de seguridad; pero los policías trabajan con las uñas”.

En Los Ruices van más allá de la aplicación de la ley del talión. La lógica es: “ellos o nosotros”.

“Al que escoñetamos no regresa más nunca. De aquí salen al hospital o a la morgue. La gente dice que se han muerto dos o tres de los que hemos atrapado y que otro estuvo dos meses en terapia intensiva”, afirma un habitante de esa comunidad.

Allí los linchamientos o intentos de linchamiento pueden ocurrir a cualquier hora del día, sin importar que haya un módulo de la PNB y esté la Guardia Nacional Bolivariana apostada en la entrada de Venezolana de Televisión, lo que convierte el perímetro en zona de seguridad.

Furelos informó que en Los Ruices realizan labores de inteligencia para identificar a los responsables y determinar si los autores de los intentos de linchamiento son vecinos o personas en tránsito por el sector. Señala que no han encontrado a los responsables.

El linchamiento es homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, y está estipulado y sancionado en el Código Penal. Cuando el presunto delincuente no llega a morir, los agresores pueden ser acusados de causar lesiones graves o muy graves.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, considera sin embargo que al no existir la palabra “linchamiento” en la ley es difícil llevar las estadísticas, pues las policías no lo registran cuando hacen sus informes. “Lo catalogan como averiguación por muerte o lesiones, sin discriminar si en el proceso hubo lo que comúnmente se conoce como linchamiento. El homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva puede aplicar, por ejemplo, cuando dos personas agreden a un tercero. Por eso también hay una alta cifra negra sobre este tipo de eventos”.

Verónica Zubillaga, investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales, argumenta: “El linchamiento es una práctica de respuesta desesperada en entornos de desamparo y frente a amenazas y humillaciones sistemáticas que llegan al límite de lo intolerable. Son un terrible síntoma de la ruptura de los pactos de convivencia y gobernabilidad. A finales de los noventa los linchamientos también se repeían, y justamente en esa época ocurrió el fin del pacto de lo que ahora denominamos cuarta república”.

Justicia privatizada

En Los Ruices y en Lomas del Ávila los vecinos se organizaron en 2014 para estar preparados por si ocurría un robo en su comunidad.

Hay un grupo que se enfrenta directamente con los malhechores y otro que permanece en sus apartamentos y ayuda a la captura lanzando objetos contundentes desde arriba. “Si se cae, hasta ahí llegó”, dice un vecino de Los Ruices.

La organización en Lomas del Ávila incluye pitos que fueron entregados a cada apartamento según el número de miembros del grupo familiar, y un instructivo sobre cómo reaccionar al presenciar un robo. En 2015 atraparon a nueve presuntos delincuentes y quemaron tres motos. La logística se conoce como programa de alerta temprana vecinal y para aplicarla la comunidad está en constante comunicación, sea por Facebook, Twitter o g rupos de Whatsapp. “El único organismo con el que contamos es Polisucre, que con todas sus limitaciones y falta de funcionarios responde; pero cómo van a defender a los vecinos si a ellos los atacan delincuentes con granadas. Nosotros no tenemos miedo. En Lomas del Ávila van a encontrar quien se les enfrente”.

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, asevera que los ciudadanos han privatizado la seguridad porque saben que el delincuente no recibirá castigo, lo que los ha llevado a pagar vigilantes o instalar garitas.

Señala que hubo un proceso de acostumbramiento a la violencia, que ha hecho que los crímenes sean más cruentos. “El proceso civilizatorio buscó equilibrar el sistema de impartición de justicia.

Si esto no se logra mediante el sistema formal, ocurren los linchamientos, sicariatos o grupos de exterminio.

La sociedad busca venganza. También lo ven como una protección a futuro, porque creen que así los delincuentes no volverán a su sector”, indica el sociólogo. Agrega que el Estado debe trabajar en dos direcciones: proteger a la población y acabar con la impunidad.

“Cuando la población se organiza para hacer esto ya no estamos hablando de linchamientos, que se caracterizan por ser espontáneos. Esos son grupos de limpieza social, como los que hubo en Colombia o en algunos países de Centroamérica”, aclara Briceño León.

Nuevos delincuentes. Hay víctimas que no justifican la venganza. En octubre del año pasado a una mujer de la tercera edad estuvo a punto de que la robaran. Relata que un hombre intentó asaltarla y se trabaron en una pelea.

Cayeron al suelo del Paseo Los Ilustres y ella logró quitarle el casco de la moto y golpearlo en la cabeza. El ladrón huyó y la multitud que hasta entonces había guardado distancia arremetió contra la moto del individuo.

“La gente fue a buscarme para decirme que lo habían atrapado. Cuando llegué lo encontré esposado, pero no veía a los guardias que lo detuvieron. La gente lo golpeaba y gritaba: `Vamos a lincharlo’. Le vi la cara y tuve que defenderlo. Luego llegó un guardia que amenazó con disparar al aire”. Después la llevaron a un punto de control de la GNB, pero nunca pudo poner la denuncia.

“No supe qué pasó con él. Intervine porque era un muchacho y yo soy madre y abuela. Me daba miedo porque pensaba que lo matarían por mi culpa”.

Cuenta que el ladrón se arrodilló para pedirle perdón: “Me dijo que él tenía hijos, que era la primera vez que lo hacía porque con lo que ganaba no le alcanzaba para mantener a su familia”.

Briceño León asegura que se ha sumado más gente a delinquir: “En los últimos dos años ha habido un incremento notable del número de delincuentes que se dedican a los robos pequeños o hurtos porque saben que no recibirán castigo”.

Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, coincide en que se ha incrementado la participación en actos delictivos, incluidos nuevos actores, como mujeres. Dice que eso se debe a la impunidad, la crisis económica y social, así como a la pérdida de valores.

Ponce agrega que la impunidad en cuanto a la violación de derechos humanos fundamentales es superior a 90%: “Los linchamientos se están viendo en todo el país y es preocupante porque ocurren reacciones en cadena. Es importante que se implemente una política de seguridad ciudadana que sea efectiva.

Cada vez importa menos la otra persona y la gente quiere mandar el mensaje de que si otro lo intenta correrá con la misma suerte”.

Contagioso y con secuelas

El linchamiento es un virus contagioso. De acuerdo con investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia, 6 de cada 10 personas considera que ese delito puede estar justificado en algunas situaciones.

“Las autoridades tenemos que acercarnos a los vecinos y explicarles que esto es un delito. No se puede hacer justicia cuando estás transgrediendo la ley”, asegura el comisario Wilfredo Borras, director de Seguridad Integral de la Alcaldía de Chacao.

Añade que en ese municipio no han podido detener a nadie: “Da pie al encubrimiento del vecino, porque ven a los agresores como una especie de Robin Hood; pero el Ministerio Público y el Cicpc están obligados a investigar. Esto queda reportado en el acta policial y el fiscal de guardia recibe este informe”.

Para los ciudadanos la línea de la justicia es difusa. Ana García, vecina de Los Ruices, no está de acuerdo con el linchamiento porque “Dios da la vida y es el único que la puede quitar”, pero sí está de acuerdo con que los atrapen y los escarmienten y que sea luego que los entreguen a las autoridades.

Tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han puesto el ojo en la aparición de esas imágenes en medios de comunicación y redes sociales. Han calificado de apología del delito la difusión de esos videos.

Para Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, no es apología del delito.

“Es un reflejo de violencia que se vive en Venezuela. Las redes sociales se han convertido en un medio para que la gente exprese sus ideas, más con un Estado que se ha dedicado a cerrar medios o a intervenir en sus líneas editoriales”. Agrega que “cada vez más los ciudadanos están cruzando la línea entre lo legal y lo ilegal debido a la falta de justicia y los altos índices de impunidad”.

Quienes presencian o son partícipes de un linchamiento sufren un trauma psíquico, explica María Isabel Parada, fundadora de Psicólogos sin Fronteras Venezuela. “Es una experiencia de tanta intensidad emocional que sobrepasa la capacidad de cada individuo de afrontar situación y superarla. Se recomienda buscar ayuda profesional, de un psicólogo, sociólogo, o un maestro para exteriorizar esas emociones y hacer catarsis”. Parada alerta que lo primero que hay que hacer es proteger a los niños y adolescentes. “Si es el padre quien actúa, el joven quedará con un miedo perenne porque su familiar no se sabe autocontrolar; y, por otro lado, se puede asumir como valor que si estoy bravo o impotente puedo tomar la justicia en mis manos”.

“La Defensoría hace lo que puede”

“Nada puede justificar que un ser humano haga justicia por mano propia”, afirma Tarek William Saab, defensor del pueblo. Para el abogado, cuando se dice que los linchamientos o sus intentos ocurren por la inseguridad o porque no hay justicia “se excusa al linchador, que es un asesino, y de manera indirecta se le perdona. Es peligroso sembrar este tipo de opinión y que voceros de organizaciones no gubernamentales digan que los linchamientos ocurren por fallas en el sistema de justicia es antiético porque de alguna manera los absuelve de culpa”. Saab asegura que quienes incurren en esto son “asesinos seriales”, porque el mismo grupo puede actuar varias veces, incluso en lugares distintos; y, además, quienes lo divulgan a través de las redes sociales hacen apología del delito porque crean una matriz de propaganda según la cual eso debe hacerse.

Asegura que el venezolano no se ha acostumbrado a la violencia: “Quienes se acostumbran a la violencia es porque viven de la muerte, por ejemplo un sicario, y el número es ínfimo en comparación con la mayoría de los venezolanos trabajadores y estudiosos. Por eso hay que condenarlo absoluta y unánimemente”. Explica que en la legislación penal internacional existe un solo atenuante para el homicidio, y es la defensa propia. “Incluso en esos casos hay que enfrentar un proceso judicial y demostrar que se actuó en legítima defensa”.

Sugiere que para detener esas agresiones se desarrollen campañas a favor de la vida: “La Defensoría hace lo que puede fomentando la no violencia, la paz, el diálogo, que hay que creer en las instituciones; anualmente graduamos a 1.000 activistas en defensa de los derechos humanos”.

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